Vivimos tiempos convulsos.
En España, las convulsiones económicas siempre se cobran cantidades ingentes de puestos de trabajo. La propia estructura de nuestro mercado laboral así como el bajo coste y la relativa facilidad para accionar el despido favorecen que la extinción de contratos sea uno de los primeros mecanismos de reacción de las empresas ante escenarios económicos negativos, inestables o de incertidumbre.
Evidentemente, la situación de excepcionalidad sanitaria a la que nos expuso la Covid19, provocó una de esas convulsiones. En este caso, además, de enorme intensidad y con especial afectación sobre sectores como son la hostelería, el comercio o la industria vinculada al turismo donde la inestabilidad de la contratación facilita más si cabe la vía extintiva.
Además, también nos encontramos con muchos problemas vinculados a la subcontratación y la cesión ilegal de trabajadores así como, cada vez más, aquellos que guardan relación con el fenómeno de los falsos autónomos que, lamentablemente, se extiende a cada vez más sectores y actividades económicas.
Pero creo que el momento álgido de los problemas laborales no ha llegado todavía; creo, aunque espero equivocarme, que nos quedan tiempos peores y será cuando se abran las compuertas de la avalancha de despidos, que hasta ahora estaba siendo contenida gracias a los ERTES.
Hemos de tener en cuenta que la legislación vigente posiciona al empleador ante la crisis de forma muy favorable, denigrando la posición de los trabajadores y las trabajadoras a los que permiten participar en un periodo de consultas como meros espectadores de las decisiones de su empresario o de un comité que, en el mejor de los casos negocia un despido con cantidades más elevadas de lo normal, sin que esto frene o paralice la destrucción de puestos de trabajo. Y mientras esa ley no se cambie, todas las crisis las seguiremos pagando los trabajadores y las trabajadoras.
En estos momentos, además, se puede observar una precarización aún más de las relaciones laborales y un incremento de las situaciones de acoso laboral. Los empresarios están aplicando modificaciones sustanciales (cambios de jornada, salariales, distribución del tiempo de trabajo…), obviamente en perjuicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, aprovechando la situación de miedo a perder el trabajo y no encontrar un nuevo que se está generando, con la dificultad añadida de que si eres mujer y tienes hijos, en una sociedad donde tendencialmente (tendencia que tardará en extinguirse) es la mujer la que se hace cargo de ellos.
En este sentido, nos encontramos cada vez más con un aumento de los pleitos relacionados con la conciliación de la vida familiar. La situación para amplios sectores sociales es dramática.
El problema de la conciliación es algo que ya existía, aunque la pandemia lo ha agravado al cerrar aulas y colegios enteros y no tener un sitio donde los niños y niñas estén atendidos.
Es más, la conciliación del trabajo con tener tiempo para ti misma o para incluso comer bien es realmente complicado. Los centros de trabajo suelen estar situados normalmente lejos de los barrios obreros donde muchas vivimos, lo que hace que apenas tengamos tiempo, en los horarios partidos, de llegar a casa y cocinarnos algo para comer, comer y volver a ir a trabajar; siendo necesario adaptarse a los horarios de trabajo de los clientes para poder atenderles correctamente, lo que complica todavía más la conciliación.
Y eso que existe el Plan Me Cuida, que, en mi opinión, se queda muy corto ante las necesidades de las mujeres trabajadoras. Quien tiene un contrato de trabajo puede reducir la jornada, pero se reducen también los salarios, que ya de por sí no llegar en muchos casos a cubrir las necesidades y suelen ser más bajos que los salarios de los hombres, sobre todo en ciertos sectores. Las medidas adoptadas hasta ahora, como el denominado Plan Me Cuida, excluyen a amplísimos sectores sociales. Y es que con la generalización de salarios de hambre, ¿quién va reducir la jornada disminuyendo el salario? Únicamente quien no tiene otro remedio y, con ello, se soluciona un problema y se agrava otro.
Eso no es conciliación. El problema de la conciliación es gravísimo y, por desgracia, los avances son muy pocos. Me atrevería a decir que el déficit en esta materia es más acentuado en la mayoría de sectores. Y eso es mucho decir en un país donde la plena conciliación es un objetivo muy lejano. La conciliación de la vida profesional y personal es fundamental para cumplir con la obligación de garantizar la igualdad en el plano laboral, sobre todo si atendemos al hecho innegable de que somos las mujeres quienes todavía cargamos con el mayor peso de las responsabilidades familiares y domésticas.
Las barreras de clase siguen estando presentes, y cada vez, por desgracia, se notan más. Especialmente en relación al acceso a determinadas profesiones como, por ejemplo, las que necesitan de oposiciones. Hablamos de largos períodos de tiempo que, por su exigencia, impiden compatibilizar la preparación con la práctica laboral y que casi siempre obligan a recurrir a figuras como las del preparador que suponen un importante desembolso económico. Por más que existan excepciones y vías alternativas, lo cierto es que resulta casi imposible ingresar en determinadas profesiones sin un importante apoyo económico por parte de la familia o el entorno. Y eso, en sí mismo, ya representa un determinado sesgo en la configuración de la profesión.
No se puede inferir automáticamente que de la pertenencia a un determinado estrato socioeconómico derive la adhesión a posturas más o menos conservadoras, pero es evidente que supone un condicionante que no puede ser ignorado. Cuando existe un proceso selectivo objetivo y neutral, no hay barreras, pero en el momento en que interviene la discrecionalidad, las mujeres quedamos relegadas.
Esto es un hecho, en los niveles de poder, hay muchos más hombres que mujeres. Las inmensa mayoría de trabajadoras de este país guardan íntima relación con la muy desigual distribución de las responsabilidades domésticas y familiares entre hombres y mujeres. No hace falta extenderse en datos que son sobradamente conocidos para comprobar la existencia de esta desigualdad.
«La violencia sexual en el ámbito laboral, la violencia psicológica en la pareja, la violencia vicaria, la obstétrica, la violencia institucional, la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental, son otros tantos elementos de la lucha diaria de las mujeres que ven como sus agresores tienen garantías procesales por encima de su propia seguridad», según denuncia el Manifiesto del Forum de Política Feminista de este 8 de marzo.
Es urgente y necesario exigir políticas de Corresponsabilidad para la desaparición de la diferencia por sexo con medidas concretas. Pensemos en la escolarización de 0 a 3 años y un sistema de servicios públicos para los cuidados, suficientemente financiado, regularizando la situación de las empleadas del hogar. Caminemos hacia la eliminación de los incentivos que desincentivan el empleo de calidad de las mujeres y hagamos para que exista una equiparación de las pensiones, también las no contributivas, a un mínimo de suficiencia vital, de dignidad vital.
