El debate de los partidos en el Congreso sobre la prórroga de los alquileres desvela una realidad inquietante: el “escudo social” era en realidad para proteger a los rentistas. El rentismo planeaba especular de una forma ya intolerable, actualizando las rentas hasta límites inasumibles, aprovechando los disparatados precios del mercado. Los partidos percibidos como izquierda (los mismos que crearon en la legislatura pasada la Ley de Vivienda vigente) se presentan ahora como salvadores y señalan a los partidos más a la derecha.
La situación se produce, por tanto, incluso con partidos «progresistas» en el Gobierno, que ni poseyendo ministerios se atrevieron a inquietar a los sagrados pilares del mercado libre y la propiedad privada. No lo hacen porque eso frenaría el «crecimiento» de la economía española, basado en gran parte en la especulación inmobiliaria, y conllevaría perder el aprecio de la UE y menos llegada de sus suculentos fondos.
Por eso sólo firmaron leyes y acuerdos que no son más que pactos de no agresión con el rentismo. Lo que no explicaron es que los rentistas van de la mano de los capitalistas, y el capitalismo no conoce de pactos de no agresión, su naturaleza es la explotación para obtener plusvalor, y no duda en depredar hasta a su propio pueblo si es necesario, para obtener beneficio constante.
Se vienen las elecciones andaluzas y los partidos andan alterados porque comprueban que al PSOE le basta con hacer un amago para que todos se pongan a bailar. Sánchez ha perfeccionado la lengua de serpiente que usaron sus antecesores González y Zapatero, y esto es muy del gusto del entorno de la Alianza Atlántica, que ve cómo Mr. Handsome cumple a la perfección sus designios y además aparentando izquierdismo y valentía ante el «trumpismo».
En medio de esta crisis que quita el sueño a los inquilinos (palabras textuales de Úrsula von der Lying en el reciente documento europeo por la vivienda) resulta que se van agotando los decretos llamados del «escudo social» y muchos contratos firmados hace 5-7 años (los de duración estándar) están terminando ahora, de modo que los inquilinos se enfrentan a actualizaciones al mercado que pueden suponer subidas de rentas tan altas que ya no puedan ser pagados ni con un salario normal completo.
Sumar retrasó el pasado Consejo de Ministros (en un acto calificado irónicamente por Podemos como performance) y logró que se aprobara un decreto con una prórroga automática de dos años para los contratos que vencen entre marzo de 2026 y diciembre de 2027 (afecta a unos 600.000 hogares). Lo presentaron como parte del “escudo social” ampliado para paliar la crisis por la guerra en Oriente Próximo (recuerden, el «no a la guerra selectivo», no a la guerra «trumpista» pero sí al rearme mil millonario para Ucrania).
“Para esto estamos en el Gobierno”, se apresuraron a difundir los corifeos. Pues bien, les doy un dato: sí, en efecto para eso les dejan estar en el Gobierno, para firmar pactos de no agresión con el rentismo, y venderse como los salvadores.
La Ley de Vivienda de 2023 y las medidas posteriores fueron un pacto de no agresión con el modelo rentista: distinguen entre grandes tenedores y «pequeños» (los que poseen una «pequeña» propiedad de hasta 10 inmuebles), pero no tocan la financiarización de la vivienda (BlackRock, Sareb, bancos), ni impulsan un parque público masivo ajeno a las constructoras que inflan los precios de la vivienda social, ni rompen con la lógica de la vivienda como activo especulativo.
La economía española presenta una dependencia estructural del sector inmobiliario y la construcción que explica el miedo de los gobiernos a la hora de abordar la crisis de vivienda con medidas verdaderamente efectivas contra la especulación.
La especulación (inversores extranjeros, fondos buitre/Socimis, alquiler turístico, viviendas vacías estimadas en 3 millones) no es una casualidad: es el mecanismo que mantiene alta la demanda y la rentabilidad del sector. Precios de venta y alquiler han subido de forma sostenida (alquileres 34% desde 2019). El déficit acumulado de vivienda supera las 600.000 unidades en 2025.
El “escudo social” y las prórrogas temporales son meros parches que gestionan el conflicto sin alterar los intereses de la clase dominante ni la subordinación a la UE y al capitalismo financiero.
La crisis de vivienda no se resuelve porque el modelo económico actual necesita la especulación inmobiliaria como combustible de crecimiento. Los partidos sistémicos de ambas orillas del bipartidismo neoliberal prefieren no inquietar al rentismo, así que dejan a su suerte a los miles de españoles que necesitan alquilar, o en todo caso les ofrecen paliativos para no ser vampirizados hasta la muerte por los especuladores. No se atreverán a tocar jamás los intereses de los rentistas, ya sean grandes o pequeños, pues la economía española (la que va como un cohete) depende en gran parte de la especulación inmobiliaria. Nadie muerde la mano que le da de comer.
Y les doy más datos: el decreto se aprobó, pero separado del paquete principal de bajadas fiscales y controles de márgenes (el que sí tiene visos de pasar con Junts y PNV). Pedro Sánchez reconoció públicamente que “aún no existe mayoría parlamentaria” para convalidarlo en el Congreso (tiene 30 días). PP y Vox ya anunciaron rechazo; Junts presume de haber “forzado” las rebajas fiscales y es probable que tumbe la prórroga de alquileres. Es decir: el Gobierno aprueba algo que sabe que puede caer, pero Sumar se hace la foto como defensor de los inquilinos. De paso, el rentismo gana tiempo (o directamente, si se tumba, recupera su situación nuevamente).
Juzguen ustedes mismos. ¿Es esto salvar a la gente o un teatro parlamentario? Sí, obviamente para muchas personas (entre ellas quien suscribe este artículo) sirve para que puedan seguir salvando el cuello y mantenerse en un nivel miserable, sin expectativas de ser jamás poseedor, pero tampoco desahuciado de manera invisible (pues aparte de los desahucios ejecutados hay miles de desahucios invisibles de todas aquellas familias que se ven obligadas a compartir habitaciones).
El malmenorismo se cotiza actualmente en conformarse con que se prorrogue la especulación al mismo nivel abusivo que absorbe salarios enteros, y no especule hasta asfixiar a los inquilinos que renueven contratos y tengan que decidir por tanto entre defenestrarse o compartir literas en habitaciones de extraños.
Aunque fuese aprobado, seamos conscientes de que lo que se prorroga es el caldo de cultivo que ha permitido que el abuso del rentismo llegue a niveles perversos.
¿Existe alternativa a esto o directamente pensamos bah, contra esto no se puede luchar?
Les doy un último dato. Sí, de ese conformismo pusilánime es posible salir. Pero hay que organizarse. Lean esta propuesta: Cuatro medidas reales y factibles para erradicar el problema de la vivienda en España
Otras entradas sobre el tema en esta columna:
¿Cómo se produce el trasvase de capital desde los salarios hacia los bolsillos de los rentistas?
Por qué no cambiaron el «paradigma de la vivienda» ni lo van a hacer
