Cerca de un millar de vecinos se manifestaron el pasado sábado en protesta por el próximo inicio de las obras de la urbanización turística «Cuna del Alma», que pretende levantarse sobre el Puertito de Adeje, una zona costera situada al sur de Tenerife y en la que persisten algunas especies protegidas. Unas obras que organizaciones ecologistas han logrado postergar durante unos años, gracias a denuncias basadas en estudios e informes que advierten del destrozo medioambiental que significaría, pero que ahora parece inminente e irremediable.
Organizaciones vecinales convocaron la marcha con lemas como «la playa no se toca», hasta el perímetro que la empresa constructora mantiene vallado el terreno donde se edificará la promoción turística, y como protesta desmontaron varios metros de tramo del vallado. Los vecinos consideran que este terreno de importancia natural puede ser respetado y mejorado con otro uso, por lo que han presentado un proyecto que demuestra que los terrenos podrían ser expropiados por la administración por un valor medianamente asequible y posteriormente empleado para intereses científicos y ecológicos.
El acto de desmontar las vallas evidencia un fuerte compromiso de los vecinos que participaron en la protesta, pues puede suponer un acto de desobediencia civil para el que caben sanciones de fuerte cuantía, pese a que hace unas semanas miembros del Gobierno anunciaron algunos cambios en la conocida como «ley mordaza». La protesta ciudadana sigue siendo hoy un deporte de riesgo para el bolsillo medio. A pesar de ello, movilizaciones como la del Puertito de Adeje muestran que la defensa del propio territorio, canario en este caso, es un impulso capaz de agrupar a centenares de vecinos unidos por una causa común.
Este rechazo a proyectos especuladores como «Cuna del Alma» ponen de manifiesto que, además de la preocupación por los evidentes daños medioambientales, existe una incipiente preocupación por un modelo económico que cada vez es más incapaz de esconder que sólo beneficia a unos pocos y que, en cambio, supone la condena a una mayor explotación en los empleos que requiere el negocio turístico para la clase trabajadora. Y, además, lleva al extremo a la especulación del valor del suelo, en favor del capital, que de este modo logra acumular beneficios de manera exponencial, al tiempo que un bien necesario como la vivienda digna se convierte en un lujo inalcanzable para la mayoría de trabajadores.
Compartíamos en este medio, hace pocos meses, las actuaciones de plataformas vecinales canarias como Canarias se agota, que señalan que no se trata de un problema reciente sino que viene siendo arrastrado desde hace décadas, e incluso que proviene de la propia historia de las islas. «El turismo supuso una mejora en la calidad de vida de varias generaciones de canarios y canarias -explicaron portavoces de Canarias se agota-, quienes alcanzaron a amasar las migajas sobre el mantel que el sustancioso pastel turístico deja tras el reparto entre los «dueños» del negocio. No obstante, el precio a pagar por los desmanes de un desarrollismo sin reglas nunca compensará dichas «ventajas» alcanzadas con respecto a tiempos pretéritos».
«Es decir, para la patronal «viento en popa a toda vela” -explicaron desde la platadorma-, pero para la clase obrera y las masas populares cortes de luz y de agua para beber y para regar los cultivos, falta de vivienda y alquileres por las nubes, la cesta de la compra cada mes más caro, el trabajo precario y con sueldos de miseria».
El problema fue ampliamente expuesto y aclarado en una entrevista también realizada en este medio a Victor Onésimo Martín, profesor de la Universidad de la Laguna y especializado en el estudio sobre la importancia del valor del suelo. En ella el profesor advertía: esto es una «avanzadilla» de lo que se vivirá en el resto del territorio español. Los resultados de la investigación científica de expertos como nuestro entrevistado llevan a la conclusión de que han convertido a la Comunidad Canaria en un paraíso fiscal, en el que los poderes políticos atraen la llegada de poderes económicos bajo dos premisas: la baja fiscalidad y el abaratamiento de los costes laborales.
Y en esta situación nos encontramos, en lo que parece ser el agosto de los especuladores, el mejor momento para los rentistas y acaparadores de terreno, para los emprendedores del negocio rápido y de temporada, a costa de la sobre explotación de trabajadores y trabajadoras en empleos cada vez más precarios e indefensos.
Ante ello, la última barrera que nos separa es la de la movilización de los propios interesados, los vecinos. No parece haber un interés en las Administraciones -ya sean locales, autonómicas o estatales, no vale aquí pasarse la patata caliente- en resolver el asunto más que paliando el daño con medidas que acaban siendo ineficaces. Tampoco los sindicatos mayoritarios encuentran en el problema de la vivienda un asunto para convocar una huelga general, así como tampoco lo han encontrado en el paro o en el expolio de la sanidad pública.
El poder de los intereses comerciales que se esconden tras las entidades empresariales, como las del ejemplo del Puertito, es un poder enorme. Pensemos que tras ellas se encuentran capitales de una fuerza tan arrolladora como el fondo de inversión BlackRock, poseedor de gran parte del suelo y la vivienda con que los bancos y grandes empresas especulan. Fondos de inversión que encuentran también un gran beneficio en que vivamos en una situación de guerra permanente contra inciertos enemigos, pues para el negocio de las armas los Estados sí disponen sin problema de miles y miles de millones.
Sin embargo, la esperanza se conserva en reservas naturales como las plataformas ciudadanas, pues la mayor fuerza que existe en el mundo es la del pueblo que lucha unido y la de la clase obrera organizada. Que nunca se pierda al menos esa semilla, o la barbarie especuladora no tendrá freno.
