En la primera entrada de esta serie vimos cómo usar el término miseria era hablar con propiedad, en lo que se refiere a gran parte de la población residente en España.
Más allá de los ridículos eufemismos (la retahíla de las diversas precariedades: habitacional, laboral, energética…) entendimos que la vulnerabilidad o exclusión social abarca no solo la falta total o escasez de ingresos, sino la acumulación de desventajas. Una persona se asoma a la miseria cuando sufre inseguridad debido a sus condiciones de vida (problemas de vivienda, poseer empleo pero con salario insuficiente, no poseer empleo y haber perdido la esperanza de encontrarlo, etc). Es la inexistencia de capacidad de planificar el futuro.
Vimos también que los propagandistas del «Escudo Social» simplemente han gestionado la miseria dentro de los límites sostenibles de la disidencia controlada. El malmenorismo ha servido para prorrogar la miseria como objetivo político que se nos ofrece como única alternativa posible dentro del falso bipartidismo.
Ya en esa entrada se habló de uno de los sectores más afectados, los pensionistas.
Veremos en esta entrada cómo existe una gran parte de la población española que malvive con pensiones incompatibles con la dignidad. Que existen entre 1,5 y 2 millones de personas cuya única fuente de ingresos es una pensión que no alcanza o apenas roza el umbral de pobreza.
Los gobiernos de «progreso» han mejorado la situación respecto al periodo del PP (2011-2018) en términos de revalorización, pero no han revertido las estructuras recortadoras más profundas. Han optado por una política de «maquillaje» mediante subidas del IPC sin tocar el diseño del sistema que genera pensiones bajas.
El sistema, ya sea bajo la parte derecha como la otra derecha del bipartidismo, tolera el paro y la precariedad porque les resulta funcional a ciertos intereses: empresas que pagan salarios bajos, sectores que viven del fraude, y un modelo de Estado que prioriza la estabilidad macroeconómica (déficit, deuda, cumplimiento europeo, regalo de armas a Ucrania) sobre la dignidad de las personas.
¿Cuántos pensionistas en España ingresan cantidades que no permiten una vida digna?
Según los datos del INSS de febrero de 2025, el 39,38% de las pensiones de jubilación son de 1.000 euros o menos al mes (en 14 pagas). La mayor concentración de pensiones de jubilación se encuentra entre los 800 y los 900 euros mensuales (1).
El informe del XV Estado de la Pobreza (EAPN, 2025) aporta una cifra aún más contundente, puesto que en 2024, más de un tercio de las pensiones contributivas (35,6%) no superaba el umbral de pobreza, es decir, eran inferiores a 827 €/mes en 14 pagas. Además, el 14,3% de las pensiones estaban por debajo del umbral de pobreza severa (523 €/mes) (2).
En cuanto a las pensiones no contributivas (aquellos que no han cotizado lo suficiente o nada), en enero de 2026 había casi trescientas mil personas cobrando esta prestación, con una cuantía es de 628,80 €/mes (8.803,20 €/año) (3).
¿Quiénes cobran estas pensiones mínimas y cuáles son sus circunstancias?
Las pensiones más bajas concentran sobre todo a mujeres, personas con carreras laborales precarias o interrumpidas, y viudas. Casi 3 de cada 10 mujeres con pensión de jubilación cobran la pensión mínima. La pensión media de las mujeres es de 1.136 €/mes frente a los 1.636 € de los hombres: una brecha de 500 €/mes .
Las pensiones de viudedad son mayoritariamente femeninas (98,3% de los beneficiarios son mujeres) y su media es de 975 €/mes, pero la mínima para viudas menores de 60 años es de solo 709,40 €/mes . Muchas de estas mujeres vienen de carreras laborales discontinuas, con empleos a tiempo parcial y bajos salarios, o directamente no han cotizado por haberse dedicado al cuidado no remunerado (4).
Muchos son inmigrantes en situación regular, personas con discapacidad, o trabajadores del campo, del hogar o de la economía sumergida .
¿Se puede hablar de miseria?
Como en la primera entrada, aunque las estadísticas permiten observar la realidad de manera muy variable, es posible afirmar que, aunque el riesgo de pobreza entre mayores de 65 años fue del 16,9% en 2024, el mejor dato en 5 años, sin embargo, el 35,6% de las pensiones contributivas están bajo el umbral de pobreza y el 14,3% bajo pobreza severa.
La pensión mínima de jubilación sin cónyuge (936 €/mes) está apenas por encima, pero para una persona sola con alquiler o gastos médicos, resulta insuficiente. Es decir, no toda la población pensionista vive en la miseria, pero existe un segmento significativo cuya única fuente de ingresos es una pensión que no alcanza o apenas roza el umbral de pobreza. Para quienes cobran pensiones no contributivas o viudedad mínima, la situación es de alarma extrema, especialmente si no tienen vivienda en propiedad o familiares que les apoyen.
Los gobiernos recientes (PSOE y coalición con los diversos Podemos)
Datos a valorar, esos que tanto gustan a la Vicepresidenta, son que en estas dos legislaturas se logró la derogación del índice de revalorización del 0,25% (heredado de la reforma del PP de 2013) y establecimiento de una revalorización automática ligada al IPC mediante la Ley 21/2021 .
Desde 2018, las pensiones han subido un 26,6% según el Gobierno. Pero lo que se ha mantenido o no se ha revertido es muy importante. El periodo de cómputo de 25 años para calcular la pensión inicial (reforma del PP de 2011), que penaliza a quienes tuvieron salarios bajos al final de su carrera. El retraso de la edad de jubilación a 67 años (reforma del PP de 2011), en vigor progresivamente hasta 2027. Los coeficientes reductores para jubilación anticipada, que recortan la pensión de por vida.
Puede argumentarse que los gobiernos de «progreso» han mejorado la situación respecto al periodo del PP (2011-2018) en términos de revalorización, pero no han revertido las estructuras recortadoras. Han optado por una política de «maquillaje» mediante subidas del IPC sin tocar el diseño del sistema que genera pensiones bajas.
El sistema funciona como cualquier cosa menos como un escudo social. Sí, evita la indigencia masiva, pero consolida una pobreza que afecta a millones y en especial a los pensionistas.
La «hucha de las pensiones» como cortina de humo
El sistema español de pensiones ya no es puramente contributivo. En los primeros nueve meses de 2025, el Estado transfirió 40.000 millones de euros de impuestos generales a la Seguridad Social para pagar pensiones . Eso representa ya el 25% de los ingresos del sistema (5)
Si el sistema ya se financia con impuestos, el argumento de que «no se pueden subir las pensiones mínimas porque rompería la sostenibilidad contributiva» es un artificio discursivo. La realidad es que hay una vía fiscal abierta, pero se usa para mantener el equilibrio contable general, no para redistribuir hacia las pensiones más bajas. La AIReF estima que en 2050 harán falta transferencias de 85.000 millones anuales (5,5% del PIB) para sostener el sistema . Es decir, el sistema ya es mixto y será más mixto. Negar esto para justificar pensiones de miseria es ocultar una elección política.
Una comparación de prioridades
España ha comprometido casi 17.000 millones en ayuda a Ucrania (vía UE y bilateral), de los cuales 2.670 millones son militares . Para 2026 se anunció un nuevo paquete militar de 1.000 millones .
Según calculan los expertos, elevar las pensiones no contributivas al umbral de pobreza costaría aproximadamente 1.200 millones al año. El paquete militar de un solo año a Ucrania cubriría casi todo ese coste.
Un sistema que necesita parados de bajo coste y economía sumergida
Pese a que nuestros gestores nos aseguran que la economía va lanzada y que los datos de paro son excelentes, España es uno de los países de la UE con más economía sumergida. Supone millones que no se fiscalizan y que superan lo que cuestan todas las pensiones no contributivas y mínimas juntas.
El paro juvenil del 24,5% genera una presión a la baja sobre los salarios de los ocupados, de modo que si hay mucha gente dispuesta a trabajar por menos, los empleadores no necesitan subir condiciones. Aparte de eso, nuestro modelo productivo es dependiente del turismo, que genera empleo estacional, a tiempo parcial y de baja cotización.
Es un sistema perverso por diseño estructural:
- La «hucha» se usa como argumento técnico para bloquear demandas redistributivas.
- El sistema ya se financia con impuestos, por lo que el argumento de la «imposibilidad» es falso.
- Hay recursos ilimitados para armas e involucrarnos en guerras no buscadas por los españoles, pero no para pensiones dignas.
- La economía sumergida del 24% y el paro estructural son «anomalías» que se mantienen porque los fondos de inversión y las grandes empresas se benefician de ese caldo de cultivo.
1- ¿Cuántos jubilados cobran más de 1.000 euros de pensión al mes? (artículo)
2- Informe sobre la pobreza 2025 (enlace)
3- “Es una tortura psicológica ver que el horizonte es la pobreza” (artículo)
4- La brecha de género en las pensiones contributivas de la población mayor española (enlace)
5- El Estado inyecta 40.000 millones extra de los impuestos para poder pagar las pensiones. El aporte al sistema ya supone el 25% de los ingresos (artículo)
