Cómo el Ayuntamiento de Madrid fastidia a la ciudadanía

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Lidia Falcón, Presidenta del Partido Feminista de España.

Como ustedes saben, el Partido Feminista de España se presenta a las elecciones municipales y autonómicas de Madrid, del próximo 28 de mayo. Amigas, amigos, camaradas, estamos salvando desde el Partido Feminista de España los últimos escollos, como si fueran farallones gigantescos, que se alzan ante nosotras para impedirnos participar en las elecciones del 28 de mayo.

Y me sigo preguntando cómo unos políticos corruptos y unos funcionarios ineptos y abúlicos nos siguen gobernando, gestionan nuestro dinero y organizan los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana. Y no lo digo sin conocimiento de causa.

El 19 de mayo, a las 10 de la mañana, el cartero apareció en el domicilio del Partido Feminista con un certificado del Ayuntamiento de Madrid. Cuando lo firmé tenía palpitaciones. Temía lo más probable: no habríamos cumplido las normas legales y nos invalidaban la candidatura.

Abrí el sobre temblando. Contenía un decreto del Ayuntamiento de cuatro páginas, con veinte referencias al ordenamiento legal vigente, exigiendo que documentara la existencia del Partido mediante su inscripción en el registro del Ministerio del Interior y la firma digital que acreditara la representación legal, a fin de que se nos concediera el uso de unos locales institucionales para la campaña electoral, que habíamos solicitado, para los días TRES, CINCO Y SIETE DE MAYO. Sí, compañeras de infortunio, el día 19 me comunicaron que tenía que acreditar todo eso para poder disfrutar de los locales, DIECISÉIS DÍAS DESPUÉS de la fecha señalada para los eventos. ¡Tengo el certificado! Y se han quedado tan tranquilos.

Si tuviéramos el tiempo, del que estamos tan escasas, y el dinero, deberíamos presentar el recurso correspondiente por el perjuicio sufrido y pedir una indemnización. Y más que por la compensación económica, por denunciar la desidia y el desprecio hacia los ciudadanos que significa este hecho, como iniciadoras de una campaña ciudadana contra semejantes despotismos e inepcias.  Pero ante la urgencia de la campaña electoral y la escasez de medios que padecemos es imposible.

Y vuelvo a preguntarme si la ciudadanía madrileña soporta con resignación diariamente el abuso y la prepotencia de su consistorio, que en vez de cumplir su obligación de ayudarle a soportar los avatares de la vida cotidiana, no sólo se dedica a fastidiarle sino incluso a incumplir la legislación vigente. Y cuánto tiempo piensa que esta situación puede durar y de qué manera sorteará los impedimentos que sus gobernantes se complacen en ponerle en el difícil empeño de cumplir con la burocracia incrustada en la Administración española desde hace siglos.

Hoy Mariano José de Larra no escribiría “Vuelva usted mañana”, sino “No vuelva”, porque ante la Administración española no cabe ninguna esperanza.

Y diría que no cabe tampoco ninguna sorpresa. La desidia y la impunidad rigen el gobierno y el Ayuntamiento de Madrid desde hace un cuarto de siglo, cuando no la corrupción. No deberíamos olvidar que el Presidente de la comunidad, Ignacio González, ha pasado una temporada en prisión, y que varios de sus ayudantes y conmilitones están o han sido procesados, mientras protegen a la que fue su presidenta Esperanza Aguirre durante varios mandatos. La que ha dejado tiritando las cuentas de la región después de vender las viviendas sociales a los fondos buitre, de invertir cantidades multimillonarias en la edificación de la Ciudad de la Justicia que nunca se concluyó, y llegar a un incomprensible acuerdo con una extraña empresa llamada Madrid Network, que no sabemos qué servicios nos presta pero que de momento nos ha costado 50 millones de euros, que con toda diligencia nuestra querida presidenta Díaz Ayuso se ha apresurado a pagar.  ¡Qué fácil es pagar con la caja del Estado!

En este periplo “democrático” del que tan orgullosos estamos OCHOCIENTOS cargos públicos del Partido Popular han sido investigados, encausados, procesados y algunos condenados por apropiación indebida, prevaricación, información privilegiada, cobro de comisiones ilegales, etc. etc. 

Y lo peor de todo, conducta que no ha llevado a procesos ni a sentencias, ha desatendido, despreciado y humillado a la ciudadanía, condenada a cumplir rigurosamente la selva de decretos, leyes, disposiciones que sus gobernantes aprueban con una generosidad pródiga, mientras los que deberían ser garantes de la legalidad y la protección de los habitantes de la ciudad y de la región, ni cumplen su propia legislación ni se disculpan por los perjuicios causados.

Si en estas próximas elecciones el Partido Feminista de España no puede entrar en las instituciones para liderar la ingente tarea de regenerarlas y vuelve a salir elegido el PP, a la par que esta oposición inoperante e impotente, será cierta la sentencia de Winston Churchill de que “todo pueblo tiene el gobierno que se merece”.

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