En las últimas semanas, los principales gestores de activos como BlackRock y Blackstone están limitando los reembolsos de sus fondos de crédito privado debido a una oleada masiva de solicitudes de retirada de dinero por parte de los inversores. La alarma ha producido una crisis de liquidez en los fondos de crédito privado.
Para los que somos profanos en estos asuntos, en palabras sencillas se trata del miedo de los inversores que colocaron su capital en apuestas privadas (ajenas a bonos o letras estatales) de una alta rentabilidad pero a largo plazo (5-10 años), cuyas condiciones a veces requieren que esa alta rentabilidad esté sujeta a la permanencia con restricciones en la devolución de ese líquido. Estos fondos invierten en préstamos a empresas de mediano tamaño que no pueden venderse rápidamente, pero ofrecen a los inversores ventanas de liquidez. Cuando muchos inversores quieren salir a la vez, el sistema colapsa.
Estas empresas tomaron la decisión de limitar las retiradas de dinero después de recibir miles de solicitudes de reembolso. Los inversores huyen de los fondos de deuda privada tras comprobar lo incierto de la situación mundial y la imprevisible actitud de la cara más descubierta del imperialismo que suelen llamar «trumpismo», en especial a la decisión de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz y a la vista de que la guerra no iba a ser el paseo militar prometido por los voceros yanquis y sus aliados sionistas.
Se pone de manifiesto una vez más el caos propio del sistema capitalista, cuyo equilibrio depende de superficies tan resbalosas como el negocio de la deuda. Además, a medida que este sector especulador de deuda y financiero se agranda (debido a que los capitalistas occidentales ya no pueden obtener el beneficio deseado del capital productivo ante su decadencia tecnológica con respecto a los países no alineados), las instituciones están cada vez más preocupadas de que este caos se filtre a todo el sistema, pues estos vehículos tienen conexiones directas con la bancocracia.
Según los expertos, hay diversos factores desencadenantes, como el aumento de la tasa de morosidad, quiebras de empresas emblemáticas como First Brands (autopartes) y Tricolor (crédito automotriz) que han generado pérdidas millonarias o sospechas de fraude.
El mercado de crédito privado ha crecido hasta alcanzar los 1,8-2 billones de dólares desde la crisis de 2008. Una quiebra de gran magnitud tendría consecuencias sistémicas. Si los fondos no pueden cumplir con los reembolsos, se verían obligados a vender activos ilíquidos con fuertes descuentos, depreciando carteras enteras. Eso contagiaría a la banca tradicional. JPMorgan ya ha comenzado a reevaluar sus inversiones en crédito privado y a endurecer los préstamos a estos fondos.
Las acciones de las gestoras alternativas han caído más de un 25% desde enero, con una pérdida combinada de más de 100.000 millones en capitalización bursátil. Cuestión que explicaría también la buena aceptación del «no a la guerra» selectivo impulsado por el Gobierno español en el resto de socios europeos.
Que el Gobierno español haya tomado el estandarte «pacifista» en cuanto a Irán (no así en otros frentes, hacia los que sigue entregando miles de millones y comerciando armas por mucho que asegure que ya no) tiene su lógica, pues esta situación tendría un especial impacto específico en España.
Blackstone y BlackRock son propietarios de importantes carteras inmobiliarias en España. Un ejemplo reciente: Brookfield está negociando la compra de Fidere, la plataforma de vivienda de alquiler de Blackstone en España, por unos 1.000 millones.
Los principales activos de estos fondos en España son las viviendas de alquiler (Testa Residencial -Blackstone- más de 20.000), las carteras de viviendas sociales y alquiler asequible (Fidere, socimi de Blackstone centrada en vivienda protegida y de alquiler asequible), las plataformas de gestión de activos inmobiliarios (Anticipa, también de Blackstone, especializada en alquiler y venta, gestiona junto a Aliseda más de 100.000 activos, siendo uno de los mayores caseros del país con miles de viviendas).
Así pues, si los fondos necesitan liquidez para afrontar reembolsos, podrían acelerar la venta de carteras inmobiliarias en España. Eso supone una oportunidad para otros inversores. La operación de Brookfield (Brookfield está en negociaciones para adquirir Fidere, lo que marcaría su entrada en el mercado residencial español) muestra que hay compradores dispuestos a adquirir estos activos.
A río revuelto, ganancia de pescadores. El mercado español se ha convertido en un destino atractivo para inversores, en una situación paradójica. Por un lado, los fondos afectados y en riesgo de colapso están enlazados al sector inmobiliario, pero por otro lado, los inversores vuelven a ver los bienes raíces como refugio de valor.
La dinámica vendría a ser: espantada del crédito privado que suscita búsqueda de activos más líquidos y seguros, los inversores minoristas entran en pánico y retiran dinero de fondos de crédito privado por temor a la iliquidez (que no se les devuelva el capital) y los impagos. Por tanto, vuelta hacia bienes raíces. Las rentabilidades por alquiler son más atractivas que otros activos y el mercado inmobiliario aumenta su atractivo, concentrando más propiedad en manos de nuevos inversores (monopolio inmobiliario). Los inversores y especuladores extranjeros siguen viendo España como destino prioritario.
Observando este contexto, vemos que concurren -pero en grado superlativo- los tres ingredientes necesarios para que se produzca la fórmula mágica del interés rentista (el que se basa en la renta de la tierra, pues los alquileres o los negocios inmobiliarios tienen su explicación científica en el mismo contexto que la renta agrícola o minera), a saber:
- – concentración en un monopolio de los recursos, cada vez en poder de menos manos que se disputan la posesión de su porción del pastel.
- – existencia de un grupo social asociado a los capitalistas, los rentistas, institucionalizados y naturalizados como grupo social necesario y hasta emprendedor (cuando en realidad son parasitarios), acosados por la «inquiokupación» y los morosos que tienen el vicio de comer en lugar de dedicar todo su sueldo a pagar el alquiler. El rentismo es el colectivo que en realidad es defendido por el «escudo social», tal como se explicó en la anterior entrada de esta modesta columna (ver entradas asociadas al final del artículo)
- – desarrollo del contexto político, legal, social y mediático favorable, que permite que se den las otras dos circunstancias. Más o menos puede decirse el «pegamento» ideológico que permite el despropósito de que la vivienda no sea ni mucho menos un derecho sino una mercancía de gran valor en estos momentos.
Que la economía española fuera «como un cohete» es producto en gran parte de la especulación inmobiliaria y del negocio turístico. De ahí que esos tres ingredientes de la receta rentista hayan proliferado como los caracoles en los arbustos españoles tras estos meses tan lluviosos.
Así que respondan ustedes mismos a estas preguntas:
¿Por qué nos dicen que nos protegen con un «escudo social» cuando en realidad sólo están convirtiendo en permanente el estado de miseria (compartir habitaciones, dedicación de sueldos enteros a la renta, imposibilidad de ahorro)?
¿Y por qué la derecha del Congreso (la más a la derecha de la otra derecha) quiere incluso especular por encima de sus posibilidades permitiendo la subida disparatada de los alquileres?
¿Cómo se produce el trasvase de capital desde los salarios hacia los bolsillos de los rentistas?
