Una retrospectiva del 2022 desde el sector del taxi

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Desde que empezamos con Taxi Project, la asociación a la que represento, al final de cada año siempre me ha gustado hacer una recopilación de las acciones que hemos ido ejecutando durante todo el curso, un poco para poder informar de primera mano a los socios de todo el trabajo que hemos estado haciendo, porque pese a que somos una asociación totalmente asamblearia y las decisiones las tomamos entre todas y todos, sí que es cierto que con tantas acciones a la vez o en períodos cortos de tiempo el compañero o la compañera puede perder un poco la perspectiva de lo que estamos haciendo cuando lo cierto es que es gracias a la confianza que nos dan, podemos llevar a cabo toda esta labor, por lo que cualquier esfuerzo para poder facilitar que la información llegue de la mejor manera las veces que sean, es poca. 

Como decía, lo de publicar de manera conjunta todo nuestro trabajo es algo que suelo hacer todos los años pero un poco más de puertas para dentro ya que nunca he considerado usar mi columna al ser cuestiones un poco más internas, pero en este caso, con todo lo que hemos hecho este año creo que es un buen momento para que vea la luz fuera de toda esa parte orgánica del taxi, ya que la mayoría de acciones en las que hemos trabajado afectan tanto a los mismos taxistas, como el resto de trabajadoras y trabajadores amenazados por la inminente uberización en otros sectores como es el campo, el reparto de comida a domicilio, el servicio de correos, o las camareras de piso e incluso también a la mayoría de servicios públicos como la sanidad, los demás transportes públicos (el autobús o el metro), la educación o las infraestructuras, por poner ejemplos. 

Este 2022 nuestra lucha quitando algunos focos en particular como Andalucía (participando en aquellas multitudinarias manifestaciones del taxi andaluz contra el gobierno de Bonilla y Carazo) o algún proceso judicial en Baleares, ha estado centrado básicamente y ante las circunstancias en gran medida en tres frentes: Madrid, Catalunya y Europa o más concretamente, Bruselas y Luxemburgo. 

En cuanto a Madrid, la lucha está siendo larga y la presión es cada día más fuerte, lo que nos hace motivarnos más porque nos estamos jugando no sólo el futuro de los más de 20.000 trabajadores y trabajadores que viven del taxi en la capital sino que estamos plantando batalla contra el desmantelamiento de los servicios públicos por parte del gobierno del PP de Isabel Díaz Ayuso primero con su ley Ómnibus, un misil de modificaciones normativas para privatizar servicios tan esenciales como la sanidad, la educación, los espacios protegidos o los derechos de los funcionarios que primero llevamos ante el Defensor del Pueblo a la vez que hemos participado en las manifestaciones convocadas por las principales plataformas de afectados y posteriormente, cuando Ayuso la sacó fuera de este paquete de medidas engañándonos para poder tramitarlo todo más rápido y se convirtió en la llamada «ley Uber de Ayuso», una modificación ilegal de la ley de transportes por la que se ha permitido que miles de vehículos VTC que tendrían que haber sido retirados de la circulación tal cual establece la ley estatal, sigan operando sin control y sin normas, vulnerando de este modo las competencias estatales y municipales . Es por ello que hemos denunciado al gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo y ya advertimos que vamos a ser muy activos en la próxima campaña a las municipales y a las autonómicas, porque entendemos que todo este acoso de la derecha se frena también en las urnas.

También este año hemos sido denunciados por Uber ante la CNMC, acusados de hacerles boicot por declarar públicamente en redes sociales o incluso en medios como éste nuestro rechazo absoluto a que la multinacional californiana con sede en Bahamas penetre dentro del sector del taxi. Algo que consideramos un grave ataque a la libertad de expresión y más usando instituciones públicas que según destapó los ‘Uber files’, supuestamente son bastante afines a este tipo de empresas y en lo que nos exponemos a una multa de millones de euros que puede suponer incluso nuestra desaparición, que es en esencia lo que creemos que están buscando.

Por último en cuanto a la labor más destacada a nivel local, hemos sido parte del trabajo por medio de nuestra asociación hermana Élite Taxi Barcelona de la redacción del Decret Llei del 1 de julio por el que se regula las VTC en Catalunya, una norma que por fin diferencia ambos sectores, el de la VTC y el del taxi para evitar el intrusismo, dar seguridad al usuario y con una serie de medidas que previsiblemente a partir del 1 de enero 2023 haga que dejen de operar en Catalunya tres cuartas partes de las VTC que existen en este momento en dicha comunidad por no cumplir los requisitos legales para poder trabajar. 

En Europa, por su parte, hemos jugado la primera bola de partido defendiendo al sector del taxi frente una posible liberalización ante el TJUE que en este momento está decidiendo si nuestro sector se trata de un servicio público o de una actividad económica como la de cualquier otra empresa.

Tenemos pendiente otra cuestión prejudicial donde después de varios recursos presentados por Cabify, el Tribunal Supremo ha preguntado a Europa si su propia sentencia en la que justifica legalmente y por razones de interés general limitaciones para los vehículos VTC se ajusta a derecho, entendemos que para poder reforzar su propia doctrina. Un proceso que afecta a todo el sector del taxi a nivel internacional ya que puede suponer una liberación del sector y lo que sería más grave mediante los tribunales europeos pasando por encima del alto tribunal español.

También a raíz de los ‘Uber Files’ somos parte de una futura asociación de taxistas de diferentes países de la Unión para luchar contra la presión de estos lobbies en las instituciones europeas y hemos creado el Observatorio TAS, una plataforma junto con Riders X Derechos, UATAE o la misma Élite Taxi Barcelona para luchar por los derechos de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de estas aplicaciones, como hemos hecho durante meses con la directiva europea de trabajadores de plataforma sobre la que hemos presentado nuestras recomendaciones y del mismo modo denunciando a Glovo ante la CNMC por competencia desleal al ser la única compañía de este tipo que día de hoy sigue utilizando el modelo del falso autónomo, imponiéndole desde las tarifas hasta las jornadas laborales.

Y todo este trabajo sin contar otras acciones como la investigación a Uber por evadir impuestos que sigue abierta o el expediente sancionador también a Cabify por obligar a los usuarios a firmar contratos plagados de cláusulas abusivas, entre otras cuestiones.

Como se puede comprobar, toda esta labor trasciende del sector del taxi ya que básicamente se trata en esencia de los mismo: La defensa de los servicios públicos y de los derechos tanto de las trabajadoras y trabajadores como de los consumidores ante el neoliberalismo que cada día que pasa fracasa más y por ello es más agresivo y ante los partidos y gobiernos, sobretodo de derechas y organismos o responsables políticos que actúan utilizando las instituciones públicas y su poder para legislar en beneficio de todas estas multinacionales en lugar de trabajar por el interés general.

Algo que no deja de ser una gota en un mar y que confiamos en poder seguir creciendo para abarcar más luchas pero que demuestra que con planificación y organizándonos, las trabajadoras y los trabajadores tenemos la capacidad de responder a todos estos ataques y poder seguir dando la batalla. 

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