Podemos despedirá finalmente a 74 empleados a 38 días por año trabajado

Antonio Gil

Hace escasos días finalizaron las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que comenzó Podemos a principios de agosto, llegando a un acuerdo definitivo con los representantes de los trabajadores.

El partido morado indemnizará a 74 empleados, que han perdido sus puestos de trabajo, con 38 días de salario por cada año trabajado. Podemos justifica el ERE en una fuerte caída de ingresos debida a los malos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo pasado, así como en su disminución de poder en las elecciones generales de julio.

Aunque el acuerdo fue respaldado en su mayoría, no se logró unanimidad. Ahora será remitido al Ministerio de Trabajo bajo la dirección de Yolanda Díaz para su aprobación por parte de la autoridad laboral competente. Finalmente, los empleados despedidos pertenecían a la organización estatal y a ocho federaciones autonómicas: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Aunque inicialmente se había incluido a la única trabajadora de la federación de Cantabria en las negociaciones, finalmente no fue afectada por el ERE.

La legislación laboral establece una indemnización máxima de 33 días por año trabajado, por lo que se lograron cinco días adicionales. Sin embargo, fuentes de la plantilla han señalado que para algunos de los empleados más antiguos, que habían estado contratados desde 2015, la indemnización resulta insuficiente.

También se destacó que el 64% de los despedidos son mujeres. Los 74 trabajadores despedidos representan el 70% de la plantilla inicialmente afectada por el ERE. Se logró mantener 27 puestos de trabajo, la mayoría de ellos en Madrid. El 82% de los empleados que permanecen son hombres, mientras que solo el 18% son mujeres.

Antes de iniciar las negociaciones, Podemos informó a los trabajadores afectados sobre una «profunda reorganización en todos los ámbitos» para adaptarse a la disminución de recursos después de los resultados electorales.

Algunos de los trabajadores afectados por los despidos han expresado que el proceso de negociación careció de “tacto”, y que se llevó a cabo con cierta premura en el mes de agosto, un período estival que dificultó el acceso a asesoría legal debido a las vacaciones. Además, se señaló que hubo una falta de transparencia, ya que en un ERE lo habitual es que la empresa, en este caso Podemos, proporcione toda la información relacionada con la antigüedad de los empleados, sus salarios, contribuciones y otros datos financieros, información que se entregó de manera limitada.

Un empleado también mencionó que hubiera sido apropiado humanizar el proceso de negociación, dado su carácter traumático. Se destacó que los máximos responsables del partido, como la secretaria de organización Lilith Verstrynge, no estuvieron presentes en las conversaciones, lo que habría sido una muestra de consideración hacia los afectados. Se enfatizó que los trabajadores no son números, sino personas.

La relación es clara: a peores resultados electorales, menor representación pública y menos ingresos. Podemos comunicó a sus empleados que el nuevo panorama surgido después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo y las generales de julio (donde Podemos formó parte de la coalición Sumar) requería ajustes significativos para mantener el “firme objetivo de asegurar la acción política de Podemos y garantizar el avance de las políticas transformadoras”. Podemos argumentó que los resultados electorales redujeron sus ingresos en aproximadamente un 80%, lo que hizo necesario el ERE.