(viene de la entrada anterior)
En la primera parte se repasaron algunas conclusiones a las que deberíamos llegar en cualquier análisis materialista del problema de la vivienda en España. Estas conclusiones nos confirmaban que, por supuesto, es una cuestión de enfrentamiento antagónico de clases.
Las repaso y a continuación, como quedamos, se verá cómo es la configuración de esas clases, el papel de la vivienda como valor financiero (y no como bien de uso) en el caso más pronunciado de España, el papel del Estado y su alineamiento imperialista (origen y causa principal del problema).
Eran estas conclusiones:
- es un problema estructural en la sociedad capitalista que no ha mejorado con la Ley por el derecho a la vivienda actual, del Gobierno progresista de PSOE y acólitos, más bien ha incidido en incremento del beneficio del rentismo.
- la especulación inmobiliaria alimenta la acumulación de capital: la miseria estructural de millones de personas se convierte en mano de obra barata y en altos rendimientos financieros para las grandes empresas
- la tendencia nos lleva a pensar que el capitalismo en España, alineado con el neoliberalismo imperialista atlántico, se dispone a oprimir hasta la asfixia a parte de su propio pueblo, con tal de seguir su lógica de la tasa de ganancia, en momentos de declive internacional. Es decir, las capas más desfavorecidas de la clase trabajadora sufrirán un grave empeoramiento de sus condiciones, pues aún teniendo un empleo estable y un salario modal miles de hogares se encontrarán en una situación de vulnerabilidad financiera extrema, en una verdadera economía doméstica de supervivencia.
Estructura de clases en torno a la renta inmobiliaria
Si pretendemos analizar la estructura de clases en la España actual a partir de la relación de cada grupo social con la vivienda como mercancía, identificando sus contradicciones materiales internas, podríamos pensar que se limitaría al enfrentamiento entre aquellos que especulan con la renta, por una parte, y los usuarios de los inmuebles, por otra. Rentistas versus inquilinos. Quizás una manera de verlo puede ser así en algunos aspectos concretos, pero en realidad es más complejo.
Recordemos que el rentismo no es una clase social aparte, que funcione independientemente de los capitalistas. Ambos van de la mano en una relación de simbiosis, la existencia de unos favorece a los otros. Es la relación social que llamamos capitalismo la que permite que exista ese grupo social, de agentes pasivos que se limitan a esperar el beneficio de sus posesiones, que valoriza esa renta en el modo de producción y le permite la acumulación de capital mano a mano con los capitalistas.
Podríamos concretarlo en tres grupos: a) Los propios rentistas; b) beneficiaros de la especulación sin ser rentistas; c) inquilinos y desposeídos.
a) Rentistas en sí
Como hemos repasado en otros artículos en esta columna (ver por ejemplo La más desvergonzada explotación de la miseria. Reflexiones marxistas sobre el problema de la vivienda en España), una de las características de la renta inmobiliaria es el monopolio o control de los recursos en unas pocas manos. En España existe un gran número de viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de bancos que las acapararon tras desahucios. Otras muchas viviendas se encuentran vacías por hallarse en zonas de escasa demanda, lejos de los núcleos urbanos o en zonas deshabitadas.
El conjunto de viviendas más demandadas (las que se encuentran en las grandes ciudades, donde se concentra la mitad de la población residente en España) se encuentran habitables pero están controladas por un monopolio de poseedores. Los principales de ellos son los grandes tenedores. Según la ley vigente (Ley por el derecho a la vivienda, del Gobierno de la pasada legislatura, PSOE, Sumar, Podemos) son grandes tenedores los que poseen más de 10 inmuebles o 5 en zonas tensionadas.
Los grandes tenedores son principalmente los fondos de inversión: Socimis, bancos con filiales inmobiliarias y fondos buitre internacionales. Controlan paquetes de miles de viviendas. Tienen capacidad de monopolio: prefieren mantener pisos vacíos para no bajar los precios del mercado y controlan los precios de zonas enteras. Su relación con el territorio es puramente financiera. Su poder político les permite condicionar las normativas locales, influir en gobiernos autonómicos o presionar al sistema judicial para acelerar desahucios.
El pequeño tenedor, recordemos de hasta 10 inmuebles según la ley vigente, posee un pequeño número de viviendas, habitualmente obtenidas por herencia o por inversión de ahorros tras la crisis de 2008. Utilizan el alquiler como un complemento salarial. Aunque cuantitativamente controlan una parte importante del parque de alquiler en España, cualitativamente carecen de la capacidad de fijar los precios del mercado por sí mismos.
Pero, eso sí, estos pequeños tenedores actúan como la militancia de base ideológica del sistema: el gran capital utiliza la figura de este pequeño propietario ahorrador para frenar cualquier regulación de precios, argumentando que las leyes perjudican «a las familias». Realizan verdaderas campañas mediáticas en torno a la ocupación de viviendas, crean alarma inexistente que lleva a los arrendadores a extremar las cláusulas de sus contratos, o a fomentar las inmobiliarias que proponen exigencias abusivas.
La prueba más evidente de la ideologización alarmista de este colectivo se encuentra en la naturalización de las bandas de «seguridad» de desokupas, grupos de matones entre los que proliferan la escoria ideológica de nuestro país.
b) Beneficiarios de la especulación sin ser rentistas
Este grupo no extrae rentas mensuales directas del alquiler, pero su posición económica y su patrimonio están vinculados al encarecimiento del suelo. Dependen de que el precio de la vivienda se mantenga lo más elevado posible.
Como dijimos anteriormente, rentistas y capitalistas van de la mano. Los pequeños propietarios apoyan fervorosamente las políticas de libre mercado porque estas protegen su «colchón» patrimonial. A su vez, los especuladores compran, reforman y ofrecen en venta rápida, lo que les genera plusvalía inmediata. O bien la acomodan al turismo, que es otra manera de invertir muy atractiva en este país.
Entre ellos se encuentran los especuladores a corto plazo (flippers): Particulares, cooperativas de inversión o pequeñas empresas que compran viviendas degradadas a bajo precio, las reforman de forma superficial y las venden en pocos meses a precios muy superiores. Su beneficio es pura plusvalía por la vía de la venta rápida. El mercado inmobiliario del house flipping consiste en comprar propiedades infravaloradas o en mal estado, realizar reformas rápidas y venderlas en el menor tiempo posible para maximizar el retorno de la inversión.
También está la industria auxiliar del rentismo: Cuadros medios, profesionales liberales y sectores asalariados cuyos ingresos directos dependen del dinamismo de la burbuja: agentes inmobiliarios, administradores de fincas, reformistas enfocados al sector turístico y empresas de alarmas o «anti-okupación».
No hay que olvidar en este grupo al pequeño propietario patrimonialista, familias de clase media-alta o trabajadora aburguesada que poseen su vivienda habitual ya pagada. No alquilan, pero perciben la burbuja como un fondo de pensiones o una herencia para sus hijos, lo que les lleva a alinearse políticamente con la defensa acérrima de la propiedad privada y a oponerse a la construcción de vivienda pública en sus barrios para evitar que se devalúe su zona. Y además, el sector financiero y bancario, quienes se benefician de la especulación mediante la concesión de créditos hipotecarios. Cuanto más caros son los pisos, mayores son las deudas que contrae la población y mayores los intereses que absorben los bancos.
c) La población sin beneficio (inquilinos y no propietarios)
Este grupo está completamente excluido de los beneficios de la propiedad inmobiliaria. Como los seres humanos tienen la costumbre de necesitar un espacio donde habitar, deben recurrir al mercado del alquiler. El monopolio de la oferta les lleva a que necesariamente sufran la transferencia directa de sus salarios hacia los grupos anteriores, lo que frena su capacidad de ahorro y limita su desarrollo vital.
Entre ellos se encuentran el colectivo de jóvenes de familias obreras (condenados de por vida a no ser poseedores jamás si se mantiene este nivel de precios/salarios), los que podríamos llamar inquilinos perpetuos o crónicos, y los sectores más vulnerables de la clase trabajadora. Sería posible hacer un sucinto esquema:
Jóvenes sin posibilidad de ayuda familiar -> Excluidos de hipotecas en situación de contratos basura -> Condenados a no ser propietarios jamás.
Trabajadores incluso fijos con un salario modal -> Transferencia de su salario al rentista -> Cero capacidad de ahorro, inquilinos crónicos
Familias con un solo salario, pensionistas con ingresos mínimos, inmigrantes -> Hacinamiento, infravivienda -> Riesgo permanente de exclusión social
El inquilino crónico: son trabajadores asalariados, solventes, con ingresos estables pero insuficientes para superar la barrera de entrada de una hipoteca (ahorro del 20% más gastos). Destinan entre el 40% y el 60% de sus ingresos netos al pago del alquiler. Este grupo sufre un empobrecimiento estructural: trabajan para pagar el piso de otra persona, lo que impide la movilidad social ascendente. Su estabilidad vital depende enteramente de la renovación de contratos temporales (véase La prórroga de la miseria, objetivo del malmenorismo para 2026).
Los jóvenes en expectativa de emancipación: generaciones enteras que permanecen en el hogar familiar hasta pasados los 30 años o que se ven obligadas a compartir piso por habitaciones de por vida. La relación precios/salarios permite afirmar que estos jamás podrán ser en su vida propietarios de una vivienda, e incluso la mayoría podrá permitirse incluso pasar a ser un inquilino crónico.
Los sectores más vulnerables: familias con salarios bajos, empleos informales, migrantes, familias monoparentales o pensionistas con ingresos mínimos. Están en riesgo permanente de desahucio, sufren hacinamiento (varias familias en un solo piso), o se ven empujados a la periferia extrema de las ciudades, asumiendo costes de transporte elevados y perdiendo acceso a servicios básicos. Para este sector, la vivienda no es un problema económico, sino una crisis de supervivencia material inmediata.
La dinámica de la contradicción de clase
La tensión central en España radica en que los intereses materiales del primer grupo (rentistas) con el apoyo ideológico y social del segundo grupo (beneficiados sin ser rentistas) son los que permiten acomodarse en una satisfactoria situación burguesa o de clase alta, y estos intereses a su vez son directamente proporcionales a la situación de miseria del tercer grupo.
Cualquier medida que proteja al grupo de los afectados (bajar los alquileres, expropiar pisos vacíos, prohibir pisos turísticos) reduce directamente la tasa de ganancia y el patrimonio de los grupos beneficiados, lo que convierte al problema de la vivienda en el eje central de la lucha de clases interna en la España contemporánea.
Ocurre además otra circunstancia, peculiar en España como se ha dicho, y es que gran parte del PIB y por tanto del motor de nuestra economía (la que va como un cohete según nuestro Presidente) se debe precisamente a la renta inmobiliaria, bien por vía habitacional o turística.
Esta contradicción entre clases, unida a nuestro alineamiento en el entorno imperialista, es lo que nos permite afirmar que ni existió ni existe ningún «escudo social» ni tampoco se cambió ningún «paradigma de la vivienda» (Por qué no cambiaron el «paradigma de la vivienda» ni lo van a hacer). Y no sólo eso, sino que las señales de la economía global, sin necesidad de ser un gran experto, nos llevan a pensar que esta contradicción debida a la vivienda aumentará en el corto plazo.
Pero esto lo veremos en la terminación de esta serie.
CONTINUARÄ
