La Defensoría del Pueblo peruana señaló en el inicio de esta semana que las muertes producidas por la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte y el cierre del Congreso, debe incrementarse en al menos otras 17 personas, tras una masacre producida en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno.
«A las nueve de la noche del 9 de enero de 2023 registramos 17 personas fallecidas en Juliaca y uno por hechos vinculados al bloqueo de vías en Chucuito, Puno», informó el organismo local en su cuenta oficial de Twitter.
Con este reciente suceso, el dato de fallecidos por la represión policial desde el comienzo de las protestas en Perú alcanza ya las 46 personas, desde que el pasado 4 de enero, ciudadanos, sindicatos, organizaciones indigenistas y otras organizaciones de trabajadores salieran a la calle a realizar bloqueos y protestas en diferentes partes del país, en rechazo al Gobierno de Boluarte, en regiones como Puno, Arequipa, Cusco o Tacna.
La actuación del Gobierno provisional de Boluarte en cuanto a la manera de manejar las protestas sociales está resultando de una represión extrema, según venimos señalando desde este medio haciéndonos eco de las informaciones que llegan principalmente a través de los impactantes videos y testimonios de peruanos que están viviendo las manifestaciones. Recientemente uno de esos videos, denunciado por la agencia Reuters, mostraba el asesinato de un vecino de la ciudad de Ayacucho, que ni siquiera estaba participando de las protestas, sino que simplemente había salido de su trabajo para auxiliar a un herido que yacía junto a su taller.
Los organizadores de las protestas anunciaron a final de año que se reanudarían los paros indefinidos en este mes de enero, pues rechazan tanto a la nueva presidenta de la república, Dina Boluarte, como a las medidas que los congresistas plantean para el futuro próximo, que pasan por la continuidad de la prisión para Castillo y la convocatoria de elecciones en un año, puesto que estiman que en el periodo de un año se podría cerrar la firma de los convenios económicos pendientes de un próximo fin, a favor de las grandes multinacionales.
