Fue rechazada ayer jueves en el Congreso peruano una iniciativa que partía de Perú Libre, el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en las elecciones de 2021, que se quedó lejos de recibir el número de votaciones necesario. En esa iniciativa se solicitaba la convocatoria de elecciones para julio de 2023, y además el desarrollo de un referéndum para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Se prolongan durante el tercer mes la serie de protestas de diversos grupos sociales peruanos, indígenas, sindicales y desde otros sectores populares, que desde diciembre -tras la destitución y detención de Castillo- se están produciendo en todo el país, exigiendo la renuncia de la presidenta temporal, Dina Boluarte, y el adelanto de elecciones, así como la liberación de Pedro Castillo.
La brutal represión por parte de las fuerzas armadas del país contra los manifestantes ha superado la cifra de más de 60 muertos, además de un millar de heridos y centenares de detenidos. La desmesurada violencia con la que el gobierno transitorio de Boluarte está respondiendo a las protestas, hace que el Perú suba al segundo lugar dentro de los países del entorno con más muertes desde el año 2000.
Esta luctuosa estadística la aporta el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), que maneja datos que sitúan a la administración de Boluarte como la segunda con mayor número de víctimas humanas desde inicios de siglo. Sólo es superada por la deplorable gestión de Iván Duque, quien contó 83 muertos durante el periodo 2018-2022 en el Paro Nacional de Colombia.
Boluarte superaría de este modo a destacadas figuras represoras y golpistas como Jeanine Arce en Bolivia o Sebastián Piñera en Chile.
Las protestas continuarán en todo el país, extendiendo las manifestaciones que se están produciendo con especial fuerza en zonas del sur, como Puno, departamento donde la población resiste en un paro indefinido de más de un mes y que sufrió una reciente masacre.
La presidenta virtual culpó la semana pasada de las muertes a los propios manifestantes y solicitó vía Congreso la ayuda internacional, pero en lugar de ello recibió la reprimenda en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, de ilustres representantes políticos del entorno como el brasileño Lula, López Obrador desde México o la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Las exigencias de los grupos sociales en cuanto al adelanto de elecciones no sólo se enmarcan en la liberación del presidente ahora detenido y elegido legítimamente por su pueblo, Castillo, sino además en la preocupación por que se desestimen las peticiones de una Asamblea Constituyente, que posiblemente sea la cuestión que lleva a la derecha peruana a usar toda su violencia, dado que en el periodo de un año se podría cerrar la firma de los convenios económicos relativos a importantes recursos naturales en el país, pendientes de un próximo fin, lógicamente a favor de las grandes empresas.
