Cui bono

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“Cui prodest scelus is fecit” – Medea (Séneca el joven)

La relación entre la política y la economía es, en primer término, epistemológica. Una idea o planteamiento político se justifica mediante su expresión económica. Una propuesta política es correcta solo si es económicamente factible, coherente y deseable. De lo contrario, la propuesta política deber ser desechada.

Ante lo anterior la pregunta siempre es la misma: cui bono, ¿quién se beneficia de una política determinada? He aquí una pregunta de carácter netamente económico. El beneficio, ese es el estándar de veracidad que se establece para toda propuesta política. Por eso hay propuestas de izquierda y de derecha. Las propuestas de izquierda tienen como objetivo principal favorecer los intereses de los asalariados, la mayoría de la población, y con ello mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Las propuestas de derecha solo conciben mejoras sociales mediante la defensa de los intereses de los propietarios de los medios de producción privados.

Desde el 24 de octubre conocemos el pacto de gobierno de 48 páginas entre el PSOE y SUMAR para la próxima legislatura que lleva por título España avanza. Para responder a la pregunta de a quién beneficia el acuerdo debemos acudir, tal y como se ha dicho, a su expresión económica. A este respecto, las páginas más relevantes son la número 6, 11, 16, 47 y 48.

No llevaré al lector a ciegas hasta el final del artículo. En mi opinión, el acuerdo no beneficia a la mayoría asalariada ni supondrá una mejora de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Por el contrario, la oligarquía económica respira aliviada, ya que el documento mantiene el statu quo actual en el que el sector privado tiene potestad para decidir tanto el nivel de paro como de inversión.

Página 6: “Impulsaremos una reforma de las reglas fiscales europeas que permita conjugar la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo y la sostenibilidad de las cuentas públicas con el crecimiento económico, la creación de empleo y una ambiciosa agenda de inversiones sociales, verdes y digitales.”

Esta primera cita basta para desacreditar el documento en su conjunto. La estabilidad presupuestaria significa que las administraciones públicas no gastarán más que lo que se recaude en impuestos. Esto no aumenta la sostenibilidad de las cuentas públicas ni favorece el crecimiento económico ni crea empleo ni incrementa las inversiones.

Recordemos que el sector privado solo tiene dos fuentes de ahorro neto: el gasto público y las exportaciones. Si el gasto público es igual a la recaudación de impuestos el ahorro neto del sector privado es por esta vía igual a cero. Si además, debido a la crisis económica en la UE, se mantiene la tendencia de reducción de las exportaciones españolas, el único resultado posible es la pérdida de ahorro neto en el sector privado.

Por consiguiente, la cita de la página 6 es, simple y llanamente, mentira. Para crear empleo y crecer primero tiene que haber inversiones por parte del gobierno superiores a la recaudación de impuestos, es decir, deficitarias. Esto es lo que a continuación permite un aumento del ahorro por parte del sector privado igual al nivel de déficit. Una vez recorridos los dos pasos anteriores en ese orden es cuando el sector privado puede crear empleo y realizar nuevas inversiones productivas.

Lo anterior no pone en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas, siempre y cuando el gasto del gobierno se produzca en moneda nacional. En calidad de emisor soberano de moneda nacional, el gobierno puede sostener cualquier nivel de déficit presupuestario durante un tiempo indefinido, ya que no necesita ni emitir deuda ni recaudar impuestos para poder llevar a cabo su gasto. El pacto entre el PSOE y SUMAR ignora cobardemente este hecho y opta por la mentira neoliberal que vincula la sostenibilidad de las cuentas públicas con el equilibrio presupuestario. Una opción de izquierda honesta nunca haría eso, sino que abordaría la única salida posible a la crisis económica: la salida del euro y la recuperación de nuestra soberanía monetaria.

Página 11: “Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales.”

Esta propuesta se realiza sin un plan de trabajo garantizado en el sector público (que sólo sería posible mediante la recuperación de la soberanía monetaria). Por tanto, la decisión del nivel general de paro se deja en manos privadas. Esto significa que los empresarios elegirán opciones que eviten pagar lo mismo a sus trabajadores por menos tiempo trabajado. Esas opciones serán reducir plantillas y producción, empeorar la calidad de los contratos y flexibilizar aún más las jornadas laborales con medidas que el acuerdo lamentablemente no elimina (por ejemplo, los turnos partidos o la doble jornada). Solo la existencia de una alternativa laboral pública y garantizada (el trabajo garantizado fruto de la soberanía monetaria) permitiría que una medida como la del acuerdo, que sin duda sería deseable, tuviera el efecto supuestamente buscado.

Página 16: “Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente […]”.

Las consecuencias económicas y medioambientales de esta cita serán catastróficas. La sumisión del gobierno actual a las políticas golpistas de la OTAN y de la UE en Ucrania ha dificultado la compra de materias primas y recursos energéticos rusos. Además, la sumisión del gobierno a los designios de la dictadura marroquí ha empeorado las relaciones españolas con Argelia, lo cual está dificultando la importación de recursos energéticos argelinos. Esto pone en peligro el suministro energético de nuestro país. Cerrar las centrales nucleares en este momento sería económicamente suicida. Las energías renovables de las que habla el acuerdo no podrán sustituir ni remotamente a la energía nuclear y seguirán dañando nuestra fauna, nuestra flora y nuestros suelos.

En mi opinión, lo acertado sería apostar por inversiones en energía nuclear que fueran encaminadas a lograr la soberanía energética de España. Deberíamos seguir el modelo energético de Rusia, que está realizando enormes avances en el reciclado de residuos nucleares, y sobre todo de China, que está desarrollando la energía nuclear basada en el torio y ya ha abierto su primer reactor mediante ese tipo de tecnología. De nuevo, la posibilidad de realizar estas inversiones y reducir el nivel de emisiones contaminantes a la atmósfera solo sería posible mediante la recuperación de la soberanía monetaria.

Página 47: “Abogaremos por una mejor gobernanza económica en la Unión Europea al servicio de las personas con una reforma ambiciosa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento […]”.

Llama la atención la vaguedad de esta formulación en comparación con la claridad y extensión del resto de propuestas. Esto delata a los firmantes del acuerdo. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) volverá a entrar en vigor en diciembre de este año. Con ello se volverá a establecer el límite de déficit público en el nivel del 3%. Posiblemente sea la regla más dañina de la UE, sobre todo para los países del sur de Europa. En España, donde la tasa de paro U6 alcanza el 19,7%, cualquier política de pleno empleo y de bienestar necesitaría incurrir en un déficit muy superior al 3%.

Antes señalábamos que las dos únicas fuentes de ingresos del sector privado son el déficit público y las exportaciones. En la UE, el PEC es el instrumento que utilizan los países exportadores netos para evitar que los países del sur (históricamente importadores netos) se puedan convertir en competidores, ya que arrebata a los gobiernos la decisión soberana sobre su nivel de déficit público. Esta falta de soberanía se ve compensada en el norte y el centro de Europa mediante grandes superávits en la balanza de pagos. En el sur, donde los déficits en la balanza de pagos son habituales, las consecuencias económicas y sociales son nefastas.

Creo que una política de izquierdas debe mantener que el nivel correcto de déficit público es aquel que garantiza, mediante la soberanía monetaria, el pleno empleo y la estabilidad de precios permanente, lo cual es incompatible con cualquier limitación del déficit.

Decir que se abogará por reformar el PEC es lo mismo que no decir nada, ya que la reforma del PEC sólo es posible mediante la unanimidad de los países miembro. Esa unanimidad nunca se producirá. Por tanto, el PEC nunca será reformado. Además, habría que preguntarse qué reforma es la que se pretende hacer. ¿Le gustaría a un gobierno de PSOE y SUMAR que el límite del 3% aumente o disminuya? No lo sabemos porque no nos lo dicen (les da igual, saben perfectamente que la reforma no se va a producir).

Página 48: “Defenderemos el apoyo y la solidaridad integral con Ucrania en respuesta a la injustificada agresión rusa […]”.

Como colofón a todo lo anterior, en la última página del acuerdo nos encontramos con esta cita. El electorado de izquierda debe entender que desde el punto de vista económico esta propuesta tiene una consecuencia que va en contra del bienestar de la inmensa mayoría de la población: el aumento del gasto militar hasta (como mínimo) el 2% del PIB en 2024. Ese fue el acuerdo que se tomó en la cumbre de la OTAN de 2014.

España acabó el año 2022 con un gasto militar del 1,09% del PIB, muy lejos todavía de lo acordado. Tras el comienzo de la operación militar especial rusa, la OTAN exigió a todos sus miembros que cumplieran con este acuerdo. Un gobierno de PSOE y SUMAR estaría dispuesto a ello.

El acuerdo entre el PSOE y SUMAR no aumentará el nivel de empleo, no incrementará las inversiones, no mejorará los salarios, pero aumentará su gasto militar para plegarse a las demandas de la OTAN a la vez que aboga por el equilibrio presupuestario. No describiré la profunda repulsión que me produce esto (tuve oportunidad de hacerlo en el artículo llamado DARVO) pero sí diré que, desde el punto de vista económico, el acuerdo entre PSOE y SUMAR no defiende los intereses de los asalariados y de la mayoría trabajadora del país, sino los intereses de la oligarquía económica a los pies del neoliberalismo de la UE y del militarismo terrorista de la OTAN.

Euro delendus est.

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