El Ejecutivo encabezado por Dina Boluarte, que ostenta el Gobierno de Perú desde finales del año pasado tras la destitución de Pedro Castillo, ha anunciado a través de su ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, que concederá los permisos de explotación de los yacimientos de litio a una empresa canadiense, Macusani Yellowcake. Se trata de un enorme yacimiento de este mineral y de uranio encontrado en la región sur de Puno. El litio es demandado en todo el mundo para la fabricación de baterías y su interés lo convierte en un bien de interés geopolítico, más en un yacimiento tan extenso como el de Puno, que desplazaría a Argentina, Chile, y Bolivia en la producción de litio de Latinoamérica.
Macusani Yellowcake S.A.C es una empresa dedicada a la extracción de minerales, perteneciente a la American Lithium Corp., especializada en los trabajos relacionados con el uranio y el litio. Desde enero cotiza en la bolsa más importante de las compañías de alta tecnología, Nasdaq Capital Mercado (“Nasdaq”), que agrupa a las más reconocidas compañías del área de tecnológica como Amazon, Apple, Microsoft y Facebook.
Una privatización estrechamente vinculada a la destitución de Castillo.
Según el ministro del ramo, las movilizaciones que se produjeron tras la detención del presidente Pedro Castillo (manifestaciones populares que fueron perseguidas y castigadas con decenas de asesinados por la brutal represión policial y militar), habían «bloqueado» la actividad minera en la zona sur del país (una de las zonas más empobrecidas y que fue especialmente reivindicativa en esas protestas) y las empresas redujeron la producción.
Ahora, con esta noticia y una vez atenuado el fragor de las primeras protestas, las empresas «han ratificado su interés de seguir invirtiendo en el país» afirmó el ministro. Se da la circunstancia de que mientras Perú entrega sus reservas a la empresa canadiense, Bolivia, hasta ahora la nación más rica en este mineral, anunció el pasado enero la industrialización del Litio en convenio entre la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) -originada a partir de la nacionalización del sector impulsada por Evo Morales- y el consorcio chino Create Better Community (CBC).
Unos meses antes de que los votos de la derecha en el Congreso peruano provocaran la destitución del presidente Castillo, se había presentado un proyecto para nacionalizar la industrialización del litio nacional.
El proyecto fue registrado en el Congreso de la República con fecha 19 de octubre de 2022.
En palabras textuales de este proyecto de ley, la finalidad era que el Estado peruano fuera el encargado de la obtención del metal, uno de los principales recursos energéticos dada su relevancia en los aparatos tecnológicos que precisen el uso de batería, como de su comercialización y aprovechamiento sostenible: «los recursos económicos provenientes del litio y sus derivados están orientados a garantizar el desarrollo homogéneo de todas las regiones del país, de las comunidades campesinas y nativas, y a fortalecer el sistema de defensa interna y externa de la nación».
El asunto de la nacionalización de los recursos naturales fue uno de los temas más controvertidos en la campaña electoral de Castillo, quien incluso se vio obligado a reunirse con empresarios del sector para atenuar las críticas de los sectores reaccionarios del país, que probablemente temían una extensión de la tendencia boliviana en su territorio.
En una entrevista con Pedro Castillo ya en prisión realizada en febrero, el presidente destituido manifestó que todo el problema político del Perú está relacionado con el extractivismo y que temía por su vida pues había recibido amenazas anónimas dirigidas tanto a él como a su familia. «Todo el problema tiene que ver con el litio -declaró el mandatario ya recluido-, el imperialismo quiere el litio y mi Gobierno quería dárselo al pueblo».
Protestas de afectados por los metales pesados y comunidades indígenas.
Mientras se produce esta privatización de recursos, asociaciones de poblaciones aimaras y quechuas locales advirtieron que el litio no saldrá de Puno, en tanto no exista beneficio directo para los 110 distritos y 13 provincias. Aparte exigen que su industrialización se desarrolle en Puno.
La respuesta de los representantes de la empresa canadiense ha sido tajante. En un diario nacional, Ulises Solís, responsable en Perú de la compañía extractiva, ninguneó a los portavoces de las poblaciones indígenas y despreció su capacidad decisoria: «porque ellos hayan acordado algo, no tenemos que respetarlo. Entonces que gobiernen ellos el país. (…) Si ellos acuerdan que el beneficio sea para los 110 distritos, como quieran llamarlo, tiene que haber una ley«.
Solís, gerente general de Macusani Yellowcake, pronunció estas palabras en referencia a que la licitud se otorga dentro de los preceptos legales y constitucionales. Lo que no explica es que ese marco legal iba a cambiar de no producirse la destitución de Castillo, casualmente ejecutada antes de que el proyecto de ley de nacionalización de la industria del litio se llevase a cabo.
Por otra parte, la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos se ha sumado a las peticiones de las asociaciones locales y ha anunciado que “mientras que no haya aceptación del pueblo de Puno, el litio no sale”, en declaraciones realizadas en la capital limeña, hasta la que se encaminaron portavoces de la plataforma para tratar de entrevistarse con la presidenta Boluarte.
Los afectados denuncian que se producen muchas contaminaciones precisamente debido a la irresponsabilidad que supone dejar estos procesos industriales en manos de intereses comerciales y foráneos.
Según denunciaron testigos en redes sociales, la presencia de los afectados en Lima sufrió un intento de intimidación por parte de la policía.
