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Dejamos la entrada anterior en el comentario sobre la dinámica de la contradicción de clase en España, en lo relativo a la crisis de vivienda, y su relación con el entorno geopolítico.
La tensión de estos intereses materiales los esquematizamos en la parte II en tres grupos, el grupo que llamamos rentistas en sí (controladores del monopolio de la vivienda, fondos de inversión, SOCIMIs, bancos con filiales inmobiliarias y fondos buitre internacionales) y el grupo de los que se benefician de la especulación sin ser rentistas (capitalistas que sin ser rentistas se benefician del encarecimiento del suelo), por una parte, y en la otra el tercer grupo de la población sin beneficio (inquilinos y no propietarios).
Entre estos últimos se encuentran el colectivo de jóvenes de familias obreras (condenados de por vida a no ser poseedores jamás si se mantiene este nivel de precios/salarios), los que podríamos llamar inquilinos perpetuos o crónicos (los que teniendo un salario fijo no pueden jamás ahorrar debido a los precios del alquiler, no pueden aportar la entrada para una vivienda en propiedad y por tanto su situación se cronifica), y los sectores más vulnerables de la clase trabajadora (familias con salarios bajos, empleos informales, migrantes, familias monoparentales o pensionistas con ingresos mínimos).
La dinámica se resume en que los intereses de los dos primeros grupos son absolutamente incompatibles con la seguridad material del tercero. Cualquier medida que proteja al no beneficiado (construir vivienda social real, bajar los alquileres, expropiar pisos vacíos, prohibir pisos turísticos) reduce directamente la tasa de ganancia y el patrimonio de los otros dos grupos.
Este problema, estructural en la sociedad capitalista, se agudiza en España dadas sus peculiares circunstancias económicas. El problema tendería a agudizarse en el contexto de la opresión de la UE, el Rearme, el Austericidio y demás artimañas que se ocultan bajo el mantra de la sostenibilidad.
La geopolítica imperialista y la estructura de clases en la crisis de la vivienda en España
El crecimiento macroeconómico de España esconde una contradicción muy clara: mientras el PIB avanza a tasas sólidas cercanas al 2.8%, el país sufre una crisis habitacional sin precedentes. Este crecimiento no es el resultado de un desarrollo industrial o de un aumento de la productividad general. Al contrario, se sustenta sobre la especulación estructural del suelo, ya sea mediante la recalificación de terrenos agrícolas o la hiperinflación de activos inmobiliarios urbanos. Lejos de ser una mera anomalía local del mercado, este fenómeno constituye el eje central de una lucha de clases contemporánea que subordina el derecho a la vida de millones de trabajadores a las necesidades de acumulación del capital financiero, bajo el amparo geopolítico de la Unión Europea y el bloque militar de la OTAN.
Para comprender la raíz del problema de la vivienda, es necesario comprender la vinculación imperialista. España opera dentro de la arquitectura de la Unión Europea como un territorio periférico especializado en servicios, turismo y captación de capitales excedentes. Su economía se ha convertido en una «zona de sacrificio habitacional» para el beneficio de los países centrales del bloque noratlántico.
El capital abstracto que dicta los precios en las grandes metrópolis españolas proviene de fondos buitre internacionales de matriz estadounidense, como Blackstone o Cerberus. La vivienda deja de ser un bien de uso social y pasa a ser un activo de reserva de valor financiero internacional. Los salarios de los trabajadores españoles son drenados mensualmente y transformados en dividendos que viajan directamente hacia los centros financieros globales de la OTAN.
Además, el estricto alineamiento del Estado español con la agenda de la OTAN impone un compromiso de gasto militar y rearme que asfixia la inversión social. Mientras los presupuestos del complejo industrial de defensa se expanden para cumplir con las cuotas de la alianza, los recursos destinados a edificar un parque masivo de vivienda pública son inexistentes. El Estado delega conscientemente la gestión del territorio al capital privado, actuando como el garante jurídico de las inversiones extranjeras a través de sus aparatos policiales y judiciales.
La vivienda como campo de batalla
La contradicción estructural es absoluta. Para que la economía del Estado español mantenga sus indicadores de crecimiento dentro de las exigencias del marco de la UE, el precio de la vivienda debe seguir aumentando. Sin embargo, para que la clase trabajadora española pueda asegurar su subsistencia material, el precio de la vivienda debe disminuir drásticamente.
El Estado español, condicionado por su estatus de subordinación geopolítica e imperialista, está incapacitado para resolver esta contradicción de manera pacífica o regulatoria. Las leyes de vivienda de carácter reformista son sistemáticamente saboteadas por los tribunales y los gobiernos autonómicos, debido a que el dinamismo del capital inmobiliario es el pilar central que evita el estancamiento del PIB nacional.
Ante este panorama, la vivienda se presenta como el principal catalizador de la conciencia y la lucha de clases en España. La resistencia obrera ya no se organiza exclusivamente en las fábricas, sino en los barrios. El conflicto habitacional no es una crisis sectorial, sino un choque frontal entre la soberanía popular y el imperialismo financiero global.
El balance económico del Estado español refleja una asimetría estructural que prioriza el gasto militar vinculado a los compromisos internacionales de la OTAN por encima del desarrollo de un parque de vivienda social. Las cifras consolidadas evidencian la enorme brecha en la asignación de recursos públicos.
El balance económico demuestra que por cada euro que el Estado invierte en vivienda pública y social, destina más de 28 euros al complejo militar y de defensa.
Desde una perspectiva materialista y dialéctica esto evidencia cómo los excedentes presupuestarios del Estado no se dirigen a resolver la crisis de habitabilidad de asalariados e inquilinos. En su lugar, se absorben para financiar la infraestructura militar requerida por el bloque imperialista. Esta infrainversión crónica en vivienda social abandona el mercado a su suerte, blindando las tasas de ganancia por desposesión de la clase rentista y los fondos especulativos.
Esta debería ser la manera de enfocar el problema. Esto no lo hacen los partidos autopercibidos como izquierda por dos motivos:
- porque reconocer esta relación imperialista iría en contra de su actitud institucionalizada y consentida dentro del marco del bipartidismo neoliberal español (valoración positiva del efecto de sus políticas en el Gobierno de Progreso -este y el anterior- bendecidas hasta por la UE.
- y porque supone un planteamiento a largo plazo que no se aviene a sus «políticas útiles» de decreto realizado en el cretinismo parlamentario. Se prefiere exponer la situación en un enfrentamiento entre rentistas (incluyendo a los pequeños poseedores) y los inquilinos, situación que aparte de equivocada tiene pocas posibilidades de ser efectivas, dado que la ideología dominante posee la fuerza de revertir la opinión pública o de diluir la lucha.
Pero esta estrategia errónea redunda en su protagonismo y en la eterna posición destacada de esta autopercibida izquierda, y su apreciación positiva en los movimientos vecinales. Se postulan ante los ciudadanos como los salvadores, pese a ser parte del problema, así como se presentan en las manifestaciones contra el Rearme tras ejecutar como Gobierno las millonarias partidas exigidas por la UE, o así como salen el Primero de Mayo puño en alto siendo los mejores aliados de la Patronal.
Así nos va.
TERMINA aquí esta serie de tres, aunque en esta columna se seguirá analizando el asunto como se lleva haciendo desde hace años. Salud.
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