Publican video del asesinato de un hombre desarmado en protestas del Perú

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La cifra de personas muertas por la represión de policía y ejército en Perú asciende ya a más de 30, en las protestas originadas tras el golpe parlamentario que destituyó y encarceló al presidente Pedro Castillo.

Un video difundido por la agencia Reuters muestra el asesinato por disparo de un hombre que ni siquiera participaba en las protestas, el pasado 15 de diciembre. Familiares de la víctima, un ciudadano de 51 años que trabajaba de mecánico y tenía un taller cercano al lugar donde se produjo una de las protestas, en la ciudad de Ayacucho, denunciaron entonces la muerte por impacto de bala.

Se da la circunstancia de que el hombre fue disparado mientras ayudaba a un manifestante que cayó herido junto a su taller durante un enfrentamiento entre manifestantes y militares. Los familiares aseguran que el mecánico no se encontraba participando de las protestas, sino que salió de su domicilio para socorrer al herido.

El video desvelado por la agencia es la grabación de una cámara de seguridad, en la que se aprecia cómo el hombre es disparado y cae fulminado al suelo junto a la persona que socorría.

Los organizadores de las protestas anuncian que se reanudarán los paros indefinidos a partir del 4 de enero, pues rechazan tanto a la nueva presidenta de la república, Dina Boluarte, como a las medidas que los congresistas plantean para el futuro próximo. Representantes de las organizaciones de manifestantes declaran que no están de acuerdo con la aprobación del adelanto de elecciones para abril del 2024, una de las propuestas del Congreso para la vuelta a la normalidad, pues estiman que en el periodo de un año se podría cerrar la firma de los convenios económicos pendientes de un próximo fin, lógicamente a favor de las grandes empresas.

El Congreso temporal establecido tras la detención de Castillo permitiría así obtener una prórroga contractual para aprovechar los recursos naturales del país, en beneficio de estas multinacionales, que llevan décadas beneficiadas por los contratos y que son ajenos a cualquier intervención estatal o de empresas públicas.

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