«Tenemos lo que nos merecemos»… Eso podría decir si me ajustara a los resultados electorales de las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, en las que la estrategia del «pan et circenses» venció al sentido común, abriendo las puertas a la perversión facilitadora del PP de la Comunidad de Madrid, (el de las tramas y de las cremas) personificada en la figura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Sí, porque detrás de toda esa vergonzosa maquinaria electoral de decirle al ciudadano, a la pequeña empresa o al trabajador lo que quiere oír en unos momentos tan duros como en medio de una crisis sanitaria, se encuentra el verdadero objetivo del PP: Desmantelar los servicios públicos con el objetivo que entregarlos al mejor postor.
Y cuando el mejor postor aparte es quien mueve tus hilos pues el tiempo apremia, como ha sucedido con el gobierno de Díaz Ayuso, que de manera tan lamentable, aprovechando un procedimiento de urgencia hecho para situaciones tan dramáticas como la pandemia que estamos viviendo, ha utilizado las instituciones de todas y de todos para pasar el rodillo legislativo con el objetivo de despojarnos tanto de la sanidad pública, como de los transportes públicos, de los derechos de los funcionarios o de facilitar la construcción en suelo no urbanizable (esto último como siempre, seña de la corrupción y la cultura del pelotazo característica del gobierno de Aznar, representado en la figura de MAR, alias «entre copas» y en la sombra).
Pues eso es la ley ómnibus de Isabel Díaz Ayuso y de la que tanto están hablando los diferentes colectivos y sectores afectados y que tan poco hablan el gobierno no sea que nos enteremos del robo a mano armada están perpetrando y que del mismo modo, con tanta diligencia y por la puerta de atrás están intentando meter. Un anteproyecto de ley articulado únicamente con el objetivo de facilitar la venta por trozos de nuestros servicios y de nuestros derechos a los cuatro amiguetes de Génova 13. Un duro golpe para toda la ciudadanía a la altura que los que daban en esa misma sede al disco duro de Bárcenas y que se merece una respuesta contundente en la calles y no sólo por parte de los colectivos afectados (que realmente son la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas) sino también del resto de personas.
Por ejemplo, en cuanto a nosotros, al taxi, este atropello de la señora Díaz Ayuso supone que miles de vehículos VTC que deben de ser retirados de la circulación para trayectos urbanos por cuestiones de sostenibilidad y de movilidad, vayan a seguir operando de manera ilegal, algo que sólo con el anuncio de estas intenciones por parte de la presidenta en un acto de Uber la pasada semana (en la que ejerció de comercial de la marca para posteriormente tomarnos por idiotas en el programa de la Griso), ha supuesto la subida de un 30% en el valor de las autorizaciones VTC, unas autorizaciones que curiosamente habían estado bajando desde que en el año 2018, el gobierno aprobara el llamado Decreto Ábalos, la norma estatal por la cual estos vehículos deberían ser retirados en octubre de este mismo 2022 y para ello han sido indemnizados por como indicaba y remarco, cuestiones de movilidad y sostenibilidad.
Exacto, Isabel Díaz Ayuso va a vulnerar un decreto estatal para permitir que sigan operando miles de vehículos a los que se les ha indemnizado para ser retirados de la circulación por el perjuicio que suponen para nuestras ciudades, para nuestra salud y para la seguridad de la circulación, simplemente porque hay cuatro personas con miles de autorizaciones sacadas de manera ilegal que estaban viendo cómo su negocio de especulación se iba a ir al traste.
Aprovechar procedimientos de urgencia sanitaria para poner por encima el dinero de otros que nuestra salud. Vamos, lo que viene siendo la derecha y su caciquismo liberal, básicamente.
Empresas por cierto como Uber, a la que denunciamos desde Taxi Project, la asociación a la que represento, por fraude fiscal y falsedad documental aportando como prueba, irónicamente una contrato de trasporte público de la Comunidad de Madrid adjudicado al gigante de Silicón Valley.
Y esto sólo es en el transporte ya que hay se sumar otros colectivos como los funcionarios que han denunciado que esta ley omnibus atenta también contra sus derechos, vulnerando el Estatuto Básico del Empleado Público, lo sanitarios a los que la presidenta pretende montar una agencia de contratación para asignar a dedo las licitaciones de la Sanidad o Ecologistas en Acción que han presentado más de 50.000 firmas junto con otros 40 colectivos entre los que se encontraban nuestros compañeros de Élite Taxi Madrid, para paralizar esta aberración en forma de ley del PP madrileño.
Nosotros desde Taxi Project, llevamos también desde diciembre trabajando en estrategias para actuar contra este atropello, pero es importante que no se salgan con la suya, no podemos permitir que utilicen las instituciones y las herramientas de las que disponemos para situaciones excepcionales para quitarnos lo que es nuestro, para robarnos nuestros servicios y para atentar contra nuestros derechos. Esto es lo realmente urgente para todas y todos.
