La tibieza del ministerio de Consumo

0

Hace más o menos una semana, (según las búsquedas que he ido haciendo aunque juraría que lo había leído antes) el ministro de Consumo, con c de comunista, (seguro que es una señal…) Alberto Garzón, anunció que iba a dotar al ministerio de capacidad sancionadora para poder multar fraudes masivos, algo que a priori podría parecer una noticia importante, pero que en mi opinión y según como están las cosas, creo que es más bien irrelevante. Nada nuevo bajo el sol.

Y voy a explicar el porqué.

En principio, si me tengo que ceñir a las reacciones después de la noticia, parece que por ejemplo a Facua le ha parecido bien. De hecho, he leído que fue una de las peticiones que se hicieron desde la asociación de consumidores al ministerio, y yo lo entiendo.

Porque aunque sea muy lamentable que a estas alturas y después de la cantidad de años y años de los abusos que sufrimos los consumidores por las prácticas de estas empresas un órgano tan importante como un ministerio no tuviera la capacidad de poner freno a estas prácticas, por esa parte, supongo que más vale tarde que nunca. 

Aunque del mismo modo, Facua también es de las que suele poner siempre el grito en el cielo por las ridículas sanciones que imponen las comunidades autónomas. Y razón no les falta, porque con las multas de risa que pretenden poner en la mayoría de los casos, a las empresas les sale muy barato estafar, de hecho parte de sus beneficios muchas veces está en seguir realizando constantemente estas prácticas abusivas.

Por eso creo que entre otras cosas, el anuncio del ministro es cuanto menos muy llamativo en la forma, pero muy irrelevante en el fondo. Y eso es porque querido Alberto, has ido a lo fácil y a lo que sabemos que no funciona y sino que se lo pregunten por ejemplo a la Agencia Española de Protección de Datos, o a la CNMC o a las autoridades autonómicas de Consumo. El día que pongan alguna sanción en condiciones o que no la tumbe un juez posteriormente, será un hito para este país.

Dentro de mi ignorancia y en mi experiencia, voy a explicar porqué me parece que a día de hoy, la medida que propone me parece inútil.

En primer lugar, para sancionar por un fraude primero hay que demostrar que ese fraude existe. Y para demostrar que ese fraude existe hay que denunciarlo. Y si para denunciarlo no tenemos herramientas suficientes para hacerlo. ¿De qué vale tener el poder para multar?

Porque sí, tenemos herramientas, pero están sin afilar y oxidadas. Y si no ¿de qué valen las Juntas Arbitrales de Consumo? ¿De qué valen las OMICs, si ni las mismas empresas tienen la obligación de someterse a ellas?

Porque no sé si lo sabéis pero las empresas no tienen obligación de someterse a los organismos de consumo.

Sí, habéis oído bien. Los que deberían velar por que se cumplieran la leyes y se respetaran los derechos de las y los consumidores, no tienen ningún poder para someter a las empresas conforme dictan las normas. De hecho es la misma empresa la que puede elegir según le interese o no. ¿Os imagináis ir a un juicio y que el juez le pida a la parte acusada de un delito si quiere o no someterse a la ley y que no pase nada? Pues eso. Si hay que demostrar un fraude y no podemos denunciarlo, ¿cómo va a sancionar el ministerio?

Conclusión, algo falla en la legislación vigente que regula la actividad de los organismos de consumo. Ya tenemos algo que hacer, Alberto. Pero sigamos, que hay más tela que cortar…

Por otra parte, para sancionar tampoco es tan fácil, según tengo entendido. Es decir, no es «me estafan, reclamo y ya». En todo caso creo que debe de haber las suficientes denuncias para que se considere que es una «práctica» (es decir de manera reiterada) por parte de la empresa y como tal, sea sancionable si no cumple las normas.

Resumiendo volvemos a lo mismo. Sin herramientas para que los ciudadanos podamos denunciar de manera masiva para demostrar estos atropellos y sin unos organismos de Consumo fuertes, ¿De qué vale darle poder al Ministerio?

Ah y para los que no lo sabéis, hasta donde yo sé, una sanción no suele resolver el problema al consumidor, porque la empresa está obligada a pagar la multa al estado pero no a resarcir a la persona. Es decir, que pese a la multa, el afectado podría seguir sin tener resuelto el problema ¿De qué le valen entonces a las personas las sanciones a las empresas?

Y ya saldrá el listo de turno «pide daños y perjuicios». Pues paga un abogado y a pleitear que es la única manera. Aquí se trata de tener un respaldo público y de procedimientos «gratuitos» (bastante los hemos pagado con nuestros impuestos).

¿Veis por qué es irrelevante?

Y es más, la mayoría de la gente lo sufre y no lo reclama porque no sabe, ¿dónde están las campañas informativas para que el ciudadano sepa cómo reclamar sus derechos? ¿Por qué al estado, representado entre otros por el ministerio de Consumo, parece que le interesa más hacer anuncios para enseñar «músculo» cuando, por otra parte, sigue teniendo a los consumidores totalmente desprotegidos y desinformados tanto sobre cómo podemos exigir nuestros derechos, como sobre cuáles son las armas que tenemos desde la administración?

Es que a estas alturas y visto lo visto, ya no te voy a pedir asaltar el Palacio de Invierno, y aunque la fruta de temporada está bien y tal, estaría mejor hacer un poco de pedagogía o una campaña para que el consumidor pudiera conocer cuáles son las herramientas de las que dispone para defenderse y usar armas que deberían ser tan básicas como las diferentes formas electrónicas y de los diferentes medios telemáticos que pone la administración a disposición de los ciudadanos para poder ejercer sus derechos de manera cómoda y sencilla.

Y de actualizar las webs de algunas administraciones que parecen del Pleistoceno, y facilitar su acceso a ellas ya ni hablamos…

(He especificado lo de las firmas electrónicas porque desde el 2015 hay una ley que obliga a la administración a relacionarse con los ciudadanos por medios electrónicos, cosa que muchos a día de hoy no saben).

Y que sí, que está bien darle fuerza a un órgano tan importante como el ministerio de Consumo, pero con el problema que tenemos tanto estructural, como de capacidad como de información así como de legislación en cuanto a la defensa del consumidor en el estado español, la medida del ministro Garzón, probablemente no sea lo que ahora mismo necesitemos.

Porque las leyes en mi opinión son muy laxas también. Comprobarlo si no.

Y es que, según creo para las empresas, telecos, bancos, eléctricas, etc.. mientras una parte de los preceptos que conforman las leyes que deberían controlar su actividad parece redactada por las propias compañías, la otra parte la incumplen sistemáticamente sin que pase nada. Y así todo… Y ni reclamando se soluciona.

Habría que darle una vuelta a eso, eh.

Por otra parte, reclamar tiene que ser fácil, ágil y efectivo y tiene que servir para resolver un problema lo más rápido posible al consumidor y del mismo modo, conseguir que no vuelva a pasar. Y si no se cumple, se sanciona. Alberto, lo que acabas de hacer es empezar la casa por el tejado.

Seguimos intentando tapar el sol con un dedo y de ahí no salimos. Pero bueno, como publicidad no suena mal.

De hecho, es triste pero sólo hay que fijarse cómo funcionan las asociaciones de consumidores para saber dónde está el camino (lógicamente por otra parte, viven de sus asociados, pero bueno de igual manera, Alberto vive de nuestros impuestos) y es triste mas que nada, porque las administraciones públicas deben estar para defender los intereses de los ciudadanos y con esta medida seguimos igual que antes.

Es que nosotros, desde Taxi Project, la asociación que represento, hemos llegado a poner reclamaciones contra la empresa Bolt en tu ministerio y nos las habéis mandando directamente a Europa… Luego que no os sorprendan que os pongan la cara colorada.

De hecho, dentro de poco, algunos representantes de Taxi Project vamos al Parlamento Europeo de la mano del GUE/NGL (al que vosotras y vosotros también pertenecéis), a presentar buena parte de nuestro trabajo, entre el que se encuentran varias reclamaciones contra Uber y Cabify por vulnerar decenas de normas en varios ámbitos, entre ellos Consumidores y Usuarios y que igualmente, hemos presentado ante las autoridades de Consumo de Madrid, Catalunya, País Vasco y en breve en Andalucía y posiblemente os piten los oídos en el ministerio. Porque si bien sabemos de las limitaciones de estos organismos, vamos a llegar donde tengamos que hacerlo. Esto sólo es el principio.

Después de años permitiendo a estas empresas tantos abusos, no es normal que no pase nada.

Ante la tibieza necesitamos una Revolución (otra más).

Necesitamos que las empresas teman a las instituciones públicas, no que se rían de ellas y por el momento, seguimos igual y al final los sufrimos los de siempre, las ciudadanas y los ciudadanos. Necesitamos leyes que protejan al usuario y no las que tenemos. Tenemos leyes que parecen dictadas por las mismas empresas.

A ver si de una vez alguien demuestra la importancia del ministerio de Consumo que otros no han sabido darle nunca. Demuestra que no os dejaron las sobras, Alberto.

Ah y todo esto sin contar también que el país se dirige desde el consejo de administración de alguna o varias empresas (fondos buitres, eléctricas, casas de apuestas)… Soy consciente de ello. Pero visto lo visto, por algún sitio habrá que empezar a solucionarlo. De eso se trata…

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.