«Por eso la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba:Condena el latifundio, fuente de miseria para el campesino y sistema de producción agrícola retrógrado e inhumano; condena los salarios de hambre y la explotación inicua del trabajo humano por bastardos y privilegiados intereses; condena el analfabetismo, la ausencia de maestros de escuelas, de médicos y de hospitales; condena la desigualdad y la explotación de la mujer; condena las oligarquías militares y políticas que mantienen a nuestros pueblos en la miseria, impiden su desarrollo democrático y el pleno ejercicio de su soberanía; condena las concesiones de los recursos naturales de nuestros países a los monopolios extranjeros como política entreguista y traidora al interés de los pueblos».
Fidel Castro. Primera declaración de La Habana, 1960
En la primera parte de esta reflexión, como intento de aportar alguna luz en la controversia por las protestas de los agricultores, repasamos cómo afrontaban la cuestión los clásicos marxistas. Vimos que tanto Engels como Lenin no desdeñaban -al contrario de lo que afirman los detractores- a los campesinos ni menospreciaban sus luchas, sino que procuraron atraer sus protestas a la unión con las del proletariado.
Vimos también que el certero análisis marxista señalaba las claves de la cuestión y ponía en la palestra a las entidades y relaciones sociales que son la fuente del problema: el Estado burgués, que sostiene todo el entramado legal y represivo que normaliza la propiedad masiva de terreno de unos pocos y la dependencia de los pequeños propietarios y obreros del campo, por una parte; por otro, la relación internacional con otros organismos de rango superior, que se alían para que ese orden de cosas se perpetúe.
Llamará la atención del lector que, para hablar del campo español, se use una cita que habla de Cuba. Pero entendemos que esa cita resume en una sola frase todo ese mensaje.
Como vemos, Fidel empieza la declaración de principios de la Asamblea Nacional enumerando los más graves problemas a los que se enfrenta la nación (salarios de hambre, explotación de la mujer, ausencia de hospitales, analfabetismo) y cita en primer término el latifundio, «como forma de producción retrógrada». Y al final enlaza todos esos problemas, encabezados por la situación agrícola, a la ausencia de soberanía, debida a la «política entreguista y traidora» al poder de los grandes monopolios.
Es muy interesante la reflexión que se produce aquí en un sólo párrafo. Fidel recoge todo lo aprendido de Marx y Engels sobre la explotación, plusvalía y origen de la acumulación de capital para señalar la fuente del problema en lo doméstico: la propiedad privada del latifundio. Y aparte, en lo externo, enlazando con los conocimientos de imperialismo observados en Lenin, señala además el entramado internacional que sostiene ese sistema injusto, que priva de la soberanía popular y la entrega a intereses económicos.
Resumiendo de manera muy simple pero con la intención de ser lo más didácticos posible, vemos que hay dos ámbitos, uno nacional o interno en el que el Estado aporta las herramientas para sostener esa forma de producción que crea la sociedad capitalista tal como es. Luego hay otro ámbito superior, que permite que ese Estado se sostenga, y que enlaza con los grandes poderes económicos, a los que «se entrega» la soberanía.
Es decir, esos monopolios extranjeros sostienen el orden social de las naciones sometidas, orden que el Estado de cada uno de esos países garantiza, mediante el control a través de esos Estados por una minoría, minoría que a su vez vende la soberanía de su propio pueblo a cambio de ser la sucursal en la nación de esos intereses foráneos.
Esta dialéctica entre la situación nacional y la política internacional, dicho sea de paso, es parte de lo que no entienden los defensores a ultranza del Gobierno y los partidos basados en el pragmatismo de las reformas posibles dentro de la UE. No entienden o no quieren entender.
Si en la primera parte de este artículo decíamos que aunque nos separaban un siglo y medio o un siglo, respectivamente, de Marx/Engels o Lenin, sus tesis eran plenamente actuales pese a las diferencias, podríamos ahora afirmar que Fidel, aunque lo dijera hace más de 60 años, mostraba una instantánea de su momento que no difiere del panorama que podemos ver hoy, por ejemplo, en España.
Para comprobar si esto es así necesitaríamos hacer un repaso de la historia reciente del campo español. Esto es necesario para entender de dónde procede la situación actual.
El problema de la estructura y propiedad de la tierra y la Reforma Agraria en el último siglo.
La manifestación de estas situaciones actuales hay que entenderlos en el contexto de un problema no resuelto que se manifiesta de manera cíclica. Así lo entiende por ejemplo Antonio López Ontiveros en su ensayo Propiedad y problema de la tierra en Andalucía (Biblioteca de la Cultura Andaluza, volumen 60), cuya explicación concreta de esta región puede extenderse a la mayoría del territorio estatal. Distingue en su estudio cuatro etapas.
Según López Ontiveros, una primera fase del siglo XX acarrea la miseria y el hambre de etapas anteriores, con graves revueltas de signo mayoritariamente anarquista, y entidades gubernamentales que tratan de armonizar las reivindicaciones de obreros y propietarios.
Le sigue el periodo que los historiadores denominan Trienio Bolchevique, entre 1918 y 1920, periodo que en España agudizó de manera extraordinaria la conflictividad (se ve más adelante por su importancia).
Posteriormente hay dos etapas que vienen marcadas por la II República y su Reforma Agraria, que es lógicamente truncada por la Guerra Civil y sus funestas consecuencias. A partir de 1939 el debate sobre el tema queda minimizado por razones obvias. Y finalmente una etapa a partir de los años 70, coincidiendo con el tránsito a la democracia y la Constitución, que llega a la actualidad.
En el mencionado ensayo, el autor especifica que la problemática de la estructura de la tierra en Andalucía se debe al predominio de la gran propiedad o latifundio y a sistemas agrarios que tienen como denominador común el rentabilismo de los dueños de esas grandes propiedades. Un rentabilismo que se ha ido adaptando a las distintas coyunturas. En relación con esto último, el autor señala el drenaje de recursos financieros hacia el exterior y la consiguiente protesta de la población sin tierras.
En la fase de capitalismo arcaico se detecta en España un importante crecimiento demográfico, entre 1850 y 1880, y un auge de la producción agraria que transforma toda la población rural hacia el modo de producción capitalista cuyos postulados son claros: desposesión de la masa popular del uso de la tierra y creación de una serie de arrendatarios capitalistas (desamortización), que deriva en una proletarización más aguda por ese aumento demográfico y por la caída en desgracia de los pequeños propietarios, bajo el concepto de una agricultura comercializada tanto al interior como al exterior (demandada por la revolución industrial europea y el desarrollo de nuevos medios de transporte como el ferrocarril).
En Las agitaciones campesinas del periodo bolchevista (1918/1920), el historiador Juan Díaz del Moral (también en Biblioteca de la Cultura Andaluza, volumen 23), aporta luz sobre uno de los periodos más críticos en esa pugna obrera y campesina. Como sabemos, en el Trienio Bolchevique se produjeron importantes movilizaciones que tuvieron uno de sus focos principales en el campo andaluz, promovidas por campesinos cuyo ánimo se alimentó de las noticias llegadas desde Rusia, donde tenía lugar el mayor hito social de la humanidad, la gloriosa Revolución de Octubre. Del campo andaluz se propagaron las huelgas y protestas hacia el sector minero, hacia sucesos violentos en Barcelona o grandes éxitos de la movilización obrera como la huelga de la Canadiense, que sirvió para establecer por ley la jornada laboral de 8 horas.
Explica en el ensayo citado Díaz del Moral que bajo el pretexto de las huelgas surgieron «turbias pasiones y rencores políticos» que provocaron la persecución de los líderes sindicales. «La actitud de las autoridades provinciales -narra Díaz del Moral- sufrió un profundo cambio a fines de 1919. El descenso de las organizaciones obreras se aceleró rápidamente merced a las represiones destempladas y antijurídicas y a las coacciones ilegales contra los militantes. Hubo de todo: bloqueo de los huelguistas, amenazas, golpes, todo el aparato de intimidación. Se prohibieron las propagandas y se cortaron las comunicaciones entre las asociaciones obreras. La Guardia Municipal vigilaba sin descanso las entradas de los pueblos y obligaba a retroceder a los recién llegados la menor sospecha de que pudieran ser agitadores».
Continúa del Moral: «a mediados de mayo (1919) la provincia (Córdoba) estaba dicotonómicamente dividida en los dos ejércitos imaginados por Marx: el proletariado y la burguesía». Pero la unidad de la izquierda dura poco o se disolvieron al ser captados sus miembros menos convencidos por sindicatos católicos.
El siguiente momento clave nos lleva a la Ley de Reforma Agraria de España de1932. La Segunda República comprende que uno de los problemas fundamentales del país es la terrible miseria producida por la posesión de unas cuantas familias de la gran mayoría de tierras y los millones de jornaleros que malvivían en condiciones inhumanas. La base de esta ley era la expropiación con indemnización de una parte de los latifundios que serían entregados en pequeños lotes de tierra a los jornaleros. Los decretos agrarios prohibían a los propietarios echar a los campesinos que arrendaban las tierras, aplicaba las 8 horas ya logradas en la industria y se obligaba a los propietarios a trabajar las tierras bajo amenaza de confiscación.
Posiblemente el asunto agrario fuera el miedo más temido por los conservadores de la época junto al alejamiento de la Iglesia de la enseñanza, y una de las razones que suscitaron la agudización política de los años siguientes. A partir de la Guerra Civil, como es sabido, se produce el segundo golpe a los pequeños propietarios iniciado con la desamortización, con adquisición de tierras por los herederos de la nobleza tradicional y por la Iglesia católica.
La represión a los movimientos reivindicativos de los trabajadores del campo quizás tenga pocos ejemplos a nivel mundial como en España, por tanto, teniendo en cuenta que poseemos el desgraciado honor de ser uno de los países con mayor número de personas enterradas en fosas comunes, muchas de ellas no exhumadas aún.
La Reforma Agraria hasta hoy.
Ese «problema cíclico irresuelto» que pasa por distintas fases en el estado español, como hemos visto, vuelve a surgir con la llegada de la democracia en los años 70. La Constitución del 78 establece como modelo económico el de la libre empresa (artículo 38) o el derecho a la propiedad y la herencia (artículo 31) y la «garantía de que nadie puede ser privado de sus bienes sino por causa justificada y mediante la conveniente indemnización».
En consecuencia, cualquier intento de reparto de tierras mediante una Reforma sigue pasando, ahora ya garantizado por vínculo constitucional, por la moderación y la limitación del respeto a la propiedad privada y a la indemnización.
Los sindicatos agrícolas tratan de aferrarse al concepto de la «utilidad de su función social» y a las competencias delegadas a las autonomías, y así por ejemplo en Andalucía sindicatos definidos por el llamado «nacionalismo de clase» y revolucionarios como CUT, SOC o CNT proponen reformas agrarias que establezcan la tierra como un bien público, propiedad del pueblo, y la expropiación sin indemnización. Lógicamente, estas reformas son consideradas inabordables por el resto de sindicatos y partidos, puesto que no encajan en el ideal constitucional.
Otras organizaciones políticas como PCA o CCO introducen el concepto de Reforma Agraria Integral, entendiendo con acierto que no es suficiente con cambiar la estructura de la tierra sino que deben añadirse medidas globales como el precio de la tierra y un ordenamiento estatal de la producción. Irónicamente, esa visión integral del asunto, se ve modificada luego por otro factor más integral aún, que es la sumisión del PCE al eurocomunismo y a la colaboración con partidos de la teórica izquierda, como PSOE, que van vendiendo por parcelas la soberanía del pueblo español a los intereses europeístas y afines a la Alianza Atlántica.
La derrota ideológica de estos partidos y sindicatos afines a la izquierda posibilista, aceptable para la moderación europea, les lleva a ofrecer como positiva la transformación del modelo productivo español hacia el turismo y la especulación inmobiliaria durante los años 80 y 90. En la actualidad esto es tan evidente que hasta el Secretario General del PCE, Enrique Santiago, ha ostentado la titularidad de la Agenda 2030.
En la actualidad, ese sistema dependiente de intereses europeos tiene su reflejo en la Política Agraria Común, PAC. Esta política comunitaria disfraza de modernidad la clásica miseria de los trabajadores del campo, tal como era en el periodo capitalista arcaico y en la adaptación a la revolución industrial.
Oscar Reina, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), explica que pese a ser España una de las potencias europeas en el tema agrícola, «en el campo, el trabajador cobra según convenio, un convenio que por lo general no se respeta por el agricultor, y lo que sube es muy poco, bastante poco, que de por sí hay que decirlo hace años que dichos convenios son muy bajos para cómo se trabaja hoy día en el campo y para lo que sube el nivel de vida hoy día».
«En el campo una cosa es el agricultor y otra el jornalero -expone Oscar Reina en el mismo medio citado-. El agricultor es propietario de la tierra, el jornalero es el que la trabaja por un jornal y en la mayoría de los casos es explotado por el agricultor. Claro está que hay agricultores más grandes y más pequeños, y que no todos son iguales, los hay con pequeñas propiedades, que prácticamente son trabajadores también, pero diferenciemos las cosas para no mezclar ni confundir”.
El ámbito europeo y global.
A la situación doméstica o nacional, le falta para ser entendida -en su totalidad dialéctica- la economía política internacional, que en nuestro ámbito es la que se debe y se somete al mandato de la Unión Europea.
Los trabajadores agrícolas, explotados como se ha visto antes en los comentarios del SAT, se suma y añade como una pesada losa más la sobre explotación derivada del modelo productivo de la UE. Esto es, se suma la concentración de los capitales en el proceso de distribución y comercialización en el sector agroalimentario, controladas por un cártel de grupos que son los que imponen los precios. Caso de Mercadona, Carrefour, Día, Lidl, etc.
Esos grandes intereses económicos hallan su equivalente también en los especuladores de la renta del suelo, que del mismo modo como ocurre con le vivienda o la explotación turística, invierten en terreno para que sea explotado por terceros bajo el régimen de la producción más rápida y lucrativa posible.
Salvando las distancias históricas, el lector puede comprobar así que se produce un paralelismo entre las causas que durante los inicios del capitalismo en España modificaban las características del campo español, que se ha dicho eran el latifundio, el rentabilismo y el drenaje de beneficios al exterior. Siendo hoy igualmente la preponderancia del gran propietario (protegida su sacrosanta propiedad por la Constitución a nivel local y por las políticas europeas de la PAC a nivel multinacional, que llegan hasta a proveerles de subvenciones), el rentabilismo actual llevado a la uberización del campo (los grandes inversores ven atractiva la participación en la compra de terrenos dada su fácil y lucrativa rentabilidad simplemente arrendándolo a un tercero que será quien lo explotará para obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible) y con el drenaje o fuga hacia intereses foráneos dado que esos inversores pueden ser hasta anónimos dentro de los fondos de inversión como BlackRock, cuyo poder económico les lleva a ser uno de los pilares de las bolsas europeas, como es el caso del IBEX35.
Conclusiones.
El lector entenderá ahora lo apropiada que era la cita de Fidel con la que se abre esta segunda parte.
Para entender en su totalidad dialéctica un problema, no debemos ceñir nuestra perspectiva a detalles concretos a la hora de analizar una situación (en este caso las protestas de los agricultores). Puede haber en cada situación diferentes matices que hacen que su forma no sea plana sino poliédrica y sólo contemplando desde todas las perspectivas podemos obtener una panorámica completa.
Ante las protestas de los agricultores debemos tener presente que, en efecto, se han producido y se producen frecuentes situaciones de verdadera esclavitud, de esclavitud moderna en condiciones miserables, pero que esas situaciones están incluidas en un ámbito más amplio y superior que es la supeditación de los intereses locales a los intereses económicos globales, en los que los trabajadores españoles pueden encontrar afinidad con los de otros países como Italia, Grecia o Alemania.
En todos esos países, bajo excusas de supuesto ecologismo y de «agendas verdes» se produce la inflación de los productos que finalmente acaba pagando la clase trabajadora, y de paso el enriquecimiento de las grandes empresas con dinero público y fondos europeos destinados su supuesta modernización y acomodación a los procesos considerados sostenibles.
Las contradicciones que produce el declive del poder económico de los Estados Unidos, que les está llevando incluso a someter a sus aliados europeos (véase el deterioro económico alemán) para sostener el gasto de sus guerras, produce situaciones como las que estamos viviendo hoy, en las que los propietarios de grandes tierras se levantan para protestar contra las políticas de la Unión Europea.
Ocurre con el campo una situación análoga al problema de la vivienda. La clave, la raíz de la cuestión, está en la propiedad del suelo, la sacrosanta propiedad privada (perpetuada en la Constirución del 78, por cierto, que nuestros paladines del progreso sostienen como medida de todas las justicias).
De esa propiedad se levanta todo un enorme aparato de leyes, normas, agentes policiales y costumbres. Este enorme aparato, el Estado, no se sostiene solo, necesita el apoyo de otros Estados, también capitalistas, en las necesarias relaciones comerciales internacionales. En el caso de España y de su campo esta es la política agraria comunitaria. Esa política es impulsada por organismos internacionales que, recordemos, reservaron para España un papel turístico y hostelero, para lo cual debían suprimir su industria.
Ahora ese mismo conglomerado internacional sostiene que nuestro «jardín europeo», gran vergel de elevados valores, está en peligro y debemos someternos a su «orden basado en reglas» para sostenerlo. De ese modo hay que recaudar decenas de miles de millones de euros para las guerras que sostiene la OTAN o para colaborar en el genocidio del pueblo palestino, dinero que sí existe para esos asuntos pero no así para paliar -por ejemplo- el encarecimiento de los recursos energéticos, encarecimiento que es culpa también (vaya por dios) de la guerra de Rusia.
