En los momentos más duros por la pandemia del COVID-19, en nuestro país asistimos a un espectáculo lacrimógeno, cortesía de los medios de comunicación de masas, en el cual representantes de la hostelería sacudían su rabia por verse abocados a las restricciones -lógicas por otra parte por la emergencia sanitaria, si bien se podían discutir los detalles- y, entre otras tantas cosas, sacaban a colación la situación de sus empleados. Algunos de ellos, alegando ser junto a sus empleados una familia, aparentaban estar muy preocupados por tener que aplicar los ERTE debido al cierre de actividad y mandar a casa al personal.
Nadie dudará que habrá casos en los que esto sea verdad, y entre hostelero y empleado se genere un vínculo humano que vaya más allá de la relación laboral. Pero lo cierto, y que es fácilmente comprobable a poco que se conozca el sector directa o indirectamente, es que una enorme parte de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería sufren unas condiciones descarnadas de explotación, con jornadas extenuantes por encima de lo permitido por convenios colectivos, sueldos parcialmente en B, horas extra por doquier, déficit de aplicación de las normativas laborales más básicas y, especialmente, de representación sindical. Es muy difícil defender los derechos cuando el puesto de trabajo está tan atomizado y se desarrolla de forma aislada de quienes se comparte la misma situación. Además, el constante paternalismo generador de síndrome de Estocolmo propio del sector ha supuesto siempre una barrera para alzar la voz contra el patrón. Parece que, en época de bonanza, el ruin explotador no siente tanta lástima por sus explotados, pero cuando los problemas llegan no tiene problemas en exponerles como mercancía sentimental para una sociedad cada vez más sensible al impacto audiovisual y menos armada de herramientas analíticas para leer entre líneas con claridad.
Esta realidad no se ha dado en exclusiva en el sector de la hostelería. Estos días hemos asistido a una muestra más salvaje si cabe con la huelga del sector de transporte por carretera a raíz de los incrementos de precio del combustible. La huelga, impulsada principalmente por la Plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera nacional e internacional, se ha visto inicialmente secundada también por una diversidad de asociaciones patronales del sector. El éxito de la movilización ha sido atronador: los transportistas han demostrado que unidos tienen fuerza suficiente para paralizar en gran medida la actividad del país. Los problemas de desabastecimiento en los supermercados se han ido agravando con el paso de los días y ello ha contribuido a generar una alarma ciudadana que sin duda ha engrandecido el protagonismo mediático de la movilización. Con cierta colaboración de las fake news virales, todo hay que decirlo. Los medios de comunicación nos han mostrado el enésimo relato del ciudadanismo en rebeldía: todo un sector en guerra unido contra la administración, transportistas asalariados, autónomos y empresarios del transporte. La máxima expresión del interclasismo y el sueño húmedo de aquella derecha que anhela desarticular los ya de por sí debilitados mecanismos de solidaridad de clase que persisten en nuestra sociedad para allanar el camino de las ganancias empresariales de la oligarquía.
Debemos tener clara una máxima: Los intereses del pueblo trabajador, así como de los autónomos, nunca serán los mismos que los del empresariado. El caminar de la mano de quien te explota es sinónimo de acabar siendo traicionado y abandonado en el camino. Además de pegarse un tiro en el pie defendiendo intereses contradictorios. ¿Acaso no es evidente que la defensa a ultranza de la reducción sistemática de impuestos que van a financiar los servicios públicos que utilizarán las capas populares, es algo que va a beneficiar a quienes pagan más por no usarlos porque tienen acceso a sus distinguidos servicios privados, y va a perjudicar a quienes los necesitan, incluyendo muchos camioneros que se manifestaban pidiendo dichas rebajas? ¿Un camionero asalariado o autónomo tiene más en común con un gran empresario del transporte o con un panadero, un operario de fábrica o un teleoperador? Estos últimos pueden coincidir en la reivindicación de unos menores costes de vida y por regular el precio de los hidrocarburos, pero necesitarán de unos potentes servicios públicos y para ello es fundamental tener un Estado fuerte, productivo y con recursos, frente a lo cual se encontrarán los intereses de los grandes empresarios. Tanto de sus sectores como los de los demás. Y ahí entra en juego la lucha de clases. Tampoco es casual que en las movilizaciones llevadas a cabo por estas asociaciones no se hable en absoluto de cambio de modelo productivo. Cambiar el modelo productivo para garantizar el empleo, la soberanía energética, alimentaria y en general la soberanía nacional que el capitalismo nos impide desarrollar, requiere nuevamente de un Estado fuerte, no un Estado debilitado por empresas que no quieren pagar impuestos. Los trabajadores no podemos estar al lado de éstas. Simultáneamente, se han dado movilizaciones en varias capitales de España impulsadas por sindicatos de clase, así como entidades civiles y de consumidores, reivindicando el freno a las subidas de precios. Movilizaciones que no han contado por supuesto con el patrocinio de ninguna organización empresarial, y por lo tanto no han tenido el mismo eco mediático. Éstas tenían un fondo más peligroso para el sistema. Lo mismo podemos decir de movilizaciones en el sector agrario impulsadas por sindicatos como el SLG o UUAA y que han gozado de un gran éxito, pero que tampoco tienen el mismo respaldo mediático que las movilizaciones-amalgama impulsadas por los poderes fácticos haciendo ver que se preocupan por el futuro del campo, cuando precisamente ellos han sido quienes más han contribuido en destruirlo.
Pero sería muy poco honesto hacer esta crítica sin completarla con el papel que debía y no ha ejercido la izquierda oficial en este conflicto. Si bien es cierto que la ultraderecha ha azuzado e intentado utilizar la movilización de los transportistas como caballo de Troya para desestabilizar el gobierno -sólo hay que ver las pancartas y carteles contra un gobierno ficticiamente comunista-, las desafortunadas declaraciones de la Ministra Raquel Sánchez responsabilizando de las movilizaciones en sí a la ultraderecha, no ha servido para otra cosa más que para encender los ánimos de quienes ven que día a día se encarece más el coste de la vida sin que el Gobierno haga nada por evitarlo, y posiblemente entregando simpatías a quienes pretendían criticar. Porque pese a las consecuencias del bloqueo, un gran sector de la población se ha posicionado a favor de los transportistas. Recordemos que el fondo de las reivindicaciones es legítimo.
Pero, dejando de lado el previsible reverso tenebroso del PSOE, se ha echado en falta durante todo el conflicto una izquierda combativa fuera del Gobierno que hiciese un análisis materialista del conflicto, fuera de terquedades y de apriorismos. Que señalase los puntos defendibles de las movilizaciones, que los ha habido, así como las limitaciones y denunciase el papel de quienes pretendían beneficiarse de ellas políticamente y para seguir explotando a la clase trabajadora. Se ha echado en falta porque, con responsabilidades de Gobierno, no ha sido capaz de imponerse con la suficiente fuerza para solucionar a los problemas del cada vez más sufrido pueblo trabajadora, y al mismo tiempo su presencia en el ejecutivo ha impedido tener un papel activo que derivase la lucha de los asalariados y autónomos a una lucha de clase, no corporativa, por la defensa de unas condiciones de vida dignas, y empequeñeciendo de facto los intentos de organizar una lucha que han surgido desde las organizaciones genuinamente obreras y populares. Esperemos que alguien allí arriba tome nota. De lo contrario, nos esperan tiempos muy grises.
