El 28 de febrero se publicó mi artículo “El Govern del Botànic en el punto de mira del Movimiento Feminista”, y al inicio del mismo escribí lo siguiente:
__” Y en la Comunidad Valenciana esperamos que, al menos en el último Pleno Extraordinario de la actual legislatura, el actual Govern del Botànic, integrado por PSPV-Compromís-UP, vote, al menos una vez, por la aprobación de unas medidas políticas en las que, de verdad, sí exista un Desarrollo Autonómico Abolicionista tal y como se comprometieron a llevar a cabo al aprobar la PNL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL elaborada y promovida por el Front Abolicionista-PV.”
Bien, pues lo que las mujeres Feministas esperábamos del Govern del Botànic, Gobierno que se autodefine como Feminista, nuevamente se vio incumplido.
Al mes siguiente de publicarse ese artículo, el 29 de Marzo, tuvo lugar el último Pleno Extraordinario de la vigente legislatura del Gobierno autonómico valenciano, y el PSPV presentó por el procedimiento de lectura única dos modificaciones en leyes de ámbito autonómico, la Ley de Espectáculos y la Ley de Carreteras, promovidas desde la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, para incluir propuestas encaminadas a la Abolición de la prostitución, que en este caso concreto se centraban en la tipificación de la prostitución como actividad contraria al libre ejercicio de los derechos humanos de menores y mujeres, en las que éstas eran víctimas de violencia machista, por lo que se aplicaban sanciones a los que ejercieran esa violencia, proxenetas y puteros, además de sancionar la publicidad vinculada a dicha actividad.
Prácticamente un año antes, el 29 de abril de 2022, en la Web de la Conselleria de Justicia se hizo pública la siguiente noticia:
__” La Comisión de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Actividades Socioculturales de la Comunitat Valenciana, presidida por el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, y el director de Interior, Salvador Almenar, ha mostrado su apoyo y conformidad a la modificación de la Ley de Espectáculos de la Generalitat Valenciana con el objetivo de perseguir la demanda y consumo de prostitución que tenga lugar, se oferte o promocione en establecimientos públicos.”
__” El director general de Interior ha añadido que «las infracciones introducidas a través de esta reforma servirán para disuadir estos comportamientos, así como para sancionar a quienes son los responsables de la explotación sufrida por las mujeres prostituidas».
__” La modificación de la Ley de Espectáculos es una propuesta surgida de los trabajos del Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución constituido por resolución de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en 2021.”
El Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución y la Trata lo creó la Consellera al mes siguiente de que fuera aprobado, por el Govern del Botánic en el Parlamento Valenciano, la asunción del compromiso político Abolicionista Autonómico plasmado en la PNL elaborada y promovida por el Front Abolicionista-PV “Contra la Explotación Sexual”.
Al mes siguiente de publicarse en la Web de la Conselleria de Justicia las medidas autonómicas Abolicionistas que, en relación a sus competencias dicha Conselleria debía asumir en virtud del compromiso político mostrado públicamente por el Govern del Botánic, los medios de comunicación recogían esta noticia:
__” Las alegaciones de Mónica Oltra que cuestionan la ley abolicionista de Gabriela Bravo. (…) En las alegaciones, recuerdan que la Conselleria de Justicia es «competente en materia de asistencia a las víctimas del delito», pero «la prostitución no se recoge en el ordenamiento jurídico español como delito». Lo que sí se reconoce como delito es «la explotación o el lucro de la prostitución ajena» cuando «quien la realiza ha sufrido coacción en el proceso de deliberación de su comportamiento sexual o es sujeto de la explotación de un tercero». Diferencian, por tanto, entre prostitución y explotación sexual o trata.”
__” Por otro lado, alegan contra el «principal instrumento» que presenta la Conselleria de Bravo para conseguir la abolición de la prostitución: las sanciones a los demandantes en los establecimientos públicos, por la difusión de publicidad de prostitución, por el uso de establecimientos con licencia incluidos en el catálogo de la Ley 14/2010 para actividades de prostitución y la tercería locativa (sanción penal a quienes ponen un inmueble para ejercer la prostitución).”
__” Desde la Conselleria de Igualdad entienden que estas sanciones son, de facto, «una sanción indirecta a las mujeres que ejercen la prostitución», ya que creen que estas medidas “no acabarán con la prostitución, sino que la moverán de sitio, presumiblemente a lugares más opacos como pisos, donde la situación de la mujer es más vulnerable y se pueden producir más agresiones y violaciones.”
Este es el mismo vergonzoso planteamiento que pudimos escuchar en el Parlamento español, en la sesión parlamentaria del 6 de junio por parte, tanto de partidos progresistas, pero no feministas como ERC, CUP, EH Bildu, todos los grupos vinculados a UP, Más País…, como por parte de partidos liberales y conservadores como PNV, Cs, Junts.
Planteamiento del que es cómplice el PSOE, a pesar del enorme esfuerzo que eminentes mujeres socialistas han hecho para que su partido tomara medidas políticas efectivas para la abolición de la prostitución, ya que cada vez que tiene que gobernar con socios deja en manos de éstos las competencias de Igualdad, y una de las razones por las que España, a diferencia de Francia, aún no tiene aprobada una Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional es la tergiversación del discurso Feminista, que se produce desde hace años, por parte de partidos progresistas que no son feministas pero afirman que sí, ya que en lugar de trabajar políticamente para revocar el Orden Patriarcal que mantiene cautiva la sexualidad de menores y mujeres respecto a las apetencias sexuales de los varones, trabajan políticamente para que menores y mujeres se acomoden en ese Orden “desde su libre elección y su identidad sentida”.
No es una casualidad que, a partir del Gobierno Tripartito catalán, integrado por el Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa el 14 de diciembre de 2003 y que gobernó hasta finales de 2010, el peso académico del posfeminismo reivindicativo de la prostitución como “trabajo sexual” se extendiera con enorme rapidez. Tengo una extensa documentación sobre esta “coincidencia”, publicada en seis artículos recogidos bajo el título de “No habrá paz para los malvados, porque no se la merecen”, publicados en El Común.
Dentro de ese academicismo posfeminista están LICIT (Línea de investigación y cooperación con inmigrantes y trabajadoras sexuales), liderado por Dolores Juliano, y el Grupo Antígona. El Grupo Antígona se constituyó el año 2000, el mismo año que LICIT, dentro del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde entonces su línea discursiva se desarrolla con los mismos argumentos que aparecen en esta noticia publicada en noviembre de 2018: “El Grupo Antígona cuestiona las normativas sancionadoras como “herramientas inadecuadas» para abolir la prostitución. (…) Según un informe presentado por este grupo “las sanciones y multas han encaminado a la práctica sexual a convertirse en una actividad “clandestina, opaca y precaria”, las ordenanzas no han hecho más que vulnerar los derechos de las trabajadoras sexuales, “provocando el empeoramiento de sus condiciones y quedando relegadas a una posición más débil” que las estigmatiza. “El miedo a las posibles sanciones, tanto por parte de las trabajadoras como de los clientes ha empeorado la capacidad de negociación y ha conducido al desplazamiento de la zona de ejercicio incluso al espacio privado”, afirma el documento que han presentado.”
Sin embargo, en el Informe presentado por el catedrático de Sociología de la Universitat de València Antonio Ariño, ‘La prostitución en la Comunitat Valenciana. Una mirada sociológica’, a finales de 2021, explica que el traslado a los pisos y la demanda derivada a las plataformas digitales no se ha producido como resultado del temor a sanciones, sino como paso natural al “consumo de proximidad y personalizado” ya que las mujeres prostituidas para proxenetas y puteros son productos de consumo, y en función de la comodidad de las alimañas demandantes (este adjetivo no lo usa el catedrático) la mayoría de los pisos y hoteles destinados a burdeles se han situado en el centro de las ciudades y permiten un horario de 24 horas.
Situándonos en el presente, en el 27 de marzo, dos días antes del Pleno Extraordinario en el Parlamento Valenciano donde el PSPV iba a presentar las modificaciones a la Ley de Espectáculos y a la Ley de Carreteras promovidas por la Conselleria de Justicia, la Conselleria de ¿¿¿Igualdad??? y Políticas Inclusivas daba a conocer a la prensa lo siguiente:
__” La Conselleria ha consultado a un grupo de expertas de la Universitat Autònoma de Barcelona, integrantes del Grupo de investigación Antígona, sobre derechos y sociedad con perspectiva de género. El informe apunta que ambas normativas “apuestan por un modelo abolicionista prohibicionista de abordaje de la prostitución sin plantear medidas de tipo social que ofrezcan alternativas ocupacionales a las personas que obtienen sus ingresos del trabajo sexual”.
__” El informe concluye que “son desaconsejables las medidas legislativas que contemplan el abordaje de la prostitución exclusivamente desde el punto de vista punitivo y son preferibles medidas dirigidas a la descriminalización de la prostitución, a la intervención socioeducativa con potenciales clientes, a la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales, así como a la creación de políticas que faciliten alternativas laborales para quienes desean abandonar la actividad”.
Al parecer en la Conselleria de ¿¿¿Igualdad??? no han encontrado tiempo para leer la PNL Contra la Explotación Sexual que votaron que se comprometían a desarrollar autonómicamente, ni tampoco para leer el Informe del catedrático valenciano sobre la situación actual de la prostitución en la Comunidad Valenciana, porque siguen manteniendo en su Web un desactualizado y tendencioso Informe “La prostitución femenina en la Comunidad Valenciana”, a petición del anterior gobierno del PP, de ¡2010!, donde el nombre más citado es, ¡Dolores Juliano! ¿Es una curiosísima casualidad que en 2023 el Informe que pide esta Conselleria sea al anacrónico Grupo Antígona?
Como la Conselleria de ¿¿¿Igualdad??? y Políticas Inclusivas ha hecho caso omiso del compromiso político Abolicionista en lo tocante a su responsabilidad autonómica, no tiene ni idea, ni al parecer las integrantes del Grupo Antígona, de que las medidas Abolicionistas recogidas en la PNL descansan en tres ejes que se han de desarrollar de forma paralela, y que era responsabilidad suya encargarse de coordinar:
__ 1-Garantizar a las mujeres en situación de prostitución, con independencia de su origen o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, los derechos y recursos necesarios para su protección, atención y reparación integral.
2-Desmantelamiento de la industria de explotación sexual y de las actividades de los proxenetas que, con medios coercitivos o por mero ánimo de lucro, intervienen o median en la prostitución ajena en beneficio o provecho propio.
3-Desactivación de la demanda de prostitución por constituir la misma un elemento esencial y clave para la pervivencia de esta forma de violencia y explotación.
La Conselleria de Justicia, junto con las modificaciones de las dos leyes, presentó ante los medios de comunicación el 12 de mayo de 2022 una Ordenanza Municipal Abolicionista elaborada en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución que protege a las mujeres y multa con hasta 3.000 euros a quienes demanden sexo pagado, e instó a todos los alcaldes de los Municipios valencianos a que la adoptaran.
El modelo de ordenanza reconoce a las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género, y prevé la aprobación de planes municipales de acción integral, que contengan medidas para que las mujeres en situación de prostitución accedan a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional. Este plan incluirá acciones de apoyo social, laboral, formativo y habitacional.
Todo este trabajo se ha hecho público, pero en ningún momento ha existido la colaboración entre las dos Consellerias, y tampoco en ningún momento por parte de la Conselleria de ¿¿¿Igualdad??? y Políticas Inclusivas ha habido trabajo coordinado con los Ayuntamientos, para que se creara una tupida red de apoyo socioeconómico y sanitario desde el nivel más cercano a las mujeres prostituidas, que es el espacio Municipal, y una potente acción preventiva de las conductas dañinas ejercidas sobre ellas por proxenetas y puteros, impulsada con las sanciones.
Llegado el momento del último Pleno Extraordinario el procedimiento utilizado de lectura única excluyó la posibilidad de debate, pero a estas alturas de la legislatura ya no quedaba tiempo para presentar las modificaciones a esas leyes por otro tipo de procedimiento, sobre todo por los continuados e inadmisibles bloqueos por parte de la Conselleria de ¿¿¿Igualdad??? y Políticas Inclusivas hacia toda iniciativa llevada a cabo por la Conselleria de Justicia, que contaban con la aquiescencia del otro socio de Gobierno, UP, que en todo momento ha compartido el discurso de obediencia al Orden Patriarcal abanderado por Compromís.
El título de este artículo recoge el resultado de las votaciones ante la propuesta de modificación Abolicionista de las dos leyes presentadas: fueron rechazadas porque el procedimiento de lectura única no permite el “debate” y este tema lo requiere.
Para fuerzas políticas progresistas estas modificaciones Abolicionistas no tendrían que precisar ningún debate, si su objetivo fuera revocar el Orden Patriarcal, sustentado y alimentado por el maldito género, que tanto daño y destrozo ha traído a nuestras vidas. Pero como su objetivo es la aceptación conformista de ese Orden, necesitan “debatir” para crear la ficción argumental de que están implicados en transformaciones, cuando lo que están haciendo son acomodaciones.
Pero el Govern del Botànic no es el único que ha ahogado su corriente Feminista, por ejemplo, también lo ha hecho el Govern de la Generalitat, y por encima de ellos el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha actuado de la misma manera.
Asumiendo ese ejemplo desde otra vertiente, el Ayto de València aprobó el 30 de marzo, con los votos de Compromís y PSPV-PSOE, el ‘Plan Diversitas’ que pretende «promover e incorporar la diversidad sexual y de género en todas las políticas municipales». Algunas de las medidas a implementar:
__ «eliminar los sesgos de género que existen a la hora de organizar y diseñar los baños públicos en espacio municipales, mediante la elaboración de una guía para el diseño y uso de baños y vestuarios públicos «inclusivos, accesibles y seguros para personas LGTBIQ+».
__ «eliminar los sesgos de género y cisheteronormativos existentes en la programación cultural de gestión pública, visibilizando las realidades y ofreciendo referentes culturales LGTBIQ+ a toda la población».
Mi conclusión es que necesitamos con urgencia que obtenga representación parlamentaria un partido político progresista que sea Feminista, y que adquiera el peso político suficiente para que, gobierne quien gobierne, sea un objetivo común la erradicación de la brecha entre los sexos. Estoy en PFAC porque creo firmemente que en este periodo histórico esa es la ola a la que debemos subir.
