Guatemala vive con preocupación uno de los momentos más convulsos de su política institucional. El partido Movimiento Semilla, partido de tendencia progresista ganador de la segunda vuelta de las elecciones del pasado 20 de agosto con el 61% de los votos, fue suspendido por la autoridad electoral del país, el Registro de Ciudadanos (institución dependiente del Tribunal Supremo Electoral), tras unas infundadas acusaciones que hasta los mismísimos representantes tradicionales de la vieja escuela de promoción de golpes de Estado, Lawfare – valga la redundancia – y corrupción en América Latina, es decir, los Estados Unidos de América (en adelante, EUA) y la Organización de Estados Americanos (en adelante, OEA), han tildado de criminalización y persecución política. De hecho, el juez que ordenó dicha sanción, Fredy Orellana, es un conocido actor corrupto de la lista oficial estadounidense de obstaculizador de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Además, son varios los juristas que ya hablan de la ilegalidad manifiesta de la orden de Orellana, pues la ley electoral guatemalteca estipula que ninguna organización política puede ser suspendida durante unos comicios. Es por ello que resuenan las voces de Lawfare ante la manifiesta arbitrariedad y rapidez en las actuaciones de la fiscalía contra el partido Semilla, aunque su recorrido, en este caso, parece que ha sido corto.
Así pues, nada parece que pueda resultar un impedimento legal ni geopolítico para que el candidato ganador, Bernardo Arévalo, y su vicepresidenta electa, Karin Herrera, tomen posesión de sus respectivos cargos en enero del próximo año, pues este golpe de estado judicial ni siquiera cuenta con el beneplácito del imperio que hasta nuestros días utiliza el continente como su patio trasero, ni de su “Ministerio de las colonias”, en palabras del Ché Guevara.
Sin embargo, ya van más de dos semanas de paro indefinido y protestas en Guatemala, que ya no solo defienden la legitimidad de los resultados electorales que hasta el propio presidente saliente otorga, sino la destitución inmediata de los principales actores implicados en este proceso de corrupción: Orellana, el fiscal Rafael Curruchiche y la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Al grito de “fuera golpistas”, “el voto del pueblo se respeta” o del ya internacional “sí se puede”, se han sumado a las concentraciones y cortes de carreteras prácticamente todos los sectores de la sociedad, incluidos los comerciantes, transportistas y representantes de los mercados, que ya han anunciado que, si no dimiten los funcionarios públicamente señalados, mantendrán los cierres.
Ni las amenazas de la fiscal y del Presidente del país de encarcelar a los manifestantes, ni la criminalización de estas protestas, ni tan solo la complicada situación económica que también vive Guatemala, han sido obstáculos para los ciudadanos que han llegado a organizar hasta 136 puntos de bloqueo del país, incluyendo 20 en la propia capital. Amnistía Internacional ya ha emitido un informe en el que denuncia la posible represión policial que pueda desencadenar el conflicto y el «peligro inminente» para los manifestantes.
La resistencia pacífica como nota característica de las movilizaciones de estos días, la capacidad de los líderes de las protestas y designados por Arévalo como principales interlocutores en el conflicto, los aborígenes, así como el hartazgo de la sociedad guatemalteca ante este atropello democrático, decidirán el cómo y cuándo acabará este nuevo episodio de golpismo judicial en América Latina, que, ante las imágenes de estos días de antidisturbios retrocediendo en las manifestaciones y de la incapacidad de gestión de las mismas por parte de Giammattei, parece que quedará en solo “intento” de Lawfare.
Aunque atrás quedan los casos de Brasil, Bolivia, Ecuador o Perú… ¿Será este el primer caso de guerra judicial – Lawfare – en América Latina que, además de resultar novedoso por no contar con la conspiración, proposición o beneplácito de los EEUU, resulte fallido por la conciencia cada vez mayor de la población sobre este fenómeno político-judicial?
