«Sería más fácil vivir sin dinero que sin pobres, porque ¿quién haría el trabajo?… Así como se debe velar para que los pobres no mueran de hambre, no debieran recibir nada que valga la pena ahorrar«
Bernard de Mandeville, citado en El Capital, tomo I cap XXIII
La conjunción de la crisis de la vivienda, del paro sistémico español y de la inflación, o el coste de la vida en general, está provocando la proliferación de situaciones que recuerdan a la posguerra. Hemos aceptado ya la naturalización de las habitaciones compartidas y ahora asistimos a un auge del mercado ilegal de compra-venta de empadronamiento.
Vimos en una entrada reciente de esta columna que la miseria es un tesoro para el rentismo. Repasamos cómo en España (este país que convoca reuniones internacionales de progresismo y que se vanagloria de su «escudo social») el laberinto burocrático para acceder al Ingreso Mínimo Vital, IMV, se complica mucho más ante el aumento de habitaciones compartidas. Un alineamiento de circunstancias que alimenta un mecanismo de acumulación de capital: la miseria estructural de millones de personas se convierte en mano de obra barata y en mayor rendimiento para los especuladores.
A todo ello viene a abundar otra práctica, no novedosa pero sí intensificada ahora: la compra de empadronamientos en grandes ciudades. Una actividad prohibida pero que se ofrece a la picaresca. Si ustedes repasan los anuncios por palabras relacionados con el alquiler, o las redes sociales, habrán observado que ya se ofrecen sin tapujos ofertas de alquiler de habitaciones «con empadronamiento».
A esta tormenta perfecta de la miseria se añade otro ingrediente, que es el comienzo del plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes. Solo para las peticiones telemáticas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió en las primeras 24 horas 13.500 solicitudes, así como la reserva de 19.633 citas para hacer las peticiones de forma presencial a partir del lunes 20.
La cuestión se resume en que el conjunto de factores estructurales (crisis de vivienda + laberinto administrativo + regularización extraordinaria de inmigrantes) convierten un derecho básico y gratuito como el empadronamiento (el derecho a habitar en alguna parte y ser reconocido como ser humano) en un “negocio” ilegal, especialmente para migrantes.
¿Cómo se llega a esta situación?
El empadronamiento es obligatorio, un trámite gratuito que da acceso a sanidad, educación, ayudas sociales, voto local y, también, gestiones de extranjería. Muchas personas (principalmente migrantes en situación irregular) no pueden conseguirlo por vías legales (por poner un ejemplo, las miles de empleadas internas que son absolutamente invisibles para la Administración pues carecen de contrato en nuestra España de la avanzadísima economía) y recurren al mercado negro. Hay mafias y particulares que “venden” empadronamientos ficticios (en viviendas vacías, sobreocupadas o con autorización falsa). Se anuncian en internet y se cobra en un pago por año o cuotas mensuales.
Informes de sindicatos y asociaciones (como CGT o Sevilla Acoge) documentan que se ha mercantilizado: propietarios o inquilinos principales cobran por “autorizar” el empadronamiento o amenazan con dar de baja si no se paga. Es extorsión que afecta especialmente a migrantes vulnerables.
Existe una clara relación directa con la crisis de la vivienda y los pisos compartidos. Alquileres muy altos y escasez de oferta legal provocan que muchas personas vivan en pisos compartidos, subarriendos informales o habitaciones a 300-400 €/mes (en el mejor de los casos, los precios pueden ser más altos).
Los contratos suelen estar solo a nombre del titular principal, y los subarrendatarios no tienen documento propio. Para empadronarse se exige contrato de alquiler, último recibo o prueba de propiedad del arrendador (o autorización expresa del titular empadronado). En pisos compartidos esto genera hacinamiento y sobreocupación. Los propietarios o inquilinos principales cobran extra por permitir el empadronamiento o por renovarlo periódicamente. Quien no paga, se queda sin padrón, por tanto no existe para las administraciones o pierde su posibilidad de regularización si viene de otro país.
La normativa estatal dice que basta con acreditar residencia habitual (puede ser con declaración responsable, facturas de suministros, informe social, etc.). No se exige permiso de residencia ni contrato formal en todos los casos. Incluso se permite empadronamiento sin domicilio fijo o en infraviviendas. Pero en la práctica se ha endurecido mucho en algunos ayuntamientos. En pisos compartidos se necesita firma del propietario o del inquilino principal empadronado.
En casos como Sevilla, desde donde les escribo, el acuerdo PP-Vox para presupuestos 2026 endureció el control específicamente sobre extranjeros. Introdujeron “protocolo reforzado de comprobación de residencia” (hasta 15 días), más exigencias de identidad y verificaciones. Resultado: denegaciones masivas, bajas del padrón, requisitos absurdos (recibos a nombre del solicitante, firma del propietario, etc.) y atascos en distritos con alta población migrante.
Vox lo justificó como “controlar la inmigración ilegal”. Por su parte, los progresistas añadieron la posibilidad de acogerse a la certificación de vulnerabilidad emitida por los servicios sociales para obtener la regularización, pero esta promesa del certificado ha producido el colapso de esos servicios, que no disponen de personal ni de instrucciones precisas para realizar esa tarea.
Se trata de una performance más dentro del teatro bipartidista. En esa tragicomedia, la parte más a la derecha hace el papel de controlador de los valores patrióticos (falsariamente, porque en realidad son cipayos) y la parte en la teórica izquierda (autopercibida) se arroga el papel de salvador de los derechos humanitarios, aunque es igualmente funcional a los intereses del rentismo.
Es el propio capitalismo el más interesado en que exista inmigración, pero siempre que no tenga los mismos derechos e incluso que sea indocumentada, y por ello plantea una falsa disyuntiva que oculta la verdad sobre la inmigración.
¿Está relacionado con la regularización de inmigrantes prometida por el Gobierno?
La regularización extraordinaria (Real Decreto) para migrantes irregulares que estaban en España antes del 1 de enero de 2026, y acrediten al menos 5 meses de permanencia continua, da permiso de residencia y trabajo. El empadronamiento es la prueba principal (certificado histórico) para acreditar esa permanencia. También valen otros documentos (médicos, contratos, envíos de dinero), pero el padrón es el más sólido y fácil.
La regularización ha disparado la demanda de empadronamientos. Pero justo cuando más hace falta, más gente recurre a la compra fraudulenta para poder regularizarse. Es un círculo vicioso en el que esta normalización de la miseria no es casual.
La mano de obra barata y desesperada (cuya angustia incrementa ese bloqueo de las escasas y ridículas ayudas del «escudo social») mantiene los salarios deprimidos y los márgenes financieros altos. La miseria ya no es un daño colateral debido al «trumpismo» o al empedrado: es el alimento del que se nutre la acumulación de capital, con guarismos de récord. Los mismos actores que encarecen la vivienda y bloquean las ayudas sociales son los que se embolsan los mayores dividendos de la historia reciente.
Observamos una vez más cómo capitalistas y rentistas van de la mano, en un contexto despiadado en el que la parte más frágil de la clase trabajadora sufre el estrangulamiento de sus condiciones de vida, sin nadie que los defienda.
Y comprobamos también como la soberanía de un pueblo es vendida hasta en sus más principales valores, su propio suelo, su propia tierra, o incluso el reconocimiento de existir y poder acceder a los derechos más básicos, valores que se sacrifican sin el menor pudor en el altar de las rentas de los especuladores.
