La sra. Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, escribe en El País un artículo en el que expone su posicionamiento con respecto al Ingreso Mínimo Vital que el Gobierno de España está pendiente de aprobar. Es de agradecer que las personas con responsabilidad política se pronuncien. Conocer su posicionamiento sobre los asuntos públicos es importante. Permite que los profesionales podamos entrar en un debate razonado sobre los argumentos en cuestión. Sorprendentes, en este caso, pues viene a hacer una extraña defensa del sistema de rentas mínimas poniendo sobre la mesa cuestiones que, lejos de aportar, contribuyen a la ceremonia de la confusión. Unas por inexactas otras por inciertas. Estamos hablando de un asunto tan importante como es el de garantizar la subsistencia de millones de personas en este país.
De la exposición de la sra. Oltra hay un aspecto en el que estoy totalmente de acuerdo: La compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con las rentas autonómicas genera muchos interrogantes, es verdad, precisamente porque las dos prestaciones persiguen objetivos que chirrían al tratar de compatibilizarlos: La subsistencia y la inclusión. De hecho llevan chirriando muchos años. Las rentas mínimas condicionadas a la inclusión social han demostrado ser un absoluto fracaso: Ni contribuyen a la inclusión ni garantizan la subsistencia. Es lamentable que el neoliberalismo haya inoculado con tanta eficacia las tesis del workfare, sobre todo a partidos de izquierda con cuadros supuestamente bien formados. Se esperan estos planteamientos por parte de la derecha, pero tener que contraargumentar a personas de izquierda es como tener al enemigo en casa. Que la izquierda maistream haya tirado a la basura la bandera del derecho a algo tan marxista y libertario como es vivir sin permiso es, por decirlo suavemente, penoso.
Si lo que la sra. Oltra pretende es mantener a la población ocupada las rentas mínimas lo consiguen con creces; las personas deambulan durante meses de ventanilla en ventanilla, siendo sometidas a un verdadero infierno burocrático. Un infierno de tal indignidad que fue tema de análisis por Sara Mesa en su magnífico y demoledor libro Silencio administrativo. Se trata de una novela sobre una solicitud de renta mínima cuya lectura recomiendo a la sra. Oltra. y a todas aquellas personas que no se hayan visto obligadas a tramitar una renta mínima y hablen a la ligera. Como profesional del sistema público de servicios sociales doy fe de la veracidad del texto. Como profesional del sistema público de servicios sociales me resisto a ese odioso rol.
Las personas empobrecidas necesitan dejar de estar empobrecidas por el sistema capitalista. Todas. Y entre ellas habrá quien necesite acompañamiento y apoyo emocional, muchas necesitarán un hogar, otras necesitarán un empleo digno, quizá otras necesiten formación y reciclaje e incluso puede que muchas solo necesiten dinero y otras necesiten un poco o un mucho de todo. Partir de la creencia de que la inclusión pasa necesariamente por el empleo, sin más, es, además de tomar la parte por el todo, desconocer la complejidad de la exclusión social. Y de un tufo neoliberal que tira para atrás, por cierto. Por otra parte, también supone tener una expectativa digamos irreal sobre el mercado de trabajo de este país. Como si Philip Alston no lo hubiese dejado lo suficientemente claro.
Condicionar la percepción de una prestación a la inserción laboral es, además de ineficaz, cuestionable desde el plano moral. A ver si esto se entiende de una buena vez. Continuemos el símil sanitario, siempre tan oportuno: los actuales sistemas de rentas (excluyendo a Euskadi y Catalunya) funcionan con la misma lógica de la de un médico que condicionase la prescripción de un medicamento al cumplimiento de las tareas que prescriba al paciente. En realidad eso ya ocurre en países como el Reino Unido, que no parece el mejor de los ejemplos en materia de derechos de ciudadanía.
Para combatir la pobreza y la exclusión cada sistema tendría que asumir su parte de responsabilidad porque es una problemática multidimensional que requiere respuestas diversas y coordinadas, no un problema a resolver por los servicios sociales. A ver si caemos del guindo y arrimamos el hombro todos los actores implicados. La subsistencia es una de las caras del problema. Por eso garantizar ingresos incondicionados a las personas (no a las familias) es parte de la solución. Un ingreso mínimo vital o, mejor aún, mucho mejor, una posible renta básica tiene un perfecto encaje constitucional como prestación incondicional de la seguridad social lo que garantizaría la subsistencia. Hablamos del modelo de renta básica que propugnamos desde la izquierda, no el modelo que defiende la derecha, entre ellos, Luis de Guindos. Una renta básica con dos compañeros de viaje: Reforma fiscal y refuerzo de los servicios públicos. Sra. Oltra y miembros del Gobierno de España, se puede, si se quiere, claro…
La llamada asistencia social del artículo 148.20 se mantendría en las CC.AA. como hasta ahora y permitiría que los servicios sociales nos dedicásemos a tiempo completo a la inclusión. No es necesario aplicar la política del palo y la zanahoria si lo que se quiere es acompañar y apoyar a las personas hacia proyectos vitales autónomos y felices. En algo tiene razón Mónica Oltra, renta básica universal y rentas mínimas de inserción son dos modelos diferentes que no conviene confundir. Las rentas mínimas aumentan el sufrimiento. La renta básica aumenta el bienestar y la felicidad. Pregunten en Finlandia.
Extraordinario argumento. Nada más que decir, Belén. Directo, claro, concreto, no sobra ni falta nada. Todo mi reconocimiento a tu valentía, además.