Muchos se las dan de modernos pero desconocen el origen de la expresión farmear.
En la primera década de este siglo se pusieron de moda los videojuegos de rol que se desarrollan en mundos abiertos y que permiten el juego simultáneo de miles de jugadores (WoW, Guild Wars, Final Fantasy y otros). En esos juegos los personajes van adquiriendo experiencia a medida que juegan, una experiencia que es decisiva y le hará más poderoso que otros. Algunos vieron un negocio en esto y organizaron gold farms en las que personas eran explotadas en instalaciones (granjas) durante jornadas intensivas, para crear industrialmente personajes ya desarrollados, que luego eran vendidos a jugadores impacientes en portales como eBay.
La expresión derivó en la consideración del carisma como algo abstracto, tratado como si fuera el puntaje de un videojuego (puntos de aura), que puede farmearse de manera industrial. Así pues, irónicamente, la expresión proviene de la hiper explotación de personas pobres que realizan las tareas más penosas para venderlas a otros más pudientes y que se benefician de esa renta.
Esto es, exactamente lo que está ocurriendo en la economía española que va como un cohete, y que se aplica también en el problema de la vivienda.
Ayer, quizás por tratar de distraer la atención del problema instalado en Ceuta y que está dejando en evidencia al izquierdismo más alucinado y funcional al capital, Pedro Sánchez hizo un guiño a los jóvenes diciendo que él no sabía lo que es farmear (ay, Pedro, que eres el genio de los contratos de «migración circular») para renovar el interés en el Plan de Vivienda 2026-2030 del Real Decreto 326/2026 publicado en abril del presente.
Efectivamente, los jóvenes españoles carecen de futuro y de posibilidad de emancipación. A día de hoy, la única posibilidad de vivir con intimidad es atarse a la condena crónica (perpetua) que supone alquilar un piso con un solo sueldo. Sin posibilidad de ahorrar (hasta las justas se llega a mitad de mes) y por tanto sin poder comprar jamás. Todos abocados a la nueva normalidad: compartir habitaciones en pisos que recuerdan a la Rue del Percebe.
Pero no sólo los jóvenes, cualquier residente en España que no posea un lugar donde caerse muerto o la posibilidad de usufructo. Adultos, familias con hijos, parejas de jubilados, cualquiera, el capital no entiende de debates generacionales. Vean lo que le sucedió hace unos días a una señora en Sevilla que no era joven precisamente:
Pues bien, aclarado esto, a continuación les detallo en sus puntos principales los aspectos del Plan de Vivienda que nos ofrecen aquellos que «cambiaron el paradigma de la vivienda»:
Subsidios al alquiler (250 €/mes general; 300 €/mes bono joven; 150 €/mes habitación)
Se trata de ayudas directas al arrendatario, hasta el 40% de la renta. Es una medida claramente inocua para el rentismo y en realidad beneficiosa para ellos. Un subsidio a la demanda sin aumento simultáneo de la oferta se capitaliza en precios. Hablando en plata, el propietario sube la renta porque sabe que el inquilino recibe ayuda pública. Económicamente es una transferencia del contribuyente al arrendador.
Es la continuación exacta de la línea PSOE-Sumar-Podemos, que desde 2018 convirtió la «emergencia habitacional» en un sistema permanente de cheques al alquiler, en lugar de expropiar, construir masivamente o intervenir precios de forma general. Además, normaliza la compartición de habitaciones como forma de vida, y prorroga la miseria en la que se vive actualmente (lo vimos en La prórroga de la miseria, objetivo del malmenorismo para 2026).
Ayuda de 50.000 € a particulares que cedan vivienda (alquiler máx. 600 €/mes, 7 años)
El Estado paga a propietarios que sacan pisos vacíos. Es literalmente financiar con dinero público a propietarios que en muchas capitales son verdaderos rentistas. Quien tiene varias viviendas y las mantiene vacías por especulación recibe ahora un premio por hacer lo que ya obligaría cualquier política seria de movilización (obligación de alquiler de viviendas vacías, tipos de IBI progresivos, previsiones que la ley de vivienda contempló y nunca ejecutó).
Recordemos que la ley de vivienda de PSOE-Sumar-Podemos ya permitía incentivos a la movilización. El plan los agrava consciente de que no hay sanción efectiva detrás. La misma ley que considera «pequeño tenedor» al poseedor de hasta 10 inmuebles destinados al alquiler.
Ayudas de hasta 85.000-102.000 € por vivienda nueva promocionada por privados
¿Hace falta explicación? Financiación pública al sector de la construcción que además fija un techo de… ¡900 €! Un precio que en la práctica solo es alcanzable por muy pocos. Es socialización del riesgo empresarial (si el proyecto no se vende, ya hay subvención) con privatización del beneficio.
En cuanto la «protección permanente» (luego lo vemos también en el siguiente punto) es una promesa legislativa, no una garantía. Las VPO de los 80-90 también tenían protección y fueron liberadas posteriormente y hoy las adquieren La Caixa, Banco Santander o cualquier SOCIMI para especular con ellas. Es la continuidad de la doctrina de de «colaboración público-privada» que el Gobierno del Escudo Social tampoco ha derogado en otros sectores como Sanidad o Educación.
Protección permanente del parque nuevo y prohibición de venta a fondos («fondos buitre»)
Esta medida propone el «blindaje indefinido», prohibición anunciada por Sánchez en la charla a jóvenes de ayer.
Es el punto más propagandístico y el más hueco:
- Solo aplica hacia adelante (vivienda nueva). El parque heredado (decenas de miles de VPO que el PP y también gobiernos socialistas liberaron o vendieron a socimis) queda fuera, por supuesto ya monopolizado por los fondos de inversión y bancos.
- La «protección permanente» es una ley, una mayoría futura puede derogarla, como se diluyó la protección de la VPO en 2011 con Zapatero en el Gobierno.
- El propio Gobierno reconoce que la competencia es autonómica. La prohibición de venta exige acuerdo con CCAA, que pueden negarse. Pasa aquí lo mismo que en la ley de vivienda. El anuncio estatal no se aplica en la ejecución autonómica, donde los intereses inmobiliarios mandan.
En resumen, el plan subsidia a la demanda y premia a la oferta rentista, el contribuyente paga, el propietario cobra. El plan financía a los constructores sin exigirles rendición de cuentas real, continuidad con el modelo de los sucesivos gobiernos González-Aznar-Zapatero-Rajoy de suelo y cemento como motor de crecimiento sin productividad.
El plan compra caro lo que el mercado encareció, de modo que el Estado actúa como amortiguador del rentismo, no como su corrección. El plan convierte el derecho en asistencia, filosofía caritativa, no de derechos. El plan «blinda» de palabra lo que desblindó la práctica histórica, la «protección permanente» es propaganda sin garantía institucional.
Y por último, el plan delega en las autonomías lo que el Estado tendría que imponer, es decir, la misma arquitectura que hizo inocua e inoperante la famosa ley de vivienda del cambio del paradigma de no sé qué.
Dentro de la lógica de la UE y del entorno atlantista en que se alinea España, un país desindustrializado, que vive de turismo, sol y cemento no puede permitirse una vivienda asequible, porque la renta del suelo es lo que sostiene una parte creciente de su «crecimiento» (1).
Un gobierno de izquierdas real atacaría con expropiación de pisos vacíos, la creación de un parque público masivo, la prohibición real de compra por no residentes y socimis. Cosas que los progresistas no van a hacer porque son la pata izquierda del mismo monstruo sumiso al imperialismo, por mucho que se vistan de lagarterana humanitaria y solidaria.
