La protesta de las compañeras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Sevilla, que llevan más de una semana realizando una acampada permanente frente a las puertas del Ayuntamiento sevillano, está sirviendo -aparte de ser un ejemplo de lucha y dignidad- para difundir entre la gente conceptos importantes y que muchos desconocen, como son el deterioro intencionado de un servicio básico y esencial, el empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector y su relación directa con el lucro de intereses privados.
A pesar de haber vivido recientemente la traumática experiencia de la pandemia (recordemos las exhibiciones de solidaridad como los aplausos desde los balcones), esos conceptos se diluyen y se ocultan gracias al enorme poder de la ideología dominante. Por eso es interesante volver a ellos y explicarlos en los casos de la actualidad. Es el ejemplo de la acumulación de capital a través del SAD.
Además, ese proceso de acumulación nos parece un arquetipo en el que se reflejan muchos otros, porque es en su esencia el mismo modelo que se sigue en el deterioro y expolio de otros servicios fundamentales como los casos de la Sanidad y Educación Públicas, los servicios sociales, pensiones y otros muchos. De manera que su explicación nos sirve para entender todos los procesos a nivel global que se producen en la cotidianeidad de la lucha de clases.
En un esquema muy escueto, la forma en que se produce ese proceso en el caso del SAD podría explicarse tal como se ve en la siguiente imagen, comparando un servicio municipalizado (y controlado/supervisado por las trabajadoras) frente a la realidad del servicio privatizado, tal como es en la mayoría de municipios:
Qué es la acumulación de capital
El concepto de acumulación de capital se refiere al proceso de acaparamiento de capital que se produce en el sistema capitalista (el sistema en el que vivimos), entendiendo por capital al conjunto de medios que sirven para la creación de un bien o servicio. Es decir, el capital engloba no sólo los recursos monetarios o financieros sino también los bienes de capital (herramientas de trabajo, centros y demás) y el capital humano (capacidad de gestionar una plantilla, así como su capacitación, formación y otros).
Para la economía oficial o del sistema, ese proceso de acumulación es necesario para la sociedad y se lleva a cabo por el esfuerzo de ahorro de los capitalistas o por su especial capacidad de emprendimiento a través de las inversiones. Según esta visión, el proceso sirve para incrementar la producción y desarrollar el empleo.
Es a partir de las teorías marxistas cuando se descubre que esa explicación es equivocada. La crítica marxista del capitalismo demuestra que la acumulación de capital se produce gracias a la explotación de una clase social por otra y la inevitable depauperación de una clase -la trabajadora- en beneficio de la otra clase social -burguesa, capitalista o poseedora de los medios-, de modo que ese determinado orden social se reproduce y permanece en el tiempo.
Ese orden social, revelado de tal modo, explica además no sólo el proceso capitalista en el entorno de un país (en la tendencia al monopolio de los sectores productivos, por ejemplo) sino también sus implicaciones internacionales y a nivel global, como el imperialismo. Sin embargo, los detractores del marxismo entienden que esa crítica es excesiva o desmesurada, cuando no anacrónica o desfasada, como si perteneciera a otra época que no es ya la moderna o como si fuese el desvarío de un iluminado. Veremos a continuación a través del ejemplo de las compañeras del SAD -aunque sería merecedor de un estudio más a fondo- que esa crítica no sólo es actual sino que es imprescindible para entender la actualidad.
En el primer tomo de El Capital, Marx describe cómo se produce esa acumulación de capital en su fase originaria. Si la plusvalía genera acumulación de capital y esta a su vez genera más plusvalía, en una especie de círculo vicioso, tenemos que suponer que en algún momento hubo una acumulación inicial o de origen: «esa acumulación originaria viene a desempeñar el papel que hace en la religión el pecado original. Si en esa leyenda bíblica el hombre fue condenado a vivir por el sudor de su frente, en el mito de la acumulación originaria se nos explica que una élite de personas «trabajadora, inteligente y sobre todo ahorrativa» logró no tener que trabajar para vivir, mientras que otro colectivo de «descamisados, haraganes, que derrochaban cuanto tenían» se buscaron la condena perpetua de tener que vender su propio pellejo para poder vivir.
Esa especie de maldición bíblica, explicada por el especial ahorro, esfuerzo y emprendimiento de unos pocos, se contradice a sí misma, explica Marx, pues se sigue reproduciendo de manera indefinida un sistema en el que perdura «la pobreza de la gran masa que todavía hoy, a pesar de lo mucho que trabaja, no tiene nada que vender más que a sí misma y la riqueza de los pocos, riqueza que no cesa de crecer, aunque ya haga muchísimo tiempo que sus propietarios han dejado de trabajar«.
La acumulación de capital en la actualidad
El proceso de acumulación implica por tanto que deben enfrentarse dos clases muy diversas, de una parte los propietarios de dinero, medios de producción y artículos de consumo deseosos de explotar la fuerza ajena de trabajo; de otra parte, los obreros. Con esta polarización, ese enfrentamiento, se dan las condiciones fundamentales de la producción capitalista, que «presuponen el divorcio entre los obreros y la propiedad de las condiciones de realización del trabajo». Es decir, la producción capitalista reproduce en una escala cada vez mayor la separación entre el obrero y la propiedad de las condiciones de su trabajo.
Esta relación, que era más evidente en los tiempos en que fue escrito El Capital, en la actualidad es explicada por otros autores marxistas como David Harvey, que propone el concepto de acumulación por desposesión, que desarrolla esa teoría hasta las circunstancias actuales, en las que el neoliberalismo reproduce esa acumulación con métodos más sofisticados, como la privatización, la financiarización, la gestión y manipulación de las crisis y las redistribuciones de la renta, que realizan los Estados como entidades gestoras de los intereses del capital.
Para que se entienda con un ejemplo muy claro y cotidiano, el encarecimiento del precio de la vivienda (encarecimiento en realidad de la renta del suelo) que convierte un valor básico en un bien inaccesible para la mayoría y que lo supedita al control de los bancos, a través de hipotecas, o al control de poseedores de viviendas que atan mediante contratos de alquiler abusivos, de modo que los trabajadores quedamos condenados al pago indefinido para poder vivir, mientras sostenemos involuntariamente el sistema financiero, bancario y privado de intereses particulares.
La gestión privada en el SAD
Este servicio es un bien básico en el que se ofrece la asistencia a personas dependientes o mayores (también las bajas por incapacidad en dependientes temporales) en sus domicilios. Se trata de personas que, en muchas ocasiones, están solas y no disponen de ayuda para las necesidades más fundamentales, como el aseo personal, la toma de medicamentos o el seguimiento de citas sanitarias.
La importancia de este servicio tiende a ser cada vez más necesaria, por un lado debido al progresivo envejecimiento de la población española, y por otro lado por el aumento de la pobreza en la población, que impide acceder a esa ayuda por medios personales a cada vez más personas, bien por la imposibilidad directa de no poder asumirlas económicamente, como por la presión en el aumento de los horarios y cargas laborales de los familiares.
Posee otra peculiaridad y es que se trata de un sector ampliamente feminizado, en el que las plantillas están compuestas en su inmensa mayoría por mujeres (en un apartado posterior se especifica el problema concreto de las mujeres).
Este servicio es gestionado por los ayuntamientos, que a su vez perciben unos fondos de los presupuestos públicos. En algunos de esos ayuntamientos el servicio lo gestionan personal también público, a través de empresas municipales, pero en su mayoría los consistorios los ceden a empresas privadas.
En el caso que queremos analizar, el de Sevilla, el presupuesto general para el año 2023 nos indica que la partida dedicada al SAD fue de 66.868.990 euros. Se trata de la cuarta partida en cuanto a volumen de dinero, tras los presupuestos para policía local, transporte urbano y atención social a empleados, por encima de partidas como limpieza viaria, mantenimiento de edificios, salubridad o planes de empleo. Esas partidas suelen proceder en su mayoría, 80%, de las comunidades autónomas y parte del Estado, 20%, a través de la AGE.
Como vemos, es una cantidad de dinero público muy jugosa como para despertar el interés del sector privado. Que sea derivada para su gestión a los ayuntamientos es un detalle importante, pues uno de los problemas ante los que suelen chocar las delegadas sindicales, como las del conflicto del SAD sevillano, es que los partidos políticos con representación parlamentaria se echan la pelota unos a otros. El concejal local culpa al Ayuntamiento, éste a su vez responsabiliza a la Comunidad Autónoma y por último estos al Gobierno. Todos mienten, pues una de las conclusiones a las que llegaremos en este artículo es que tanto unos como otros, independientemente de sus partidos, todos participan en mayor o menor medida del sistema neoliberal que conlleva el deterioro y privatización del SAD.
Por referirnos al ejemplo sevillano, este año pasado la Junta de Andalucía abonó 350 millones de euros a las entidades que gestionan el SAD. Como decimos, cantidades económicas muy interesantes que sin embargo los responsables se esfuerzan en presentar como una actividad «poco rentable».
Pese a ese supuesto carácter poco rentable, son muchas las grandes empresas que se disputan el servicio. Los ayuntamientos presentan en concurso las licitaciones. En Sevilla, el concurso se publicó en 2022 por un plazo de 2 años y con un presupuesto base de 108.806.444€ y un valor estimado del contrato de 239.374.178€, dividido en cuatro lotes por zonas territoriales (engloba diferentes grupos de distrito, Macarena, Triana, Centro, Este, etc). Para su cumplimiento, las empresas deben cumplir una serie de requisitos expuestos en un pliego de prescripciones técnicas, que incluyen las condiciones del servicio, número de horas que se ofrecen, actuaciones que comprenden, organización del servicio, etc.
Según una investigación realizada por UGT sobre la situación del SAD, el servicio desarrollado por la ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia de 2006 supuso uno de los pilares en el llamado estado del bienestar, pero que ha sufrido numerosos recortes, como los de 2012 y se rige por criterios económicos que nos suenan mucho hoy día como la sostenibilidad. Una sostenibilidad que sirve de arma contra un derecho social indiscutible. En el caso de España, como sabemos muy propensa a sufrir los envites sostenibles de la UE, la dedicación del PIB al SAD es muy inferior al de otros países miembros (un 0.7% se señala en este estudio en 2018), muy lejano del 4.5% de Dinamarca e incluso del 1.9% de otro país considerado vagón de cola en estas cuestiones sociales y económicas como Italia.
Otro sindicato con representación en el sector como CCOO, señalaba hace unos días que en Andalucía la gestión del servicio sufre una «devaluación a pasos agigantados», con 564 días para resolver una solicitud. El plazo legal es de 6 meses, 180 días. Esta demora causó que en 2023 un total de 8.771 personas falleciera antes de poder cobrar la prestación en Andalucía y que en lo que va de año ya sean más de 1.000 fallecidas sin acceder a este derecho.
Es la andaluza la segunda comunidad en el top de espera mortal de atención domiciliaria, superada sólo por Cantabria.
Las empresas, grandes capitales que deterioran el servicio
Como vemos, la calidad del servicio no es la mejor. Pese a ello, se sigue manteniendo en la gran mayoría de ayuntamientos el trasvase de ese capital público a las empresas gestoras, de carácter privado. Y no son pequeñas empresas las que se interesan por esas licitaciones.
Los datos que aporta el sindicato CGT, promotor de la acampada que se realiza actualmente en Sevilla, llevan advirtiendo desde hace años con otras acciones aparte de esta, como la marcha blanca de 2022 y que recorrió las provincias andaluzas, que esas grandes empresas son las responsables de ese deterioro. Es el caso de CLECE, líder en el maltrato laboral, la explotación y precariedad en el sector, u otras con licitación en Sevilla como DOMUSVI, o la empresa SACYR SOCIAL, perteneciente al grupo Sacyr, que cotiza en el IBEX35.
El volumen de beneficios de estas grandes empresas señala que el negocio no debe ser tan «poco rentable» como a veces sugieren los responsables, y que el margen de beneficio debe ser interesante, ya no sólo por su rendimiento directo sino por la posibilidad de acceder al reducido grupo del oligopolio que maneja los negocios sanitarios y asistenciales en España.
A pesar de ello, estas empresas se esfuerzan en recortar horas a los usuarios (horas que ya están incluidas en los presupuestos públicos) y en ajustar hasta en minutos los horarios de las trabajadoras, en reajustes que informan a usuarios que en muchas ocasiones no disponen ni de información ni capacidad para entender esos recortes, y que ejecutan un grupo de empleadas de esas empresas, que ejercen el papel de coordinadoras, por supuesto como simples gestoras del interés de las empresas y en detrimento de los intereses de las trabajadoras -siempre- y de los usuarios -en muchos casos-.
Cómo se relaciona la acumulación con la explotación laboral
Trabajadoras del SAD en contacto con este medio explicaron las peculiares condiciones en que realizan sus funciones. Algunos de los casos son repulsivos. Situaciones como una trabajadora embarazada y de riesgo que continúa trabajando y acudiendo a los domicilios de sus usuarios, que curiosamente son quienes se extrañan de que una mujer en su estado vaya a trabajar y le piden que no se esfuerce.
Otro caso comentado a este medio señala la situación de una trabajadora diagnosticada de cáncer, que tomando tratamiento de quimioterapia es obligada a recorrer una gran distancia (de ida y vuelta en diversas ocasiones) para acudir a los diversos domicilios que le han sido asignados en su cuadrante.
Situaciones de desfallecimiento por el calor que se sufre en una ciudad como Sevilla al tener que caminar de prisa de un domicilio a otro, problemas de salud derivados del riesgo propio de la actividad que no son contemplados por las empresas, que regatea el coste por ejemplo de grúas y mecanismos para aliviar la carga en los desplazamientos y movimientos de los usuarios, que en ocasiones recae en su totalidad sobre las espaldas de las trabajadoras.
Estos ejemplos nos sirven para comprender de dónde se obtiene el beneficio para estas empresas. Como entidades privadas, su interés no es el prestar un servicio de calidad cueste lo que cueste; su interés siempre tenderá a extraer la mayor cantidad de valor que pueda, partiendo del presupuesto inicial formado por dinero público.
Ese valor extra viene del plusvalor que pueda arrancar del esfuerzo de las trabajadoras. Cuanto mayor sea el esfuerzo que se obtenga de ellas, a cambio de un mismo salario, mayor será el beneficio para la empresa. Es por ello que estas empresas acaban obligando a las trabajadoras a realizar cuadrantes a veces «descuadrados», con horas sueltas, en jornadas partidas y en destinos separados.
Y si las trabajadoras se quejan de estos abusos, se les amenazará con el despido o con el empeoramiento de sus condiciones laborales.
Si las empresas pueden ahorrar gastos en las bajas producidas por lesiones propias de la tarea, sin duda lo harán. Ahorrarán también costes en los medios, como grúas. Ahorrarán si pueden en la contratación, mediante las tretas de emplear desde distintos CIFs de manera alternativa. La mercancía «fuerza de trabajo de la empleada» será exprimida hasta la última gota por las empresas. Asimismo la empresa exprimirá como pueda el número de horas de los usuarios, pues las horas no realizadas por uno u otro motivo ya están pagadas en el presupuesto que el ayuntamiento de turno ha ejecutado.
Estudios concluyen que uno de los sectores laborales más perjudicados es precisamente el del SAD. Uno a los que más sedantes se prescribe, por problemas como lumbalgia o dolores articulares provocados por el esfuerzo. Solo las fracturas o lesiones muy concretas y determinadas por las mutuas son consideradas enfermedades profesionales. Como ejemplo, recordemos el desamparo al que se sometió al sector durante la pandemia, que a pesar de ser el segundo sector más contagiado –gracias por cierto al ahorro de las empresas en la falta de condiciones laborales para su prevención–, no fueron consideradas como de primera línea, y no se aceptó el contagio como enfermedad profesional.
De esa forma tan peculiar se resuelve en capitalismo la contradicción de dejar en manos de intereses privados la gestión de un bien que, en una sociedad normal, no debería ser considerado un negocio, sino una cuestión de interés común, un servicio básico, un bien esencial.
El papel de la mujer en la doble explotación
Siguiendo la lógica que hemos intentado explicar sobre la acumulación de capital, esta se produce obviamente con violencia. Una violencia que no necesariamente es explícita, sino velada en muchas ocasiones. Se manifiesta en que afecta en mayor medida a los sectores más frágiles de la población, quienes poseen menos o ningún mecanismo de defensa ante esas agresiones.
Si a los intereses capitalistas les importa bien poco la situación de la clase trabajadora, los sectores más frágiles se convierten ya en carne de cañón. Es el caso de las mujeres, expuestas a los sectores del cuidado, tradicionalmente considerados de peor categoría, y como consecuencia condenados a peores condiciones laborales. Así pues, si decimos que las grandes empresas no dudan en extraer la mayor plusvalía posible de sus trabajadores, sin duda esa especial situación de las mujeres será utilizada por las empresas para doblar esa explotación.
El conflicto capital/trabajo es así más acusado en esos sectores. Los análisis del papel de la institución familiar en el proceso social, como El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, Engels 1884, evidencian la relación interesada de su sostenimiento para los intereses de la sociedad capitalista. Las mujeres sufren una doble opresión, por ser trabajadoras y además mujeres.
La familia se presenta como un elemento activo, cuyo desarrollo reproduce a nivel comunitario la reproducción de la sociedad, a través de la sexualidad y en la capacidad reproductiva de las mujeres una excusa innegable para la permanencia de la sociedad. Como consecuencia, las mujeres se asocian al imaginario de esposa obediente y las tareas a las que parece «predestinada» son observadas no como trabajo, sino como tareas a las que estaba destinada por naturaleza.
Siguiendo los análisis iniciados por Engels, puesto que muchos hombres no lograban garantizar los ingresos necesarios para la vida cotidiana de las familias, se volvía necesaria la incorporación al mercado laboral de mujeres y niños. Esta venta de la fuerza de trabajo era incentivada por los capitalistas puesto que era más barata y más fácil de someter a la explotación. Una fuerza laboral secundaria.
Si unimos a la condición de mujer otra cualidad, la de ser inmigrante, el proceso adquiere ya tintes perversos.
Sucede así en el SAD, tanto el caso concreto sevillano que nos ocupa como el general, que una gran parte de las mujeres que estas fantásticas y muy emprendedoras empresas contratan son inmigrantes. ¿Es porque esas empresas consideran que esas mujeres inmigrantes poseen una especial habilidad para ese desempeño? Hemos comprobado con los datos en la mano que en realidad las empresas no priorizan la calidad del servicio.
No, lo que ocurre es que muchas de esas mujeres llegan a España buscando una mejora de vida para los hijos que dejan atrás, en su país, a cargo de sus abuelas o de otros familiares. Se proyectan ahorrar en estos empleos alguna cantidad que les permita poder darles una educación a sus hijos o simplemente ofrecerles una vivienda más saludable o una calidad mínima de vida. Podríamos decir que esa doble opresión que hemos mencionado aquí se triplica: trabajadora, mujer e inmigrante.
En la búsqueda de esa plusvalía necesaria para el proceso de acumulación de capital, las empresas ven el cielo abierto con la presencia de estas mujeres. Saben que aceptarán peores condiciones, que consentirán mayores esfuerzos, pues su necesidad es más perentoria. De ese modo, la calidad laboral se deteriorará aún más, aumentando el ejército de reserva hacia sectores aún más desfavorecidos.
(Continuará en una segunda parte final).
