En la primera parte de esta serie, identificamos cómo actúa el imperialismo en el asunto del falso embargo de armas al genocidio.
Acordamos, en esa primera parte, que es necesario para la organización de la clase obrera española la identificación concreta del concepto. Aunque la vertiginosa actualidad nos resulte difícil de analizar, no podemos caer en el error de desposeer de su fuerza revolucionaria a un concepto que siempre fue un puntal en la lucha de clases.
Si analizamos la actualidad internacional como si se tratara del tablero de un juego de mesa, es bastante probable que lleguemos a conclusiones incorrectas. El imperialismo no es un concepto difuso, que se debe a las decisiones personales y arbitrarias de mandatarios. A traves del método que aplica los datos materiales a la dialéctica del conjunto, observamos que el imperialismo en la actualidad opera mediante mecanismos más complejos que en tiempos anteriores. Ya no se basa principalmente en la ocupación territorial directa (aunque sigue existiendo, en Palestina, Siria, Sáhara Occidental), sino en aspectos como la dominación financiera y la influencia geopolítica y militar.
Es por ello que nos propusimos analizar cómo se identifica el imperialismo en el caso concreto español, a través de asuntos específicos, que ahora continuamos enfocándonos en la represión sindical:
Imperialismo, recortes y persecución al sindicalismo en la Europa actual
La lógica capitalista: austeridad y competitividad para el capital transnacional
Como convinimos en la entrada inicial, el imperialismo en la Europa contemporánea sigue una compleja estructura de dominación económica y geoestratégica, cuya finalidad es favorecer los intereses del capital transnacional y la alianza Atlántica (OTAN). Esa lógica tiene un impacto directo y profundo en la clase trabajadora y sus representantes, los sindicatos. Es posible desglosar esa estructura en algunos aspectos como:
- Priorizar el interés de los mercados: la Unión Europea actúa como ente subordinado a una arquitectura económica que prioriza la estabilidad monetaria y la disciplina fiscal por encima del pleno empleo y el estado del bienestar. Como es obvio, no lo hace para beneficiar a los trabajadores, sino a los grandes capitales.
- Recortes Sociales y Laborales: Para atraer y retener este capital, los estados compiten en una carrera por depreciar los estándares laborales y fiscales. Esto se traduce en reformas laborales que flexibilizan (precarizan) el despido, debilitan la negociación colectiva y fomentan la contratación temporal, la subrogación y otras tretas. El objetivo es crear una mano de obra «flexible» y «barata». Asimismo los estados ejecutan recortes en el Estado del Bienestar, reducciones en sanidad, educación y pensiones públicas, que sirven para financiar recortes de impuestos a las grandes empresas o aumentar el gasto en otros campos (como el militar, vinculado a la OTAN).
Por tanto es el vínculo con la OTAN y no otro tipo de circunstancia, ya la cataloguemos como imperialista o no, la causa de este despropósito en Europa. Baste señalar el infame aumento del gasto militar, exigido por la OTAN y alimentado por la geopolítica de conflicto, en competencia de recursos presupuestarios con el gasto social.
La seguridad de los países se determina en términos militares sobre supuestas amenazas enemigas, conviertiendo en créditos de guerra todos los recursos que esos estados dejan de emplear en cuestiones que sí son necesarias, dejando en un segundo plano la seguridad social y económica de la clase trabajadora.
La criminalización de la protesta
Si el capital necesita como condición para existir una mano de obra barata y disciplinada, los sindicatos que defienden derechos laborales y organizan huelgas se presentan al capital como un obstáculo. La respuesta del Estado, alineado con estos intereses, no es solo la negociación, sino también la represión y la criminalización.
El capital lleva a cabo esta criminalización mediante un marco legal restrictivo, leyes que limitan el derecho de huelga, establecen servicios mínimos abusivos (que vacían de contenido la huelga, especialmente en servicios públicos) y convierten manifestaciones y piquetes pacíficos en actos sancionables o incluso delictivos.
Otra parte fundamental de la ideología dominante actúa tambíen, mediante la estigmatización mediática. Los sindicatos combativos son presentados en medios afines al Goberno como radicales o violentos, o directamente como enemigos del «interés general» (entendiéndolo como la rentabilidad empresarial). A ello acude la represión policial: la criminalización legal se materializa en una actuación policial que a menudo prioriza la disolución de protestas sobre la protección del derecho a manifestarse, con tácticas que pueden derivar en uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.
El caso español: La Ley Mordaza y los Gobiernos de «izquierdas»
La Ley de Seguridad Ciudadana («Ley Mordaza»)
Fue promulgada en 2015 por el gobierno del PP y el entonces presidente, M.Rajoy, esta ley es la herramienta jurídica clave para la criminalización de la protesta. La norma limita las protestas sociales, regula los comportamientos en espacios públicos y activa mecanismos como multas por realizar protestas no autorizadas, sanciones por grabar a policías durante su trabajo o las llamadas devoluciones en caliente de migrantes en las fronteras.
Durante la campaña electoral de 2023, el PSOE se comprometió con sus socios de gobierno a cambiar las partes más polémicas de la ley. “Defendemos la derogación de la ley mordaza”, dijo Sánchez en los discursos de su investidura. Los partidos satélites del PSOE han intentado modificar aspectos de la norma mediante proposiciones de ley que tratarían de eliminar las devoluciones en caliente, el uso de pelotas de goma, la prohibición de manifestarse ante sedes parlamentarias o la consideración de insultos a la policía cuando hay disculpa pública.
No ha habido hasta la fecha esa derogación ni en su forma parcial. La ley sigue presentando graves dificultades para la protesta popular como una calculada ambigüedad (define infracciones muy etéreas como «alteración de la tranquilidad ciudadana» o «falta de respeto a un agente», que de facto otorga un margen discrecional muy amplio a la policía para sancionar). Establece sanciones desproporcionadas (multas inasumibles para un trabajador y que obliga a la creación permanente de cajas de resistencia cargadas sobre las espaldas de una clase trabajadora ya de por sí pauperizada), que lógicamente disuaden la protesta. Todo ello es un obstáculo para la labor sindical (un piquete informativo puede ser considerado «coacción», y las cargas policiales durante una huelga quedan amparadas por esta ley).
La NO derogación de los partidos progresistas en las recientes legislaturas
Estos partidos hicieron de la derogación de la ley mordaza una bandera electoral, que les otorgó numerosos votos de las personas que les percibían como una opción progresista y hasta de izquierdas. Sin embargo, una vez en el Gobierno (PSOE con Unidas Podemos primero, y luego con Sumar), no la han derogado, se han limitado a proponer una reforma parcial.
En su descargo, estos partidos autopercibidos como izquierda alegan argumentos como que la derogación completa crearía un «vacío legal» en determinados aspectos y que ello provocaría un más perjuicio que remedio. Además, la parte más a la izquierda de la coalición (menos a la derecha) atribuye esta dificultad al hecho de que el PSOE, como partido del régimen, está sujeto a fuertes presiones de los poderes económicos y el aparato del Estado (policía, jueces).
Son excusas. En realidad el verdadero motivo que impide la derogación es que España obedece los dictados de la estructura de dominación económica y geoestratégica, cuya finalidad es favorecer los intereses del capital transnacional y la alianza Atlántica (OTAN), dentro de la lógica imperialista que se ha detallado en los apartados anteriores.
El gobierno sigue los mandatos de su prioridad geopolítica y se alinea con la OTAN y la UE. En un contexto de creciente conflictividad social por los recortes y los créditos de guerra, necesita herramientas para gestionar (y reprimir) el malestar. Derogar la ley mordaza completamente se ve como un riesgo para la «estabilidad», entendiendo la estabilidad como la que se refiere únicamente a los intereses de los grandes empresas y las asociaciones de rentistas.
¿Han escuchado alguna vez a algún miembro de la coalición progresista decir esto? Probablemente no, y en todo caso lo harán de manera retórica, como en la primera entrada referida al supuesto embargo de armas. La dinámica de la coalición sigue una lógica malmenorista que consiste en ir aceptando reformas light, o bien tomar la otra opción de ser coherentes y romper el gobierno, pero esto probablemente llevaría al PP de vuelta al poder, cuestión que en su imaginario bipartidista (importado de EEUU) supone perder su influencia limitada (mal menor).
Conclusión
Las detenciones de manifestantes del Metal en Cádiz durante las huelgas del sector metalúrgico en 2022 y las más recientes este año, demuestran que existe una represión policial muy dura y detenciones y condenas ejemplarizantes contra trabajadores y activistas sindicales. Claramente se aplicó la ley mordaza para criminalizar la lucha legítima por mejores condiciones laborales, ejemplificando cómo la legislación se usa directamente para proteger los intereses de un sector empresarial fuerte. Semejante caso sucede con las «6 de la Suiza» (2024), con personas que llegaron a recibir la amenaza de penas de prisión por un piquete en una huelga, ejemplos de cómo la justicia puede ser instrumentalizada para castigar la lucha sindical, creando un efecto disuasorio.
El imperialismo económico contemporáneo, articulado a través de la UE y la OTAN, genera una presión constante de recortes y precarización. La resistencia sindical a esta ofensiva choca con un Estado que actúa como garante de los intereses del capital.
En España, la Ley Mordaza es la herramienta jurídica clave de esta represión, y la incapacidad o falta de voluntad del Gobierno de Coalición de izquierdas para derogarla demuestra los límites de su proyecto y la profunda influencia de los poderes fácticos (económicos, mediáticos y del Estado) que defienden el statu quo imperialista. Los casos de Cádiz y las «6 de la Suiza» no son anomalías, sino la consecuencia lógica de este marco político y legal.
Se ve como necesaria por tanto la organización fuera de ese marco conformista que limita la dignidad laboral a los designios de intereses imperialistas. La actividad política y sindical que pretenda mejorar las condiciones de la clase trabajadora debe ser rupturista con el Estado que gestiona los intereses de fondos de inversión y grandes capitales de rentistas. El esquema Imperialismo OTAN/UE – Integración Estructural de España – objetivos de los créditos de guerra en detrimento del gasto social – reformas laborales y flexibilización debe romperse o continuará siendo una cadena que nos arrastrará a todos a la miseria.
