El Congreso peruano ha autorizado la llegada de fuerzas estadounidenses al país con la finalidad de colaborar y entrenar a sus fuerzas armadas y policiales, mediante resolución legislativa presentada a iniciativa de la propia presidenta, Dina Boluarte, y su Consejo de ministros, para que «militares de Estados Unidos proporcionen apoyo y asistencia en Operaciones Especiales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú».
El régimen encabezado por Boluarte controla el Congreso en el país andino desde diciembre del año pasado, en los sucesos en los que, tras el intento desesperado del presidente ganador de las últimas elecciones, Pedro Castillo, por llamar a una Asamblea Constituyente, terminaron con su destitución por «incapacidad moral». Esos incidentes suscitaron masivas protestas populares a lo largo de la nación que fueron reprimidos con brutal saña.
Las respuestas populares al derrocamiento de su legítimo presidente se produjeron durante los primeros meses del actual año y en ellas, según datos de la Defensoría peruana, fallecieron más de 60 personas. De acuerdo con un informe publicado en mayo por la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos, durante la represión de las fuerzas del orden en las manifestaciones contra el gobierno se perpetraron ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Las declaraciones de mandatarios de países del entorno latinoamericano han mostrado el apoyo al pueblo peruano, pero son especialmente significativas las que viene realizando el presidente de México (desde que el Congreso peruano vetó la presencia de Castillo en la cumbre de la Alianza del Pacífico designada en suelo mexicano, días antes de la destitución). López Obrador ha denunciado nuevamente en estos días «la política injerencista de EEUU al enviar militares a Perú», a petición de «la que está detentando la Presidencia» (Dina Boluarte).
AMLO llegó pronunciarse sin ambages en los siguientes términos: «no culpo solo a quienes permiten eso, hago un llamado de atención al Gobierno de los Estados Unidos porque eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano».
No es la primera vez que Perú recibe la «ayuda» de EEUU en temas de entrenamiento para la represión popular, ni es el único país latinoamericano que es elegido para estas misiones, en especial cuando los recursos naturales o intereses económicos pueden verse administrados por gobiernos que cuestionan las exigencias de las multinacionales norteamericanas. El pasado mes de abril, el gobierno liderado por Boluarte concedió la privatización de las reservas de litio del país.
