Es indiscutible la existencia del Derecho a la huelga, y, por supuestísimo, no lo voy a dejar de defender. Si los trabajadores han conseguido algo a lo largo de los siglos ha sido por la lucha obrera y, un fundamento de ella es la huelga.
No obstante, siempre hay otro punto de vista, el de los directamente afectados que no son quienes deciden las condiciones de los trabajadores, y, si en este sentido, ha habido una huelga criticada ha sido la que en estos momentos llevan a término los letrados de la Administración de Justicia, los antes llamados Secretarios Judiciales.
Ya en noviembre emitieron un comunicado alertando de que llevarían sus reclamaciones “hasta donde fuera necesario”. Sus exigencias se basan, por una parte, en el decreto de sustituciones que “supondría un ahorro para las arcas públicas de 14 millones de euros”, informan de que el retraso en la tramitación provoca que muchos LAJ, estén sustituyendo en varias oficinas judiciales, sin percibir ninguna retribución; por otra parte “junto al citado decreto se debían recuperar los días de libranza, respecto de aquellas sustituciones que no daban lugar a retribución económica, y que siguen paralizadas”.
Piden también la implementación del incremento del porcentaje actual destinado a productividad, y por último, se quejan de que el Ministerio de Justicia ha dilatado injustificadamente la asimilación de los LAJ al sistema de grupos de población del resto de funcionarios dependientes del Ministerio. Recordando que el Ministerio se comprometió́ a reducir los cinco grupos de población actuales a tres y establecer el mismo coeficiente previsto para la determinación del complemento general de puesto.
El día 24 de enero, el comité de huelga de los LAJ emitió el siguiente comunicado:
«De conformidad con lo establecido en el artículo cuatro del Real Decreto ley 17/1977 de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, le comunicamos la convocatoria de HUELGA DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA en todo el territorio nacional con carácter indefinido desde el día 24 de enero a fin de que sea conocida por los usuarios del servicio público.
Para cualquier precisión pueden ponerse en contacto con el Comité de Huelga en el correo electrónico comitedehuelgalaj@gmail.com».
El objetivo de la huelga consiste en que por el Ministerio de Justicia se realicen las actuaciones materiales necesarias para de manera inmediata ejecutar los acuerdos alcanzados con las asociaciones el pasado mes de abril de 2022.
Y, a partir de ahí, se inició un cese funcionarial sin perspectivas de reanudación en el momento de escribir estas líneas.
A dos de febrero, pocos días después del inicio, el seguimiento de la huelga era de un 84.6%, y en esta misma fecha se reseñó que la Cuenta de Consignaciones había llegado a los 5.000 millones de euros, cuando el saldo medio oscilaba en torno a los 4.500 millones de euros y ya se habían suspendido más de 70.000 actuaciones judiciales al día.
Pero, ¿cuáles son las consecuencias para los justiciables? Básicamente que quedan paralizadas las entregas de dinero, lo que supone retrasos en la percepción de pensiones por alimentos o compensatorias periódicas; no se puede incoar nada porque no se pueden preparar este tipo de resoluciones sin que las firme un LAJ, y por último no puede dar fe, que es su función de lo que suceda en una vista de lo que suceda en sala y por ello se están suspendiendo dichas celebraciones. Esto puede conllevar que las vistas judiciales, y por ejemplo, en el caso de los despidos se retrase cuatro o cinco meses, pero en juzgados de lo social de capitales como Sevilla o Valencia están señalando las vistas a tres años. Es evidente que se trata de un perjuicio a los ciudadanos que parece que el Ministerio no ha considerado.
Habiéndose visto infructuosamente las partes en varias reuniones entre Ministerio y LAJ, éstos se manifestaron en Madrid el pasado 9 de marzo, partiendo de la Plaza de Callao hasta la sede del Ministerio en la calle San Bernardo número 45, con el lema dirigido a la Ministra de Justicia, Pilar LLop: «No desconvocamos, aunque no comamos».
Muchos días después de que se iniciara este paro colectivo en toda España desde aquel 24 de enero, la situación no ha avanzado. La Ministra Llop se comprometió en la última Conferencia Sectorial de Justicia a negociar con los trabajadores, pero, por ahora, no se han reanudado las reuniones presenciales, es más, al inicio de esta octava semana los LAJ elevan el conflicto al Ministerio de Hacienda ante “la pasividad de la ministra de Justicia”.
Seguiremos informando.
