(Anteriores entradas, uno y dos).
Vimos en las entradas anteriores que usar el concepto como «miseria» y no simplemente como «precariedad» permite reflejar el impacto real de los colectivos que más padecen el deterioro económico que viene sufriendo España desde hace décadas y que se agudiza en los últimos años. El caso de las mujeres internas es ejemplar en este sentido.
Veremos en esta entrada cómo el Estado capitalista necesita que esa miseria exista, porque le beneficia la clandestinidad laboral, la economía sumergida, y es por ello que favorece la sobrecarga de mano de obra extranjera, incluso regularizada, sumado a la depauperación del sector «de los cuidados», vinculado siempre a las mujeres, a las que se reserva de manera exclusiva ese rol.
Para comenzar, es complicado encontrar datos fiables en lo que se refiere a la economía sumergida. También así en lo que se refiera a las empleadas internas. Determinar cuántas trabajadoras internas tienen contrato y cuántas no, sólo es posible cruzando dos bases de datos oficiales.
Los datos oficiales (con contrato) en el Sistema Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social oscilan en torno a las 360.000 a 378.000 personas. La Encuesta de Población Activa (EPA), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), pregunta de manera confidencial en qué trabaja la persona (esté dada de alta o no). La EPA estima de esa forma que el sector real supera las 565.000 o 600.000 trabajadoras domésticas.
Instituciones de referencia denuncian que una de cada tres trabajadoras del sector (aproximadamente el 32%) trabaja en la economía sumergida (informe sobre trabajo doméstico de Oxfam Intermon).
Dentro del sector, las internas son el subgrupo más vulnerable. El informe antes citado cifra en unas 40.000 las mujeres que trabajan específicamente bajo la modalidad de internas en España. En este subgrupo, el porcentaje de informalidad y falta de contrato es probablemente superior al 32% que cita.
La inmensa mayoría del sector doméstico general son mujeres. En el régimen de internas, 9 de cada 10 internas son migrantes. Los orígenes principales se concentran en América Latina (Colombia, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Perú y Ecuador), seguidas por Europa del Este (Rumanía) y comunidades específicas como la de Marruecos o Filipinas.
Las supuestas bondades del Gobierno regularizador son muy cuestionables. Existe un vínculo directo entre el tiempo de residencia y la miseria laboral. La Ley de Extranjería exige, por lo general, un arraigo de al menos dos o tres años de estancia demostrable en el país para iniciar los papeles de regularización. Durante esos primeros años, al no poder firmar un contrato legal, las mujeres se ven forzadas de manera casi exclusiva a aceptar trabajos como internas en la economía sumergida para subsistir y tener un techo.
Además, existe una profunda brecha entre los derechos sobre el papel (fijados por el Real Decreto 1620/2011) y las condiciones de miseria que sufren en la práctica cotidiana.
- La ley exige un sueldo de 1.221€ al mes (en 14 pagas) o 1.424€ (en 12 pagas) por 40 horas semanales. Pero alrededor del 50% de las empleadas cobran menos del SMI. En muchos casos, se les descuenta ilegalmente del sueldo la manutención y el alojamiento.
- Esa ley propone un máximo de 40 horas semanales de trabajo efectivo. El resto de tiempo dentro de la casa son «horas de presencia» (máximo 20h a la semana, pagadas aparte). La realidad son jornadas que superan habitualmente las 60 o 70 horas semanales. La línea entre estar descansando y estar trabajando se difumina por completo al vivir en el centro de trabajo.
- La ley también plantea 36 horas de descanso consecutivas el fin de semana. Descanso nocturno de 8 horas diarias y 2 horas libres entre jornada. En verdad, muchos empleadores exigen que no salgan hasta el sábado por la tarde y regresen el domingo por la noche, reduciendo el descanso a menos de 24 horas reales.
El perfil de la interna no se refiere hoy sólo a la limpieza, ejercen de cuidadoras de grandes dependientes o ancianos. Esto implica levantar peso y despertarse varias veces por la noche para atender emergencias. Informes médicos del sector detallan que muchas de ellas padecen dolores musculares crónicos, ansiedad generalizada y cuadros severos de aislamiento social.
Geográficamente, el grueso de las trabajadoras internas se concentra de forma masiva en las grandes urbes con rentas medias-altas y altas, donde las familias disponen de recursos para contratar pero prefieren ahorrarse los costes de una estructura profesionalizada de cuidados.
Podría afirmarse que España ha construido su precaria paz social, su envejecimiento demográfico y su conciliación familiar sobre la espalda de miles de mujeres migrantes en condiciones que rozan la servidumbre. El modelo de la interna es un anacronismo insostenible que se alimenta de la desesperación burocrática provocada por la Ley de Extranjería y de la desidia de un Estado que firma leyes supuestamente humanitarias. Cuando un sistema socioeconómico exige que una mujer renuncie a su intimidad, a su salud, a su tiempo libre, a su familia y a sus derechos fundamentales para poder tener un plato de comida y un techo, el único nombre científicamente exacto es la miseria.
El sector de los cuidados en España representa un claro ejemplo de externalización de costes públicos hacia la economía sumergida. Si el Estado asumiera de manera real la Ley de Dependencia, garantizando plazas residenciales públicas o asistencia profesional a domicilio para todos los grandes dependientes, el gasto presupuestario sería inasumible bajo los actuales parámetros de déficit impuestos por las reglas fiscales de la Unión Europea. La tolerancia institucional hacia el régimen interno informal funciona como una válvula de escape: permite a las familias de rentas medias y bajas sostener la conciliación y el cuidado de sus mayores a un coste mínimo (700-800 euros al mes), evitando el colapso del sistema público de bienestar a costa de la desprotección absoluta de las trabajadoras.
La estructura económica de España presenta una especialización sectorial volcada hacia actividades de bajo valor añadido y uso intensivo de mano de obra (como la hostelería, la agricultura de exportación y el servicio doméstico). Muchos de estos negocios o economías domésticas tienen márgenes de ganancia tan estrechos que, si cumplieran estrictamente con el pago del SMI, las cotizaciones a la Seguridad Social, las limitaciones de jornada y la prevención de riesgos, dejarían de ser viables económicamente. La economía sumergida no es un accidente, sino una condición de posibilidad para la existencia de estos sectores en su configuración actual.
El encaje de España en la arquitectura socioeconómica de la Unión Europea atlantista impone disciplinas férreas en materia de control del déficit público, contención del gasto social y techos de gasto. Bajo estas reglas de juego, asumir de forma pública, universal y profesionalizada el sistema de atención a la dependencia —en un país con una de las pirámides demográficas más envejecidas del planeta— resultaría presupuestariamente inasumible para las arcas del Estado.
Es aquí donde la economía sumergida del régimen interno revela su verdadera función política: actúa como un subsidio invisible para el Estado de bienestar. Al tolerar un mercado clandestino donde las familias pueden contratar a una mujer migrante las 24 horas del día por sueldos de miseria de 700 u 800 euros, las instituciones consiguen externalizar el coste de los cuidados. La paz social y la incorporación de las mujeres nativas al mercado laboral cualificado se sostienen sobre los hombros de una mano de obra ultra-barata. Si mañana se hiciera aflorar por arte de magia el 100% de la informalidad de las internas, exigiendo el cumplimiento estricto del SMI, las cotizaciones y las jornadas de 40 horas, el sistema de cuidados familiar del país colapsaría y el Estado se vería obligado a cuadruplicar su gasto social. La opacidad estadística protege al Estado de tener que mirar el abismo de sus propias carencias presupuestarias.
La Ley de Extranjería como dispositivo de disciplinamiento laboral
Para que exista este flujo ininterrumpido de mano de obra dispuesta a aceptar la servidumbre y el confinamiento habitacional, el marco jurídico e institucional debe operar como un embudo selectivo. Este es el papel histórico de la legislación de extranjería. Al exigir periodos de arraigo de al menos dos o tres años de residencia demostrable en la clandestinidad para poder optar a una regularización, el propio Estado crea activamente la vulnerabilidad que el mercado necesita.
Durante esos primeros años de estancia, la trabajadora migrante carece de personalidad jurídica de cara al mercado de trabajo formal: no puede firmar un contrato, no puede sindicarse, no puede denunciar el abuso ante la Inspección de Trabajo y carece de derecho a cualquier prestación. Esta desprotección radical no desincentiva la inmigración —las dinámicas de expulsión económica en sus países de origen y la demanda de mano de obra en España garantizan la llegada constante de flujos migratorios—, sino que garantiza su absoluta docilidad laboral. Una interna sin papeles es una trabajadora que no puede protestar por jornadas de 16 horas o por la confiscación de su descanso, ya que cualquier fricción con el empleador implica la pérdida simultánea de sus ingresos, de su único alojamiento disponible y de la posibilidad futura de conseguir un contrato que la regularice.
La regularización que ofrece el sistema es, por tanto, una hipocresía humanitaria. Funciona como una zanahoria burocrática en el horizonte que obliga a la mujer a transitar por el infierno de la economía sumergida como condición previa para ser reconocida como ciudadana. Cuando una trabajadora finalmente consigue los papeles tras años de explotación, el sistema la sustituye de inmediato por una nueva migrante recién bajada del avión o del autobús, perpetuando un ciclo de renovación constante de mano de obra en condiciones de miseria material.
La normalización de las habitaciones compartidas y la crisis de vivienda
La funcionalidad de este esquema de explotación se entrelaza de manera directa con la crisis de la vivienda. En las ciudades, los precios del alquiler han expulsado por completo a las rentas bajas de la posibilidad de acceder a un techo digno. Ante la imposibilidad de costear una habitación —cuyos precios igualan o superan con frecuencia la mitad de un sueldo mínimo—, el régimen de interna se presenta ante la migrante recién llegada no solo como un empleo, sino como la única estrategia de supervivencia residencial posible.
Esta masificación extrema es funcional al modelo productivo. Al integrar el alojamiento (por precario, hacinado o compartido que sea) y la manutención básica dentro de las condiciones de la explotación, el capital consigue que el salario en metálico pueda reducirse a niveles de pura subsistencia y envío de remesas. La vivienda deja de ser un derecho o un espacio de intimidad para convertirse en una celda económica donde el espacio de vida y el espacio de producción se fusionan por completo para beneficio del empleador.
La miseria del régimen de internas en España no es el resultado de la maldad individual de un puñado de empleadores desalmados, ni de la negligencia temporal de un ministerio. Es el resultado lógico de un diseño macroeconómico preciso, alineado con las directrices de una Unión Europea que prioriza la contención del gasto público y la flexibilidad laboral. La economía sumergida y la opacidad en las cifras son los mecanismos estructurales que permiten estabilizar un sistema de baja productividad que solo sobrevive si se le permite explotar la mano de obra hasta el límite de sus fuerzas. Descorrer el velo estadístico de las 40.000 internas implica asumir que el bienestar de las clases medias de las democracias occidentales se financia, de manera directa, con la clandestinidad forzada y la servidumbre de las trabajadoras más vulnerables.
