¿Y si el gasto en armamento se dedicara a sanidad, educación o pensiones?

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El titular de esta entrada es sin ninguna duda, por su inocente optimismo, absolutamente cándido. Lo reconozco. Es obvio que semejante exigencia, que el gasto en armamento se dedique a esos asuntos, es como hacer un brindis al sol. Y mucho más si esa petición se dirige al Gobierno de España.

No puede esperarse gran cosa de un hemiciclo cuya autopercibida izquierda ha pasado de reivindicar la devolución del rescate de los bancos a ejecutar las exigencias de la Unión Europea. Así, Pablo Iglesias (vicepresidente) firmó el Fondo de Recuperación Next Generation, Yolanda Díaz (ministra) vendió como grandes avances normas alabadas por la Patronal o Enrique Santiago (secretario de Estado) se vanaglorió del ejecutivo que más dinero público ha trasvasado a intereses privados.

Todo ello en un tiempo récord, una marca que es la envidia de anteriores inesperados giros otanistas y europeístas como el de Felipe González.

Permítanme que les aburra durante un párrafo con algunos datos, pueden saltarlo si quieren. El presupuesto de Defensa alcanzó los 12.825 millones de euros para 2023. Es una colosal apuesta en gasto militar que se dedica principalmente a inversiones en armas nuevas. Se estima que ese gasto sea mayor; el año pasado se duplicó de los 12.000 millones presupuestados a los 24.000 millones. Defensa no disimula que esta inversión tiene su base en el compromiso con la UE y con la OTAN. Es una orden directa de Estados Unidos a sus socios de la OTAN para que dediquen no menos del 2% del PIB «en el contexto de la guerra de Ucrania». De pasada, aparte de esto, Bruselas advierte que el Ejecutivo deberá recortar 12.000 millones este año y otros tantos el que viene, para ajustar el déficit público y mantenerlo en los márgenes exigidos por el Pacto de Estabilidad.

Imaginemos una cosa. Supongamos que un líder carismático o un influencer logra que la pregunta de nuestro titular se vuelva viral y sea compartida por miles de españoles. ¡Dediquemos el presupuesto de las armas al gasto público! ¿Qué pasaría?

Sin acudir a la ficción, es decir empleando datos reales de la experiencia reciente e histórica, se me ocurren las siguientes respuestas.

Primero, los miembros del Gobierno tendrían que reforzar el mensaje de que vivimos tiempos en los que la democracia corre peligro frente al «totalitarismo», que es necesario ajustarse el cinturón y apoyar el «frente oriental».

Segundo, si la eficacia de ese mensaje falla, los medios aumentarían las noticias sobre muertes de civiles atribuidas sin ninguna consistencia al enemigo, podrían aparecer en medios noticias sobre incubadoras desconectadas en los «territorios ocupados», informes de organizaciones sobre Derechos Humanos advirtiendo de ejecuciones masivas o movimientos libertarios y coloridos reprimidos con brutalidad.

Tercero, podrían proliferar atendados, en los que comandos autónomos y anónimos volarían nuevas infraestructuras de recursos estratégicos, saltarían otros puentes, se derribarían otras presas, o quizás las instalaciones nucleares se verían afectadas, o los laboratorios de armas biológicas ya existentes.

Noticia del viernes de un medio español, en el que se dice literalmente que «las balas (enviadas por USA) conservan algunas propiedades radiactivas, pero no pueden generar una reacción nuclear como lo haría un arma nuclear». El mal menor de las armas nucleares.

Tampoco descartemos, dentro de la experiencia real, que a ese líder o influencer podrían surgirle denuncias de todo tipo, acusaciones de agresión o corrupción o cualquier escándalo, e incluso su encierro bajo acusación, por ejemplo, de espionaje o de revelación de secretos de Estado.

Esto es, por mucho que se exigiese la inversión de ese dineral en gasto público, esto sería imposible. No podría llevarlo a cabo ningún Gobierno, porque significaría el fin del propio sistema que sustenta a ese Gobierno.

Los Gobiernos sujetos a la disciplina de la OTAN carecen de soberanía, puesto que:

  • Un Gobierno soberano podría crear una oferta pública de vivienda a bajo precio, bien construyéndola o reformando la existente e inutilizada, dando de paso trabajo a cientos de miles de personas. Pero no lo hace porque eso sería un torpedo en la línea de flotación del conglomerado de rentistas españoles, de las empresas inmobiliarias así como de la Bancocracia poseedora de ese tipo de activos.
  • Un Gobierno soberano podría detener la especulación con los productos básicos de la compra, podría dedicar enormes partidas de presupuesto a la Sanidad Pública, a la Educación libre y laica, pero no lo hace porque supondría el fin del negocio más seguro y lucrativo para algunos, aquel que ofrece servicios que todo el mundo va a necesitar antes o después.
  • Un Gobierno soberano podría garantizar las pensiones de todos sus ciudadanos, sin recurrir a falacias como la «hucha de las pensiones», podría como ya hace emitir más deuda, pero ésta está fiscalizada y limitada por el Banco Central Europeo.
  • Un Gobierno soberano podría decidir no participar en una guerra en la que nadie quiere estar, podría exigir que las materias primas necesarias para el sistema productivo no sean las que les impone la OTAN, a precios más elevados o incluso revendiendo el mismo producto ruso a precios más caros, de modo que los precios se disparen hasta aumentar indefinidamente la inflación.

Por eso la pregunta del titular es tan cándida. Podríamos decir aquella estupidez que los tertulianos politólogos dicen cuando los partidos no se ponen de acuerdo para formar Gobierno: ¡les pagamos para que lleguen a acuerdos! Pues ¿por qué no llegan a un acuerdo diplomático y acaban con la guerra?

Antes o después, los trabajadores europeos abrirán los ojos y comprenderán que este sistema capitalista, ese fin de los tiempos y mejor de los mundos posibles, es una gran farsa que no tiene remedio ni reforma, y que es necesario erradicar. La unión de la clase obrera de todos los países tiene en estos tiempos una oportunidad de avanzar hacia ese objetivo,

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