El marco político-legal actual actúa hipócritamente sobre la clase trabajadora. Por un lado, se legisla aparentemente para mejorar sus rentas salariales; por otro, se fomenta un mercado de vivienda que las absorbe casi por completo. Muchos inquilinos destinan gran parte de su salario mensual al pago del alquiler . Cualquier mejora del SMI o de los convenios se transfiere directamente al bolsillo del arrendador.
El Gobierno sólo actúa con medidas de baja intensidad, pues no quiere enfrentarse a los rentistas (grandes o pequeños, recordemos que para la ley vigente de PSOE-Sumar-Podemos un «pequeño propietario» puede poseer hasta 10 inmuebles). El Estado prefiere incentivar (pagar) al rentista para que modere sus precios en lugar de intervenir el mercado de forma coercitiva, lo que demuestra el enorme poder de este bloque social.
El marco actual ha creado las condiciones para que una nueva generación de pequeños rentistas participe activamente en el mercado. Esto hace que el modelo sea políticamente más difícil de cambiar, ya que el número de personas con un interés directo en que los precios y las rentas se mantengan altos ha crecido exponencialmente.
El caso reciente, que hemos seguido con detalle desde este periódico, sobre el intento de apropiación de un bloque de viviendas en Sevilla a cargo de un fondo especulador aliado con un banco (Calle Verdad, viviendas VPO que acaban siendo mercancía para especuladores) ejemplifica el modo en que se produce la manipulación de los grandes poderes económicos para convertir una necesidad básica en una mercadería.
Como hemos explicado hasta la saciedad también en este medio, siguiendo el análisis materialista y dialéctico (el más exacto para analizar procesos sociales), el problema de la vivienda puede describirse en tres factores principales: a) la concentración de los inmuebles en un monopolio cerrado, b) la existencia de un grupo social parasitario, los rentistas, que va de la mano de los capitalistas, y c) el caldo de cultivo social, político y legal para que se produzcan esos dos requisitos anteriores.
La incapacidad, la tardanza, la suavidad (o lo que sea) de los gobiernos progresistas españoles para atajar el problema forma parte de ese tercer factor.
La realidad actual es que no sólo no se actúa contra los grandes fondos, como Blackstone o Cerberus, ni contra la bancocracia que acumula miles de viviendas pirateadas a familias que fueron desahuciadas. Tampoco se actúa contra los pequeños inversores. Es más, se favorece que ese caldo de cultivo se incremente cada vez más hacia los pequeños ahorradores, de modo que se populariza la posibilidad de especular con la vivienda.
Las SOCIMI (empresas cotizadas en bolsa que compran, rehabilitan y gestionan inmuebles urbanos para alquilarlos) han supuesto un suculento horizonte para «pequeños» inversores. Estas SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) que se crearon para canalizar inversión hacia el inmueble con ventajas fiscales, han permitido que el mercado se haya «democratizado».
El régimen de SOCIMI, lejos de ser un coto privado de grandes fondos, se ha convertido en una herramienta accesible para promotores e inversores medianos y pequeños nacionales. Esto favorece la existencia de un ecosistema financiero de «bajo coste» y alta accesibilidad para el pequeño inversor.
Así pues, por un lado, se legisla aparentemente a favor de los salarios; por otro, se permite un mercado de vivienda que los absorbe casi por completo. Se anuncian «escudos sociales» que limitan los desahucios pero sólo ayudan a un mínimo de la población, la que es considerada «vulnerable» (eufemismo que esconde el verdadero calificativo, que es «miserable») . La vivienda se come la mejora salarial, aquí es donde el marco legal falla estrepitosamente a la clase trabajadora, beneficiando a su enemigo de clase: el rentista.
El monopolio concreto del caso español viene definido por el déficit estructural de vivienda. Existe un déficit acumulado de entre 600.000 y 800.000 viviendas, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas . España necesita construir entre 150.000 y 250.000 viviendas al año, pero lleva más de una década produciendo muy por debajo. (requisito a de los indicados).
Esta escasez dispara los precios. En 2025, los precios de compraventa aumentaron entre un 12% y un 13% interanual . El alquiler en grandes ciudades ha acumulado subidas del 50-70% entre 2015 y 2025, que van a los bolsillos de los rentistas (requisito b).
El resultado es que muchos inquilinos destinan entre el 60% y el 70% de su salario mensual al pago del alquiler. Cualquier mejora del SMI o de los convenios se transfiere directamente al bolsillo del arrendador.
Con esos dos requisitos, el tercero, c, está servido. En la opinión pública el mercado es visto como un «activo refugio» y el sector aporta cerca del 11% del PIB, consolidándose como el destino preferido del ahorro privado . En España prima socialmente la validación de una economía de la renta.
Las propuestas de bonificar fiscalmente a los caseros que no suban el precio es la constatación más clara. El Estado prefiere incentivar (pagar) al rentista para que modere sus precios en lugar de intervenir el mercado de forma coercitiva, lo que demuestra el enorme poder de este bloque social.
En definitiva, España ha construido un modelo donde el beneficio empresarial y, sobre todo, la renta de la vivienda se han convertido en el eje de acumulación de riqueza. La clase trabajadora, aunque se les asegure que están protegidas en el ámbito laboral, ve cómo sus ganancias se transfieren masivamente a los rentistas a través de un mercado inmobiliario tensionado por la falta de oferta, un fenómeno en el que participan activamente millones de pequeños inversores nacionales.
La tokenización del mercado inmobiliario
A través de una argucia tecnológica, utilizando blockchain, se crean «tokens» digitales que representan una pequeña parte de un inmueble. A través de su app, cualquier usuario puede comprar «tokens» de una propiedad específica (pisos, residencias de estudiantes, etc.) desde solo 100 euros. Estos tokens dan derecho a una parte de los ingresos por alquiler y de la futura revalorización del inmueble .
Consiguen que miles de usuarios se registren en plataformas de tokenización, demostrando el enorme apetito por este tipo de inversión fraccionada. La tecnología blockchain, invisible para el usuario, gestiona automáticamente el reparto de los alquileres entre todos los inversores .
Ya no se trata solo de grandes fondos. Las apps han creado una nueva clase de «micro-rentistas» que, con cantidades tan bajas como 100 o 200 euros, participan directamente de los beneficios del mercado inmobiliario . Esto amplía el bloque social con intereses creados en el mantenimiento de los precios altos.
El éxito de estas plataformas demuestra que el apetito de los rentistas españoles por invertir en inmuebles sigue intacto. Las apps simplemente han encontrado la manera de canalizar ese pequeño ahorro de forma masiva y eficiente hacia el mercado.
En resumen, la evidencia muestra que el marco actual no solo beneficia al gran capital, sino que ha creado las condiciones para que una nueva generación de pequeños rentistas participe activamente en el mercado a través de aplicaciones móviles. Esto hace que el modelo sea políticamente más difícil de cambiar, ya que el número de personas con un interés directo en que los precios y las rentas se mantengan altos ha crecido exponencialmente.
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