SAP, variantes y eufemismos

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Alicia Rey, galerista, feminista radical y activista por los derechos de la infancia.

La ley contra la violencia en la infancia con apenas un párrafo promete evitar que el SAP no sea considerado por los distintos poderes públicos. Ante la reciente aprobación de dicha ley por la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, y aunque éste único párrafo sea insuficiente y vago pareciendo más una recomendación que una norma, muchos y muchas se apresuran a buscar eufemismos tales como interferencias parentales, instrumentalización de los hijos o lavado de cerebro.

Es obligatorio no evitar sino prohibir que cualquier criterio sin aval científico sea considerado por un tribunal. El camino hacia la mercantilización de los y las menores pasa, más que por la socavación, por la reducción de sus derechos. Este proceso lleva su tiempo. Es admirable la forma en la que el SAP se introduce en la justicia saltándose una implantación escalonada y facilitada por estrategias como la Ventana de Overton. Delirante que una enfermedad que no existe sea diagnosticada y aceptada por distintos tribunales de justicia. Ni siquiera pertenecería a la llamada Junk Science utilizada para reforzar ideas machistas, racistas, incluso ideas transgénero a través de distintos estudios médicos y científicos. No llega ni a eso y, sin embargo, es aplicable siempre que exista relación entre él o la agresora y él o la menor.

Un pequeño aparece con un morado en la espalda y refiere a la madre un historial de malos tratos y amenazas por parte del padre. Los servicios sociopsicopedagógicos italianos aducen que las “reiteradas denuncias de la madre afectan a sus hijos y dificultan en el comportamiento afectivo y la confianza con el padre”. Sobre la causa de los moretones en la espalda de uno de sus hijos nada. El final de esta historia, la madre es condenada a prisión e inhabilitación para ejercer la patria potestad. Otra menor denuncia ante un juez que su madre “la agarra del pelo y arrastrándola por el suelo, la agarró del cuello y comenzó a amenazarla de muerte, propinando posteriormente diversas patadas a su hija”. La Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción elabora un informe que recoge que “la menor utiliza la mentira contra su madre para agradar al padre” y que “recibe presiones, más o menos conscientes, y adoctrinamiento más o menos consciente, que dan como consecuencia el rechazo frontal a la madre”. ¿Qué elementos existen para que el juez acepte que las acusaciones de la menor son utilizar la mentira? SAP. El final de esta historia, la menor es condenada en base a este informe y la declaración de su madre.

Es imprescindible que sea abierto un plazo lo suficientemente extenso para que todas las sentencias que avalen el SAP sean invalidadas y los y las afectadas puedan reclamar la repetición del juicio. El SAP NO EXISTE. Lo denuncie un padre o una madre sencillamente no existe. Tras las denuncias de un menor siempre aparecerá la sospecha del SAP que pasa a ser tema principal obviando los precedentes contados por los y las menores que sólo cuentan con su testimonio. La mayoría de las denuncias de malos tratos o abuso sexual contra menores quedan sin resolver o peor, sin investigar. Una fórmula eficaz alegar este síndrome, redirigir el foco de atención a cuestionar el testimonio del menor sin indagar en las razones que llevan a rechazar al progenitor, generalmente el padre, en lugar de investigar los hechos denunciados. Solo el 30% de los casos de abusos sexuales a menores terminan en sentencia según Save the Children. Si tenemos en cuenta que menos de un 10% de las víctimas denuncian estos hechos el total de las condenas es anecdótico.

Estas semanas he asistido atónita a una especie de delirio colectivo en el que feministas validaban la posibilidad de que uno de los progenitores pudiera lavar el cerebro a un hijo. Todo esto refrendado por profesionales médicos, algunas de ellas incluso vinculadas a juzgados de violencia contra la mujer. Un despido inmediato no es suficiente.

Es necesario establecer medidas civiles y penales contra los agentes judiciales y sanitarios que validen el SAP, derivados y eufemismos. Sólo así acabaremos con la impunidad de los agresores.

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