Queda confirmado: el único desahucio verdaderamente prohibido es desalojar al capitalismo de la sociedad.
De todas las esperanzas que se albergaron sobre el Gobierno de Progreso, aliviar el problema de la vivienda era una de las más ilusionantes. Y no, tampoco en eso hubo suerte para los trabajadores.
El «cambio de paradigma» de la vivienda consistió finalmente en la renovación del contrato capitalista, en la que los poseedores conservan las cláusulas principales (mantener incuestionable el valor de su sacrosanta propiedad), mientras que los que no tienen nada se pierden en la maraña de la letra pequeña: distinguir «zonas tensionadas» de alquiler, limitar las subidas de precios mediante nuevos índices estadísticos, superar la burocracia en las ayudas a ciertas hipotecas, posibilidad de disputar las fianzas abusivas en litigios legales, etc.
Letra pequeña que además queda a criterio de cada Comunidad Autónoma y, también, al albur de un cambio de signo tras las inminentes elecciones. Cambio que tampoco sería muy significativo, pues la propuesta de Feijoo se centra en añadir garantías «anti okupas», como reclamo para la pesadilla de los propietarios y rentistas con la que las empresas de alarmas hacen su agosto. Pero como decimos, los tenedores, ya sean grandes o pequeños, tienen su tranquilidad asegurada tanto con la derecha como con la «izquierda». Asociaciones de consumidores advirtieron, inmediatamente después de la aprobación de la Ley de Vivienda en abril, de la proliferación de prácticas que suponen triquiñuelas y vericuetos con los que las inmobiliarias sortean las nuevas normas.
Otro si se puede sin tilde. Del mismo modo que en lo internacional no existe alternativa a la OTAN y más allá de los fondos de la UE sólo está el océano de monstruos marinos, tampoco en lo doméstico hay más opciones. Escojan Guatemala porque puede venir Guatepeor. Una oferta de viviendas sociales suficientemente amplia o directamente imponer precios razonables es una quimera, una fantasía mitológica.
Enésimo pacto de no agresión contra los poderes capitalistas.
Las familias trabajadoras tendrán que conformarse con leyes que, ganen las elecciones unos u otros, son un nuevo pacto de no agresión contra los grandes poderes económicos. Otro mal menor que hay que aceptar con resignación religiosa, un increíble mal menor menguante que de seguir así acabará luchando con alfileres contra las arañas.
De hecho, estas normativas sobre vivienda, pese a que sus impulsores hablen de «inclinar la balanza a favor de la gente frente a la especulación» (literal), se pueden considerar más beneficiosas para los especuladores que para las familias: los propietarios mantienen su privilegio y las familias seguirán destinando la mayor parte de sus ingresos a poder vivir en un sitio digno. La situación de tremenda desigualdad no se mejora, se limita en parte pero se mantiene.
¿Por qué sucede esto?
La vivienda para los tenedores no es más que una mercancía, pero para los trabajadores es una necesidad
Si se pretendiera una verdadera transformación del sector de la vivienda, habría que acometer su solución radicalmente, esto es, desde su raíz. Las células que forman el extenso tejido del mercado inmobiliario son las propias viviendas, que son tratadas como mercancías por los propietarios, aquí llamados tenedores, tanto los grandes como los pequeños.
Estos tenedores pueden acumularlas como si se tratase de cualquier otra mercancía. Con el añadido de ser un valor sólido, confiable, es de hecho uno de los objetivos preferidos por los inversores, como el oro, en especial en tiempos de incertidumbre en los que soplan aires de guerra, como los actuales, y en los que bancos enteros se desploman de un día para otro. Muchos expertos y asesores de inversión recomiendan la inversión en ladrillo, por encima de las acciones bursátiles y fondos. Es lógico que invertir en la compra de viviendas parezca una jugada sólida: las viviendas no se desvanecen, salvo catástrofe, ni su acceso puede ser repentinamente bloqueado en un inesperado corralito.
Una persona que posea un capital suficiente para comprar pisos puede vivir de ellos con comodidad o incluso organizar una pequeña empresa si los compra con licencia turística incorporada, que ya se ofrecen así en los anuncios de las inmobiliarias.
Una inversión muy segura y no sólo por la astucia de los compradores. Es fiable porque todo hijo de vecino necesita un lugar donde dormir, aunque sea un cuarto compartido. Para las familias trabajadoras la vivienda es una necesidad inmediata, por la que en la mayoría de ocasiones se ven obligados a gastar la mayor parte de sus ingresos, en algunos casos hasta hipotecados durante décadas.
Grandes o pequeños tenedores, todos desahucian.
En España se siguen produciendo miles de desahucios cada año. Las Fuerzas de Seguridad operan como brazo armado del Estado en su defensa del sagrado derecho a la propiedad privada. Se apalea tanto al desahuciado como a quien se solidarice con ellos e intente detener los desahucios, incluso se les persigue con multas y penas de prisión, con la ventaja policial de la tampoco derogada ley Mordaza.
La Ley de Vivienda ofrecida en los últimos coletazos del Gobierno de Progreso diferenciaba entre pequeños y grandes tenedores. Se consideran grandes tenedores a las empresas o personas con más de 10 viviendas en propiedad o con más de 5 viviendas en propiedad si se encuentran en una «zona tensionada».
Habría que especificar que, por encima de ellos, existen «megatenedores» que son grandes empresas (o fondos de inversión, esto es, asociaciones de inversionistas anónimos) creados a partir de la burbuja hipotecaria y que poseen buena parte de ese parque de viviendas. Algunas de esas empresas son extranjeras, como BlackStone o Goldman Sachs, y otras nacionales como las que poseen CaixaBank o Banco Santander. En realidad, que tengan su sede en uno u otro país es indiferente, pues sus inversores como decimos son anónimos o pueden ser a su vez otras empresas con sede social en paraísos fiscales como por ejemplo Luxemburgo.
En el fondo al inquilino que se busca la vida como puede para pagar su renta poco le importa si su vivienda pertenece a un mega, gran o pequeño tenedor, en cualquier caso la posibilidad de ser desahuciado si se retrasa en el pago siempre le perseguirá. La perspectiva socialdemócrata simplemente trata de ser un poco más estricta para los grandes tenedores, quienes a su vez poseen la capacidad suficiente para contratar a expertos en ingeniería fiscal para que esos cambios legales les afecten lo menos posible.
Cuestión de clases sociales.
El caso de los grandes tenedores es evidente, pero no tanto el de los pequeños. Parecería como que poseer un número de 5 pisos (en una «zona tensionada» o 10 en otras zonas) es una circunstancia que no supone una gran diferencia. Pero ¿es lo mismo vivir teniendo que dedicar una gran parte de los ingresos a la vivienda que poseer 5 o 10 y poder vivir de sus rentas?
Obviamente, no. No es la misma vida la de una persona que depende de cobrar su salario el siguiente mes para poder pagar la hipoteca o al alquiler, que gestionar la posesión de varias viviendas y poder especular con ellas. No son la misma clase social.
Los socialdemócratas se esforzarán en disimular esta diferencia social. Es por eso que en sus discursos políticos jamás aluden a la lucha de clases, o incluso afirman que esas clases ya no existen en la sociedad actual.
Del mismo modo que pretenden solucionar los problemas laborales apelando al patriotismo de los empresarios, o los inmensos beneficios de las grandes empresas apelando a la solidaridad, en la vivienda tampoco ven ningún antagonismo de clase.
Paradigma de la nada.
En definitiva, tocar el mercado de la vivienda supone entrometerse en los mecanismos internos del sistema capitalista. Si esto no lo hicieron con los abusos de las empresas eléctricas, ni los atracos de las distribuidoras de combustible, ¿tendremos que creer que lo harán con las empresas y bancos que poseen viviendas y forman parte de nuestro ilustre IBEX?
Harán lo mismo que en esos ejemplos, gestionar el descontento social dentro de los parámetros de la ideología dominante. No harán ni siquiera el intento de explicar a los trabajadores que son víctimas de los abusos de especuladores, ni les dirán que hasta que no se eliminen esas diferencias de clase continuarán indefinidamente sus penurias sobre la vivienda, para que puedan organizarse y buscar alternativas.
El paradigma (en segunda acepción de la RAE, modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento) será un paradigma de la nada. En todo caso será paradigma (en primera acepción de la RAE, ejemplo) del engaño, arquetipo de la trampa socialdemócrata.
