Esta renta se caracteriza (…) finalmente por el predominio del precio monopolista, y en especial por la más desvergonzada explotación de la miseria, pues la miseria es para los alquileres una fuente más lucrativa de lo que jamás lo fueron para España las minas de Potosí.
Carlos Marx, El Capital, capítulo XLVI tomo III
Por un lado, la economía española es líder en crecimiento. Por otro, los españoles jamás en su vida podrán comprar una vivienda con los salarios y precios actuales.
Por un lado, fondos de inversión y SOCIMIs obtienen cada año miles de millones de beneficio. Por otro, trabajadores que han normalizado la compartición de cuartos (ya existen empresas inmobiliarias especializadas en la venta de habitaciones).
Y en esta tesitura, el Pleno del Congreso rechazó ayer por segunda vez el real decreto-ley para prorrogar el «escudo social», con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Este paquete incluía medidas como la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga del bono social eléctrico, y otras.
En el teatro del Congreso, los partidos autopercibidos como izquierda echan en cara a sus adversarios el dejar abocados al desahucio a miles de familias. A su vez, los partidos opositores argumentan que la moratoria favorece lo que que califican obscenamente como «okupación».
Lo cierto es que, como se predijo en esta columna, la distancia que separa a una persona (aunque tenga trabajo estable) de la miseria (verdadero nombre de eso que llaman «vulnerabilidad») se han reducido a un solo paso, pese a las dos legislaturas de Gobiernos progresistas y sus «escudos» y «cambios de paradigma«.
Sí, el «escudo social» era de cartón
De todas formas, el «escudo social» venía ya nacido con patitas cortas. La medida de moratoria antidesahucios para familias vulnerables no está incluida de forma permanente ni explícita en la Ley el derecho a la vivienda, creada en el anterior Gobierno PSOE-Sumar-Podemos.
Esta ley de vivienda reciente establece protecciones procesales contra desahucios, como la suspensión temporal de procedimientos (dos o cuatro meses) cuando se acredita vulnerabilidad económica o social, la obligación de mediación o conciliación previa para grandes tenedores (definidos como propietarios de más de 10 viviendas por la ley progresista), y la coordinación con servicios sociales para ofrecer alternativas como alquiler social o ayudas.
La moratoria antidesahucios tiene su origen en medidas temporales introducidas por el decretos adoptados durante la pandemia de COVID-19. Esta suspensión se ha prorrogado múltiples veces mediante decretos posteriores. Las protecciones son caso por caso, con suspensiones limitadas en el tiempo y condicionadas a vulnerabilidad probada mediante verdaderas odiseas burocráticas.
Es decir, para pequeños dueños (según la Ley de Vivienda de PSOE-Sumar-Podemos, los «pequeños dueños» pueden poseer hasta 10 inmuebles), las barreras son menores. En la práctica, muchos desahucios ocurren porque no todos los afectados cumplen los requisitos para la suspensión, o porque los juzgados priorizan ejecuciones hipotecarias o impagos no cubiertos.
Es por eso que en 2024 se registraron 27.564 desahucios (74% por impago de alquiler). Para 2025, se proyectan entre 25.000-26.000 (faltan los datos del último trimestre). En total, desde 2020, se estiman unos 210.000 desahucios pese al «escudo».
Esto sucede por una razón muy simple: el monopolio de la vivienda ha encontrado un filón en los altos precios de alquiler, que aumentan sin freno en un entorno en el que los ingresos medios abocan al impago. Y un contexto social en el que los conservadores carecen de depredador natural, porque las leyes progresistas son inocuas para el rentismo. La clase trabajadora se encuentra tan desvalida que ya se ha normalizado que el impago (por imposibilidad de acceder a esos elevados precios) sea calificado de «okupación».
Sí, la famosa Ley del «cambio de paradigma» era un pacto de no agresión hacia el rentismo
Así que, por favor, dejen de tomarnos el pelo con sus pantomimas en el Congreso. Sí, es cierto que si la derecha (o la más a la derecha, para ser exactos) logra tumbar en el tercer intento la moratoria de desahucios, esto afectará según se prevé a unos 70.000 casos. Pero ¿hasta qué límite es aceptable el malmenorismo?
El problema de la vivienda es intrínseco al sistema capitalista. Lo que sufrimos hoy los trabajadores es una agudización de la presión de las rentas de hipotecas y alquileres debido a la necesidad de la economía española (condenada por la Unión Europea al turismo y al ladrillo) por extraer beneficio a toda costa aunque sea mediante el parasitario rentismo.
Por rentismo nos referimos a esa clase social que va de la mano delos capitalistas, que es rica en posesiones pero es absolutamente improductiva. Un grupo social que, de la mano de los capitalistas, obtiene más beneficio cuanta más miseria exista en la clase trabajadora.
Según Intermón Oxfam, tres de cada diez españoles afirman que sus ingresos no les permiten vivir con dignidad. Si usted está leyendo esto y cobra el salario más frecuente -como quien les escribe- seguramente les supone un lujo comer pescado, carne o ciertas frutas.
Millones de consumidores, al hacer la compra, van ya directos a los productos básicos, para al menos llenar la nevera de algo que poder cocinar. Como denunciamos también en esta columna, para muchas familias es ya más asequible comprar comida prefabricada que prepararla en casa.
Luego entonces, ¿qué parte de la población española se beneficia de que la economía vaya «como una moto»? Sin duda, los rentistas, en especial los del sector inmobiliario.
Las políticas del Gobierno autopercibido como progresista han protegido y, en algunos casos, fortalecido al rentismo institucional e internacionalizado (SOCIMIs, fondos buitre). La UE ha sido un factor multiplicador de este modelo a través de políticas monetarias y de libre circulación de capitales, censurando la libertad de la mayoría social -la clase trabajadora- para gestionar sus propios recursos, tales como su suelo, su agricultura, su pesca o la poca industria que queda.
¿Esperamos a tocar fondo o nos organizamos y recuperamos nuestra soberanía como pueblo?
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