Fuertes operativos policiales y militares prolongaron ayer la desmedida respuesta y reprimieron con gran violencia a los manifestantes que acudieron a la convocatoria de una gran marcha nacional realizada en las calles del centro de Lima. Aunque en esta ocasión no se han comunicado fallecidos como en las anteriores protestas, la marcha se saldó con varios heridos y detenidos.
Periodistas desplazados a Lima y participantes en la marcha denunciaron que decenas de personas fueron alcanzadas por disparos de perdigones, además de sufrir el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Miles de peruanos, a pesar de la violencia con la que son atacados, no desisten en sus exigencias sobre la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones anticipadas para 2023, además de la liberación del presidente aún preso, Pedro Castillo.
En el transcurso de estas movilizaciones, iniciadas el 7 de diciembre en Perú, se han producido más de 60 muertes, algunas de ellas ampliamente documentadas por imágenes compartidas por medios de comunicación. En cambio, la presidenta Dina Boluarte manifestó que son los propios manifestantes los causantes de las muertes.
«Hay videos -aseguró Boluarte- en los que se ve a participantes de las manifestaciones que agarran una huaraca (honda) que resulta ser una pistola y mata al compañero que está a su lado, no es la policía la que está disparando».
“Lo que usted afirma que en su mayoría han sido fallecidos por balas -declaró la presidenta ante la prensa-, hay que determinar de dónde son, si son de la Policía, que lo diga la fiscalía, o si son de radicales que han ingresado estas armas letales traídas por los ponchos rojos«. De esta forma el Congreso temporal acusa a grupos bolivianos y a supuestos radicales de la violencia que ha perpetrado las muertes.
Sin embargo, la represión es tan abiertamente violenta que hasta líderes latinoamericanos poco propensos a manifestarse en ese sentido como el chileno Gabriel Boric la denunciaron en Buenos Aires, donde se celebró la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La denuncia de Boric se une a la de otros ilustres representantes políticos del entorno como el brasileño Lula, López Obrador desde México o la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
La mandataria hondureña fue explícita en su mensaje: «condenamos el Golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el Presidente legítimo y electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación».
La situación en el Perú corre el riesgo de empeorar, pues Boluarte solicitó al Congreso el permiso para el ingreso de tropas extranjeras, solicitud que hubiera implicado al Gobierno español en el envío de tropas, al que se uniría la venta de armas y material antidisturbios nacional ya realizada al país hermano. La solicitud ha sido desmentida por representantes del ejecutivo de Boluarte y de momento no se han producido movimientos de terceros países en ese sentido, sino más bien en el contrario, con las llamadas a la paz y las denuncias de represión y golpismo efectuadas por sus homólogos en el entorno, pronunciadas durante la CELAC.
