CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, publicó el 25 y 29 de mayo unos artículos hablando de “transdiscapacidad”. En dichos artículos informan de que el Consejo de Ética está elaborando un documento para posicionarse sobre este fenómeno social. ¿Existe realmente este fenómeno?
CERMI va a posicionarse sobre si la discapacidad es un deseo o una realidad objetiva.
Me llama la atención que digan que existe ya un debate social sobre esto cuando, yo misma, como madre de una niña con parálisis cerebral severa, estando en este “mundillo” de la discapacidad, en reuniones, foros, manifestaciones… jamás he visto a nadie que se declare “transdiscapacitado”.
Para quien no entienda el concepto, significa que alguien puede desear tener una discapacidad o identificarse con tener una discapacidad, aunque mantenga todas sus funciones orgánicas. Si existe alguna persona que cree que pueda ser ciega, o sorda, o le falten brazos o piernas, o que no pueda caminar, o comer, manteniendo todas estas funciones intactas, estamos hablando de un asunto de salud mental, que debe ser atendida debidamente. Si es por una cuestión de deseo o mimetismo, hacer de la discapacidad un fetiche es un insulto a las personas con discapacidad y sus familias.
Hay algunos casos de hombres que dicen necesitar silla de ruedas que además creen ser mujeres, pero están perfectamente sanos. Habría que estudiar las motivaciones de estas personas. ¿Es un fetiche? ¿Están fingiendo? Si es así, el CERMI debería estar denunciando estos casos, no debatiendo si validarles estas fantasías. ¿Es un trastorno mental? Entonces debe ser abordado clínicamente y seguir los cauces habituales para determinar si se puede certificar la discapacidad psíquica.
Pilar Villarino, directora ejecutiva de CERMI, según este artículo, dice que ha planteado propuestas y mejoras para actualizar el Código Ético y que la redacción de éstas se derive del texto de la Ley trans de Irene Montero. Es decir, lo que está proponiendo es la “autodeterminación de la discapacidad”. Porque la Ley trans de Irene Montero, y por lo que hemos peleado, denunciado y hemos sido perseguidas las feministas, ha sido precisamente por legalizar la “autodeterminación del sexo”, el borrado jurídico la categoría sexual. Lo que la señora Villarino quiere proponer es que, en un futuro, se articule, quizá en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social algo parecido a esto:
“Toda persona de nacionalidad española podrá solicitar por sí misma la valoración de la discapacidad, este ejercicio en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico. La persona que desea o se identifica con una discapacidad, será tratada a todos los efectos jurídico como persona con discapacidad”.
Esto que parece ficción, también lo era antes de la aprobación de la ley de autodeterminación de sexo de Irene Montero, y ahora, cualquier varón puede declararse mujer por voluntad propia, sin presentar informes médicos ni psicológicos, y es considerado mujer a todos los efectos legales. ¡Todavía hay quien no ha pensado en las consecuencias jurídicas de esta tropelía!
Pues ahora, CERMI, nada más y nada menos, da crédito a la “transdiscapacidad”, es decir, que pretenden considerar personas con discapacidad a aquellas que lo deseen o se identifiquen con una. El mero hecho de que CERMI abra este debate me parece un tiro en el pie hacia el colectivo de personas con discapacidad y sus familias. Puesto que, si cualquiera puede sentirse persona con discapacidad, la discapacidad, que es la causa de nacimiento de derechos específicos regulados en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, dejan de tener sentido, y, por consiguiente, los recursos, que son limitados, pasarían a disposición de toda la población. Es decir, volvemos a la casilla de salida.
La discapacidad, según la ley 1/2013, es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
En septiembre, CERMI publica otro artículo sobre “transdiscapacidad”. Agustina Palacios, abogada argentina, dice que la “transdiscapacidad” en primer lugar se vería como un trastorno mental, y dice que la comunidad de personas con discapacidad rechaza esta “perspectiva” y alude a los “derechos humanos”. ¿Desde cuándo rechazar los trastornos mentales es cuestión de derechos humanos? ¿Es que están fomentando algún estigma sobre las personas con trastorno mental? Estas reflexiones que se leen en la web de CERMI son gravísimas.
Esta abogada también dice que la segunda línea de pensamiento es que se finja tener una discapacidad. Es lo que en el ámbito del feminismo ya conocemos como los “transjetas”. Si ella se permite decir estar paparruchas, yo voy a tomármelo con humor y picardía. Permitídmelo. Las personas con discapacidad y sus familias tenemos que presentar informes de todo tipo a los tribunales de evaluación de la discapacidad precisamente para que se haga una valoración objetiva y justa de la disfuncionalidad de las personas.
La última línea de pensamiento que plantea Palacios es el de la identidad. Este es el quid de la cuestión para el activismo trans. Hacer de una realidad orgánica una identidad. Ella apela a que las personas con discapacidad, siendo importante esta condición en sus vidas, terminan construyendo tu “identidad” alrededor de la discapacidad. La identidad es la construcción psicológica de “quién eres”: tu forma física, tu clase social, tus gustos, tus rasgos psicológicos… Pero eso no significa a que esta experiencia individual y colectiva de las personas que tienen discapacidad y sus familias sea extensible a aquellas que no tienen discapacidad, aunque lo deseen y se mimeticen con ella. Una cosa es construir tu identidad en base a tu realidad orgánica, y otra es mimetizar una condición y construir una identidad falsa sobre ese mimetismo.
Para evaluar la discapacidad hay que presentar informes médicos y psicológicos porque es una realidad orgánica. Podemos discutir si los tribunales tratan con dignidad a las personas con discapacidad y a sus familias o están deshumanizados, pero esa es otra cuestión.
En el momento en el que escribo estas líneas, CERMI ha borrado el artículo llamado “Trans-dis-capacidad ¿condición mental, artilugio oportunista o rasgo de identidad?” así que no puedo releerlo y lo hago de memoria. Pero en él se planteaban cosas como que actualmente hay personas que se inyectan bótox u hormonas para provocarse un problema de salud y tener una discapacidad, y valoraba la opción de que el Estado asumiera esas intervenciones. El planteamiento se quiere hacer pasar por una cuestión de “derechos humanos” pero realmente lo que abre es el negocio para validar las fantasías y fetiches de unos cuantos y que sea financiado por el sistema público de salud. No es un derecho humano someterte a cirugías para tener discapacidad, eso es mala praxis e inhumano, aunque la persona lo desee. Si alguien desea vivir en silla de ruedas no es ético seccionarle la médula espinal en un quirófano. Si alguien con un trastorno mental diagnosticado desea ser ciega, no es ético que tu psicóloga te eche ácido en los ojos. También ha eliminado el artículo del nueve noviembre en el que parece que se ratificaba en su postura, pese al rechazo que se estaba manifestando en redes sociales en estos días.
En mi opinión, este debate que ha abierto CERMI, y que además está llevando a cabo para la publicación de un documento en el Consejo Ético es gravísimo debe abandonarse. Va en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Es una falta de respeto a las personas con trastorno mental que por sus esquemas mentales desadaptativos, creencias erróneas o ideas delirantes desean mermar sus funciones físicas o mentales. Éstas deben ser protegidas a veces de sus propias ideas.
No entra en las funciones de CERMI dar crédito a los fetiches de algunas personas que creyendo que pueden mimetizar la discapacidad muestran su desprecio hacia este colectivo. CERMI debe proteger los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Si no, esta organización habrá perdido toda su reputación, fuerza y representación.
Pido a todas las personas con discapacidad, asociaciones de personas con discapacidad y familias, que se pongan en contacto con CERMI para pedirles que abandonen este camino y no asuman posiciones transactivistas alejadas de la realidad orgánica y material del colectivo y que depuren responsabilidades de estos actos. La discapacidad no es un sentimiento, ni un deseo ni una identidad.
