El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los derechos humanos, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Los días previos y posteriores suele circular mucha información y opinión acerca de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Nos sorprendemos de la cantidad de países donde se producen violaciones de derechos humanos a diario y nos sonrojamos (o deberíamos) al escuchar los datos referentes a la vulneración de derechos humanos en España, especialmente los relativos a la libertad de expresión, violencia machista, trato hacia las personas migrantes y comercio de armas, no digamos ya los datos referentes a pobreza, desigualdad y exclusión social.
Es sabido que los derechos humanos y las declaraciones que los protegen no escapan a críticas diversas, comenzando por el feminismo (Olympe de Gouges sin ir más cerca) y siguiendo con autores como Althusser o Foucault. Críticas aparte, se han consolidado como una especie de faro que orienta las políticas sociales. Bienvenido sea el faro. Garantizar los derechos humanos entre ellos los derechos sociales se ha convertido en bandera en los partidos de izquierda. Bienvenida sea la bandera también. Me referiré a partir de ahora a derechos de ciudadanía en general sin entrar en disquisiciones académicas acerca de las distintas tipologías que existen al respecto.
Defender y garantizar derechos de ciudadanía es una loable tarea. El problema es el modo en que los partidos de izquierda concretan esa garantía porque la mayoría de las veces se acaba por implementar políticas asistencialistas que en lugar de contribuir a la transformación social derivan en un parche bienintencionado. Ejemplos hay muchos y no es cuestión de hurgar en la herida ya que lo que pretendo es arrojar luz sobre los porqués y ofrecer algunas pistas para la mejora. Sostengo tres argumentos que a mi juicio explican el desnorte de la izquierda en materia social: Uno, el desconocimiento de quienes engrosan los cuadros de los partidos en materia de diseño, acotamiento y, lo más importante, coordinación entre sí de las políticas sociales, el desinterés hacia el cometido deseable de los servicios sociales como sector dentro de la política social y el escaso entendimiento sobre la exclusión social como fenómeno transversal, dos, la falta de personas en el interior de los partidos procedentes de los servicios sociales en comparación con las de otros sectores (medio ambiente, educación…) y tres, la aceptación del relato neoliberal relativo a la exclusión social, que se ha asentado en lo más profundo de las creencias de las gentes de izquierda. Como complemento hay que señalar que las profesionales del sistema tampoco es que hayamos hecho una gran labor pedagógica, pero en fin…
Comencemos por el desconocimiento en materia de diseño, acotamiento y, lo más importante, coordinación entre sí de las políticas sociales. Digo políticas sociales en plural porque, en teoría, engloban a la sanidad, los servicios sociales y la educación además de la vivienda, la política laboral y un más que ansiado e inexistente sector de garantía de rentas (que incluiría las rentas mínimas o básicas y las pensiones). Estas áreas de la política social protegen (o deberían proteger) bienes públicos que, cito respectivamente, son la salud, la convivencia, el aprendizaje, un hogar, un empleo y la subsistencia.
La exclusión social, por su parte, es un fenómeno transversal. Una persona se encuentra excluida cuando no tiene acceso a un empleo digno, no tiene garantizada su salud, padece la falta de formación adecuada, tiene problemas relacionales o, en el peor de los casos, carece de un hogar. Pues bien, para ayudar a estas personas a salir de la exclusión deben generarse estructuras, servicios y programas que les protejan en las diferentes esferas de su vida y les ayuden a construir sus propios procesos vitales autónomos y emancipados ¿Qué se hace en lugar de esto? Poner etiquetas a la pobreza en una vorágine identitaria que solo conduce a mantener la situación y, lo que es más grave, a estigmatizar a quienes sufren las consecuencias de este sistema injusto y perverso: Pobreza energética, pobreza residencial ¡Hasta he escuchado el término pobreza menstrual! Estas etiquetas si bien han contribuido a señalar algunas problemáticas, sin ir más lejos el IVA de los productos para la menstruación, son tan estigmatizantes como arbitrarias: Si optas por comer en lugar de pagar la luz eres un pobre energético y si optas por no pagar la hipoteca, un pobre residencial. Podemos elegir qué tipo de pobre queremos ser, qué cosas.
Lo que las personas queremos no es una ley que nos permita ir a los servicios sociales a obtener un papel que diga que somos pobres energéticos. Unos servicios sociales que, a falta de una redefinición ideológica, técnica y administrativa tras la beneficencia franquista, continúan actuando como camión escoba de los deficits del resto de áreas de la política social, repartiendo certificados de pobreza con el consiguiente estigma para quienes acuden con demandas económicas y el malestar y la quemazón de muchas y muchos profesionales hartos de ocupar el rol de inspectores de pobres.
Lo que las personas queremos es un empleo digno, una garantía de subsistencia, un hogar, una red de apoyo que nos sostenga durante los avatares de nuestra trayectoria vital y una salud que nos permita hacer frente a los inmisericordes recibos del banco. Solo desde la apuesta por la promulgación de leyes que garanticen derechos generales y la creación de estructuras robustas en materia de políticas sociales se puede conseguir. Las leyes han de garantizar derechos universales, pero además han de proteger la dignidad de las personas y esta se ve muy menoscabada con el establecimiento sistemático de ayudas miserables que les además les apuntan con el dedo. También se menoscaba su dignidad con la propia configuración actual de los sistemas públicos de servicios sociales (hablo en plural porque la competencia es autonómica) y con la deriva del tercer sector que trabaja con las personas más excluídas, no lo olvidemos. Paralelamente a ese señalamiento y criminalización de las personas en procesos de exclusión social continúa la esquilmación los recursos públicos como la energía a través de las privatizaciones y otros atentados perpetrados por los gobiernos PPSOE contra la mayoría social. Unos atentados que debieran ser revertidos a la mayor brevedad posible, aunque me temo que va a ser mucho pedir a sus majestades los Reyes Magos del gobierno de coalición progresista.
Dos, hago una llamada hacia la participación política a las personas comprometidas en la lucha contra la exclusión social y conocedoras de su complejidad: O se hace pedagogía en el interior de los partidos o las iniciativas seguirán siendo las mismas por las razones que acabo de explicar, factores que se convierten en un cóctel Molotov combinados con el desnorte número tres: las creencias. Posicionamientos a priori muy progresistas en el seno de los partidos de izquierda se sostienen en creencias tan conservadoras y/o neoliberales que conducen a políticas muy parecidas en la práctica a las de cualquier partido de derechas, a la estigmatización de las personas y a la perversión de las iniciativas. Pondré un ejemplo: Las rentas mínimas. En el imaginario de los partidos rojos hay un convencimiento de que a la gente hay que proporcionarle ingresos aunque sean mínimos para poder sobrevivir, esto no genera discrepancia. El asunto es que las diferentes administraciones gobernadas por la izquierda diseñan estos programas de ingresos mínimos vinculándolos al empleo porque la creencia errónea de fondo imbuida por el neoliberalismo (mezclado con el conservadurismo más rancio) es que, por una parte, el empleo por sí solo proporciona dignidad y, por otra, que las causas de la exclusión son individuales; se cree que son las personas las que no saben o no pueden acceder al empleo, garante de la inclusión. La única diferencia respecto de las creencias de los partidos de derecha en este punto es que los neoliberales añaden a las personas no saben o no pueden, no quieren, a pesar del páramo laboral que vivimos en este país y del hecho, más que científicamente comprobado, que el empleo por sí solo no es garante de la inclusión y menos aún si no es un empleo digno (aquí procedería entrar en la Renta Básica, pero no debo extenderme más). Siempre que abordo este tema cito una frase de Ulrick Beck que dice, más o menos, las sociedades actuales proporcionan soluciones biográficas a contradicciones sistémicas. Es un buen resumen de lo que intento explicar.
En este tiempo de buenas intenciones y propósitos de mejora acabo mi reflexión formulando mi particular carta de reyes a los partidos de izquierda: Pido un análisis serio y riguroso (es decir, científico) sobre cómo se deben garantizar los derechos de ciudadanía, sobre cómo detener la hemorragia de desigualdad que recorre este país y sobre a qué deberían dedicarse los servicios sociales: si a seguir actuando como los herederos de la beneficencia franquista con las ayuditas para los pobres o al fomento de la convivencia y el apoyo social para toda la población, que hay faena y mucha. Sin ir más lejos, la soledad no deseada. Con respecto a la subsistencia, si no es posible sacarla de una buena vez de los servicios sociales, al menos que se garantice sin tener que someter a las personas a un infierno administrativo indigno (pidan por favor el libro de Sara Mesa a Papá Noel). Y por último, incluyan majestades una ITV de las creencias asentadas en las mentes de, al menos, las personas que deciden en los partidos pues estoy segura de que más de uno se sonrojaría, igual que nos sonrojamos todos los que decimos ser de izquierdas cuando el tercer sector nos escupe la realidad en forma de datos a la cara cada diciembre.
