Las denuncias en torno a las condiciones de acceso y permanencia en el empleo en Navantia vuelven a situarse en el centro del debate dentro del movimiento obrero. A un contexto ya marcado por la polémica sobre las habilitaciones de seguridad exigidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se suma ahora un nuevo episodio que reaviva la sospecha de prácticas opacas en la empresa pública.
Conviene recordar que en 2025 trascendió que Navantia contempla en sus cláusulas de contratación la posibilidad de despido en caso de que el CNI deniegue la habilitación de seguridad a un trabajador. Esta medida, enmarcada en los protocolos de sectores estratégicos, fue duramente criticada desde distintos ámbitos sindicales, especialmente tras el caso de un trabajador de Navantia Ferrol que fue acusado por el CNI de participar en organizaciones de carácter político. La Audiencia Nacional terminó desestimando estas acusaciones y dio la razón al trabajador, poniendo en cuestión la fiabilidad de este tipo de informes.
Ahora, en marzo de 2026, una nueva denuncia procedente de Navantia San Fernando vuelve a generar inquietud. El pasado día 19, en una oficina de seguridad industrial donde se realizaban trabajos de mantenimiento, aparecieron unas tarjetas con las inscripciones “listas negras Navantia” y “listas negras CNI”. El hallazgo fue realizado por un delegado sindical de CTM/SAT junto a trabajadores de una empresa auxiliar, y comunicado de inmediato al comité de empresa. Al día siguiente, el presidente del comité pudo comprobar personalmente la existencia de dichas tarjetas.
Aunque se desconoce el origen y la funcionalidad de estas tarjetas, su aparición en un espacio vinculado a la seguridad industrial ha reactivado una preocupación histórica entre los trabajadores: la posible existencia de mecanismos de exclusión no transparentes. Desde CTM/SAT señalan que, si bien este tipo de prácticas no serían visibles ni reconocidas oficialmente, formarían parte de una realidad que afecta directamente a las condiciones laborales en la empresa.
A estas denuncias se suma una nueva acción de protesta. En el día de hoy, los trabajadores Manuel B. y Jesús G. han iniciado una acampada para reclamar su derecho a un puesto de trabajo. Con esta medida, buscan visibilizar su situación y denunciar lo que consideran un bloqueo injustificado a su incorporación laboral.
La coincidencia entre una normativa cuestionada desde 2025 y los recientes hallazgos en 2026 dibuja un escenario de creciente tensión en Navantia. Las reivindicaciones por transparencia, garantías laborales y derechos fundamentales vuelven así al primer plano, en un conflicto que sigue abierto y cuya evolución marcará el pulso del movimiento obrero en el sector.
