El Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunció hace días que iba a llamar por teléfono a 2.000 mujeres a las que se realizó una mamografía, pero podían estar afectadas por un error en el cribado del cáncer de mama. Asociaciones de mujeres dieron la voz de alarma a través de las denuncias de usuarias a las que se les desarrolló un tumor sin que tuvieran un aviso del programa de cribado.
¿Es inapropiado relacionar los casos concretos con el análisis del imperialismo? Los problemas derivados de la atención sanitaria son fáciles de achacar al sistema capitalista, pues por poco que se raspe en su superficie se encontrará una clara relación con los recortes y privatizaciones, que afectan en especial a la clase trabajadora. Pero ¿se puede ir más allá y encontrar la articulación con las dinámicas imperialistas?
En este y los anteriores artículos se trata de evidenciar cómo es posible observar en las contradicciones de la actualidad la influencia imperialista, de modo que el imperialismo, como concepto, no devenga en ese ente difuso e impreciso que propalan los políticos de los partidos autopercibidos como izquierda, y que tan beneficioso resulta al propio interés imperialista. Las anteriores entradas son:
1 El falso embargo de armas al genocidio
2 La represión sindical y la Ley Mordaza
3 Las elecciones en el entorno UE
El caso concreto del error del cribado de cáncer de mama no es puntual
El fallo sistémico reconocido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, produjo como consecuencia que muchas mujeres no fueran llamadas a tiempo para sus mamografías. Hablamos de retrasos diagnósticos con un impacto devastador. Según la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Amama, hay varias mujeres muertas debido a los retrasos y también casos de mastectomía.
Es un ejemplo trágico y concreto de cómo los fallos sistémicos, agravados por las políticas de austeridad y las dinámicas de privatización, tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas, especialmente las que pertenecen a la clase trabajadora (y en este caso además las que sean mujeres, para las que el capitalismo pone énfasis en lo que se refiere a su rol en los cuidados, pero no así en cuidar de sus necesidades sanitarias). Este error no puede entenderse como un simple «fallo técnico» aislado. Es la punta del iceberg de un sistema sanitario debilitado por lógicas más amplias.
El Sistema Sanitario Público andaluz, SAS, como el del resto de España, sufrió recortes profundos tras la crisis de 2008, impuestos por la lógica de la austeridad europea. Durante años no se convocaron plazas para personal sanitario, que generó una sobrecarga laboral y una precarización del empleo (aumento de subcontratas y empleos temporales). Asimismo los recortes en inversión o mantenimiento, la falta de fondos lleva a retrasar la modernización de sistemas informáticos o de maquinarias.
El sistema sanitario español es un servicio público y universal digno de admiración a nivel internacional, pero que convive en una compleja arquitectura con los intereses privados. Las empresas que conforman ese sistema sanitario son de capital público pero coexisten en el entorno del derecho privado. Es decir, hay resquicios para eludir las restricciones de la contratación pública (porque produce mayor flexibilidad, según argumentan las empresas privadas) y tener plantillas con condiciones laborales diferentes (siempre peores) que el personal estatutario.
Algunas de las empresas que se lucran con la externalización masiva de servicios del SAS son por ejemplo Quirón Salud, con varios hospitales en el territorio andaluz y que está relacionada con fondos de inversión alemanes o con la británica CVC Capital Partners; también el grupo ASISA, que aparte de poseer hospitales con conciertos en Andalucía recibió recientemente cerca de 5 mil millones de euros del Gobierno para sostener Muface; la empresa Vithas, también relacionada indirectamente con fondosde inversión como Capital Partners; por poner un último y curioso ejemplo, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, cuyo especial caso dentro de la idiosincrasia española quizás daría para otra entrada aparte.
En conclusión, el escándalo del cáncer de mama en Andalucía es un síntoma de un sistema enfermo. La lógica del capitalismo dentro de la UE (austeridad, eficiencia mercantil) debilita la estructura pública a través de la subcontratación. Este debilitamiento crea las condiciones para que se cometan errores graves y, al mismo tiempo, justifica una mayor externalización hacia empresas privadas (muchas de ellas propiedad de fondos de inversión internacionales) que precisamente se presentaron como la solución de gestión eficiente. Un verdadero círculo vicioso.
La relación con las dinámicas imperialistas
Partiendo de la premisa que nos marcamos desde la primera entrada de esta serie, de que el imperialismo hoy opera principalmente a través de la dominación financiera y geopolítica (más que mediante la ocupación colonial directa o la fuerza militar bruta -aunque no siempre, recordemos Palestina, Siria o el Sáhara-), encontramos que el imperialismo se presenta en países europeos como España a través principalmente de dos circunstancias:
- la carencia de soberanía democrática: las decisiones clave de política económica (especialmente tras la crisis de 2008) son impuestas por instituciones no electas como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional (todas forman al artista antes conocido como Troika). Las recomendaciones (exigencias) de estas instituciones convierten a los gobiernos nacionales en meros gestores de los intereses del entorno atlantista.
- la dependencia estructural: España, dentro de la división europea del trabajo, se especializa en sectores como el turismo y los servicios de bajo valor añadido, mientras que el núcleo industrial y financiero (Alemania, Francia) concentra la toma de decisiones y el valor añadido. Esto supone una verdadera subordinación, pues la economía de España queda supeditada a los intereses geoestratégicos de Washington. Esto es particularmente visible en el apoyo incondicional a posturas en conflictos (como Ucrania) y a los créditos de guerra (gasto militar) que se justifica como una necesidad de «seguridad colectiva» hacia supuestos enemigos como Rusia.
La sanidad, como pilar del Estado de bienestar y un sector que representa una parte enorme del PIB y del empleo, es un objetivo clave para esas dinámicas de financiarización y austeridad, exigidas por la UE como órgano representante de la OTAN. En el caso de la sanidad vemos claramente los siguientes factores:
- La Austeridad como mandato financiero, a través de la condicionalidad de los Fondos Europeos. Las fuentes de inversión y la dependencia monetaria del euro hacen que las economías de los países de la UE estén condicionadas a fuertes recortes presupuestarios. La sanidad pública fue uno de los objetivos principales, no como una «sugerencia», sino como un imperativo tecnocrático.
- Como garante de esa austeridad, pende la espada de Damocles de los Pactos de Estabilidad y Déficit, las reglas fiscales de la UE (Pacto de Estabilidad y Crecimiento) que obligan a los gobiernos españoles a contener el déficit público. Dado que la sanidad es la mayor partida en los presupuestos, es el primero en sufrir recortes cuando hay que cumplir con Bruselas. Se reduce la inversión por habitante sin importar si ello conlleva menoscabo en la salud de los ciudadanos (que si no pertenecen a las masas más depauperadas de la clase trabajadora podrán permitirse seguros privados).
- El Relato de la «eficiencia» presenta a la Sanidad no como una inversión asumible por un Estado soberano sino como un enorme gasto. Se vende la privatización y los recortes no como un desmantelamiento, sino como una «modernización» y una búsqueda de «eficiencia». Se importa un lenguaje corporativo («pacientes-cliente», «centros de coste», «productividad») que oculta el valor esencial de la sanidad como derecho. Obviamente, se esconde que la «eficiencia» significa reducir personal (acumulación de capital a través de la hiper explotación), aumentar las ratios paciente-sanitario y una degradación general de la calidad asistencial.
- En menor medida pero también interesante es señalar la culpabilización a lo público y a sus usuarios. A través del relato que responsabiliza al «derroche» de lo público y al «mal uso» que hacen los ciudadanos (inmigrantes en situación irregular, personas mayores con múltiples patologías) de la supuesta insostenibilidad del sistema. Sistema que en una sociedad sana y normal entendería como lógico y natural invertir en sus personas mayores y en los inmigrantes regulados que llegan al país a colaborar con su trabajo.
Así pues la Sanidad Pública como «Marca España» presenta una grave contradicción: mientras se desangra internamente con recortes, se utiliza la excelencia de la sanidad pública española (su alto nivel de profesionales, su capacidad de respuesta en trasplantes, etc.) como un elemento de prestigio internacional.
La ley 15/97 como arquetipo de la opresión imperialista y por qué los Gobiernos «de Progreso» no la han derogado
Este aparato de medidas represivas foráneas obligaron a España a reducir su déficit a un ritmo muy acelerado, por la vía rápida de recortar el gasto. La sanidad, transferida a las comunidades autónomas y con un presupuesto enorme, fue un blanco muy apetecible.
Las reformas estructurales que hemos comentado se llevaron a cabo para «flexibilizar» y «privatizar» sectores clave para hacer que la sanidad fuese «más competitiva», entendida como una cuestión financiera. Esto se tradujo en externalización de servicios (lavandería, limpieza, catering, incluso diagnósticos y quirófanos, que pasaron a manos privadas) y leyes como la 15/1997 (de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión), creada en comandita por PP y PSOE.
¿Por qué los Gobiernos «de Progreso» no las derogan si fue una de sus promesas?
Un gobierno español, para ser aceptado como jugador dentro del tablero occidental, debe cumplir con las normas de déficit y deuda impuestas por Bruselas. La Comisión Europea ejerce una vigilancia constante. En este marco, revertir procesos de externalización y recuperar servicios en la gestión pública directa supone aumentar los costes a corto plazo, que como hemos mencionado está prohibido por los techos de gasto de la UE.
Además, impedir la privatización supone rescindir contratos con multinacionales como Vithas o Quirónsalud, lo que conlleva costes de indemnización millonarios, que se contabilizan como déficit inmediato. Para Bruselas, esto es un horror en la ortodoxia económica: La lógica predominante en la UE es que la gestión privada es más «eficiente». Cualquier movimiento hacia la remunicipalización (hacia cualquier cosa en general que dispute el sacrosanto derecho a la propiedad privada y al comercio libre) se censura y se impide.
El proceso de privatización ha creado poderosos grupos de interés muy difíciles de contrarrestar. Intereses empresariales de tamaño gigantesco con un volumen de negocio enorme dependiente de los conciertos con la sanidad pública (recordemos el últimatum de empresas como ASISA al Gobierno para mantener Muface). Poseen equipos legales, lobbys capaces de «atraer» hasta a políticos de la supuesta izquierda y poder de influencia mediática.
Una vez en el gobierno, en ese monopolio político del que se hablaba en la anterior entrada de esta serie, los partidos se enfrentan a la cruda realidad de gestionar un sistema sanitario coaccionado. La sanidad privada concertada actúa como un colchón que absorbe la demanda insatisfecha del sistema público. Cuando las listas de espera se disparan, derivar pacientes a un hospital privado (pagando con dinero público) es una solución rápida y aparentemente barata a corto plazo para aliviar la presión política y mediática.
Para estas coaliciones «de progreso», la derogación de las leyes de privatización (así como las leyes de vivienda, la ley mordaza, las reformas laborales) son promesas que se diluyen en los pactos de gobierno y se convierte en medidas más suaves como «frenar nuevas privatizaciones» o «reforzar lo público». Esto se produce porque ni la autopercibida izquierda ni la derecha podrán jamás tocar tocar el andamiaje legal existente, en el que España carece de soberanía y se encuentra sometida a los intereses imperialistas de la UE y la OTAN.
Al final, la promesa de derogación de estas leyes es falsa, choca con la realidad de que, en el marco UE-OTAN, la sanidad privada se ha convertido en un «socio» estructural del sistema público, y romper esa sociedad se percibe como un riesgo político, económico y de gestión demasiado alto los intereses capitalistas, que son los que priman. La clase trabajadora, en ese entorno, no puede más que resignarse a que el derecho a la salud sigue estando cada vez más mediado por la lógica del beneficio.
Para romper ese círculo vicioso sólo existe una solución: crear el movimiento popular que nos conduzca como país a la salida del entorno atlantista, rechazar las falacias de las guerras otanistas, repudiar los créditos de guerra contra los enemigos inexistentes, impugnar el teatro bipartidista que engaña y manipula a la clase trabajadora e impide que se reviserta al Estado capitalista por uno obrero como paso previo a un futuro socialista.
