El desencuentro entre el Gobierno y las compañías aseguradoras encargadas de Muface a la hora de renovar el acuerdo para los próximos años ha suscitado una amplia polémica. Estas compañías privadas exigen un aumento de los ingresos del concierto (que varía entre la cantidad ofrecida del 17% hasta el 40% pretendido por las aseguradoras) que ha puesto en jaque al Gobierno, hasta el punto de plantear su desaparición y declarar desierto el concurso.
Esta polémica es observada en la mayoría de medios como el pulso de un colectivo de privilegiados contra el interés público. Sin embargo, una observación más detenida puede llevarnos a deducir que existe una contradicción superior, que va más allá de una disputa por privilegios. Esta contradicción superior es la del papel del Estado y su relación inversa con el interés popular, que desvela su verdadero carácter capitalista y, por tanto, su papel gestor de los intereses de las grandes empresas.
La crítica enfocada en que se trata de un privilegio, una concesión otorgada, señala que es incongruente que un colectivo de trabajadores públicos elija como forma de atención médica la de los seguros de compañías privadas. Por contra, sus defensores recuerdan que este sistema se sostiene con las primas que aportan los propios afiliados, en el marco de una relación histórica que se remonta a los años 60 y que proviene de los derechos laborales obtenidos a través de las organizaciones gremiales y mutualidades.
Si bien es cierto que puede ser hasta cierto punto comprensible la defensa de ese derecho, esto parece una gran incongruencia en un contexto en el que las excusas de la «estabilidad presupuestaria» están llevando a la espera interminable para la realización de una simple prueba diagnóstica (recordemos que hay pacientes que mueren esperando una intervención y personas dependientes que fallecen antes de que les sea concedida una ayuda a domicilio). Por contra, este razonamiento puede volverse del revés si lo entendemos como una igualación a la baja, en la que el grueso de mutualistas -un millón y medio de personas-, pasarían a alargar esas listas de espera. Y suscita además el manido debate entre los trabajadores asalariados de empresas o autónomos frente a los trabajadores públicos.
Observada de esta forma, la polémica como vemos plantea al menos alguna duda. Pero aquí se olvidan o se silencian algunos componentes del problema.
Para empezar, ese modelo no sólo se nutre de primas o aportaciones de los asegurados, sino que percibe financiación del dinero público. De hecho, recientemente el ministro de Función Pública, Óscar López, ha anunciado la inyección de «1.000 millones de euros adicionales para financiar Muface, dinero de todos los ciudadanos, de los Presupuestos Generales del Estado».
Ese dinero termina en compañías privadas, con las que el Gobierno acuerda una relación de concierto: Adeslas, Asisa y DKV. Estas empresas forman parte de un poderoso conjunto de intereses económicos, o lobbies. Su poder de presión es muy amplio y se ramifica además, a través de las participaciones accionariales, con los intereses de otros sectores, dentro del tupido tejido de relaciones comerciales que comprende el enttamado neoliberal. Por ejemplo, Adeslas es propiedad en un 49% de Vidacaixa, el grupo asegurador de Caixabank.
Si recordamos, precisamente la minoración de esa manera de entender el sistema sanitario, mediante conciertos y colaboración con empresas privadas, era una de las promesas con las que se justificó la necesidad de impulsar el Gobierno de coalición con el PSOE.
Pues como vemos esto no solo no se ha producido, sino que parece ser que tampoco hay interés en llevarlo a cabo, más bien lo contrario, todo apunta a que la intención del Gobierno es apuntalar ese sistema de colaboración público-privado en beneficio de la parte privada y en detrimento de la parte pública.
El Gobierno podría aprovechar esta situación para ordenar el traslado de todos los recursos de Muface a la Sanidad Pública. Recursos económicos, de personal, también las instalaciones, todo. Con ello el Gobierno reafirmaría su papel de garante del famoso «escudo social» y además reforzaría el valor de la sanidad universal. Y si finalmente lo hace, cosa improbable, será más por desinterés de las aseguradoras que por voluntad propia.
En esta misma columna ya se analizó la manera en que se produce la acumulación de capital en los servicios de atención domiciliaria y la forma en que se produce de manera intencionada el deterioro de la parte pública de estos sectores laborales. Y también se observó la manera en que los fondos buitre carroñan la sanidad pública.
Esto no debe pillar por sorpresa a los socios de Gobierno, pues ya vamos por la segunda legislatura. Ni tampoco es la primera promesa de derogación o de reforma que se diluye como un azucarillo en agua. Ni la primera, ni la segunda (empleo, educación, vivienda, pensiones…) ¿Por qué ocurre entonces?
El planteamiento del problema empieza por una trampa. La sanidad no puede ser entendida como un negocio. Las empresas privadas obviamente funcionan por interés particular, no universal. Si ese interés no se obtiene, dejan de tener sentido. Para las compañías aseguradoras el usuario es un gasto, que procurará por todos los medios minimizar. De hecho, muchos de los seguros hacen selección de riesgos y se niegan a realizar ciertas pruebas a sus pacientes, o peor aún los rechazan cuando su caso no tiene cura o esta es muy costosa, de manera que acaban volviendo a la pública.
Esta incoherencia se manifiesta más cuando las propias aseguradoras justifican sus exigencias en que el gasto que suponen sus usuarios aumentan debido a que estos son cada vez de más avanzada edad, pues la edad media del funcionario español supera los 50 años.
Y este envejecimiento del funcionariado no se debe a que los más jóvenes no deseen acceder a un puesto público. Nada de eso. Esto se produce por el ERE encubierto de las Administraciones, que desde hace décadas no contratan al personal nuevo suficiente y realizan todo tipo de piruetas legales para amortizar los puestos de trabajo que se eliminan por jubilación o por directamente su supresión.
Estas cuestiones son ignoradas por los sindicatos mayoritarios del sector. En especial el sindicato corporativista CSIF, que realiza una gran labor de mediación en favor de los intereses de las empresas, que son a quienes beneficia en última instancia, y no al sector público, pues se encarga de realizar el trabajo sucio a los altos responsables de los funcionarios, sostenidos en sus puestos mientras sean beneficiosos para este modelo.
Todo este panorama, como vemos, sugiere un leitmotiv oculto, que no es otro que la priorización del interés privado sobre el público. La enorme oferta que suponen negocios tan interesantes como la sanidad, la educación, la vivienda o las pensiones. Sectores de negocios que nunca dejan de existir porque son imprescindibles y que mueven cantidades de dinero tan importantes que las empresas que logran monopolizarlo se hacen con el control de verdaderos centros de poder.
Y para que ese monopolio tenga oportunidad de producirse se necesita un entorno, un caldo de cultivo donde pueda proliferar. Ese entorno no es otro que la relación social del capitalismo. En el capitalismo, en especial en su versión neoliberal bajo la que estamos alineados como país dependiente de la UE y la Alianza Atlántica, la producción y la prestación de servicios corre a cargo de la inmensa mayoría de la población: los trabajadores y trabajadoras. Pero el beneficio que se obtiene no se reparte de igual manera, sino que su mayor parte cae del lado de los que poseen los medios y recursos. Una estrecha minoría.
Para sostener esta relación social, esta manera de organizar nuestra sociedad, se necesita un fuerte aparato legal y represivo, que es el Estado. Para el Estado, dentro de la lógica capitalista, resultarán indiferentes incluso las pretensiones de los diferentes Gobiernos, ya se consideren progresistas o conservadores. Su papel será siempre la de mediar entre los intereses de las empresas y de los trabajadores, de forma que los segundos acepten las exigencias de las primeras y se preserve el orden.
Esta es, en realidad, la contradicción principal que se esconde tras la polémica de Muface. Las demás cuestiones serán más o menos secundarias, y girarán siempre, aunque no se aprecie a simple vista, en torno a ese centro de gravedad: la lucha de clases y la pugna entre los intereses de los grupos sociales antagónicos. Y esto será así incluso en lo que concierne a cuestiones tan fundamentales como la sanidad, de la que dependen la salud y la vida de miles de personas.
