Entre abril de 1938 y marzo de 1966 la censura previa de prensa y de cualquier texto era de obligado cumplimiento. Los censores empezaron en el Servicio Nacional de Prensa falangista y terminaron en Información y Turismo hasta su “extinción” con el RDL 24/1977.
Si con la ley de 1938 de censura previa se prohibía y castigaba con cárcel o económicamente, o de ambas formas, cualquier publicación que olvidase que corresponde “a la Prensa funciones tan esenciales como las de transmitir al Estado las voces de la Nación” (y la Nación era Franco), la de 1966 establecía que la prensa debía “cumplir los postulados y las directrices del Movimiento Nacional”, con la importante salvedad en sus artículos 3 y 4, de que la censura sería a posteriori o por petición voluntaria del autor o responsable de la publicación.
Pendiente de publicarse en el BOE, por lo que quizás este artículo aun pase el filtro censor, la futura Ley Trans establece un régimen sancionador administrativo, con apoyo del penal, que aúna la censura previa de la ley de 1938 y la de autocensura de 1966, al tiempo que amplia cualquier opinión contra dicha ley en una extensión del Delito de odio del código penal y de facto una anulación de la libertad de expresión.
¿Creen que exagero? Acuérdense de las denuncias contra Lidia Falcón en diciembre de 2019 por la Federación Plataforma Trans, o en diciembre de 2020 por El Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña. Aquello quedó archivado. Como lo fue la causa abierta contra Carola López Moya por La Asociación de Transexuales de Andalucía y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión en febrero de 2022.
Y vendrán más, y ahora a tumba abierta, como anuncia la petición de @ArcoirisRioja, al pedir que se “censure las últimas palabras de Amelia Valcárcel, encargada de cerrar el acto en el que participa”. Tarea que encomiendan a Leticia Dolera, sin que sepamos si acepta este embolado.
Y este encargo censor se hace preventivamente el 17 de febrero sobre algo que ocurrirá el 24 de ese mes. Es decir, lo que aún no ha sido dicho ya está condenado, y si has pensado decirlo, Amelia Valcárcel, autocensúrate o pide una censura previa para no incurrir en un delito. No se la juegue.
Esta paradoja espacio temporal, como ha señalado Ilya Topper, convierte a Leticia Dolera no sólo en censora, sino, también, en Aramis Fuster, pero qué es eso para ArcoirisRioja, que ha fusionado las leyes censoras del franquismo de una forma tan retorcida.
Y pocas bromas con esto a partir de ahora, que el régimen sancionador de la Ley establece en el artículo 79.2.b que “No facilitar la labor o negarse parcialmente a colaborar con la acción investigadora…” sería una infracción administrativa leve con “multa de 200 a 2.000” €.
De modo que si Dolera no censurase ya las “últimas palabras” -aún no dichas- de Valcárcel estaría jugando con fuego, y como a unas @estirandoelchicle cualquiera le podría caer las del pulpo. Confiemos en que Dolera sea una fiel cumplidora “avant la ley” y haga su trabajo, el que sea.
E igual suerte podría correr la organización del acto – @Saracarrenov – si no colaborase en censurar anticipadamente esas palabras, o posteriormente no entregase las grabaciones del mismo para la investigación, en la delirante petición de ArcoirisRioja.
De Serrano Suñer a Fraga, y aún después, los censores controlaron qué era ser español, honesto y cristiano en este país. Hoy, cambiando los términos por inclusivo y diverso, 46 años después, controlan quién es mujer y reestablecen la censura de mano de la ley Trans.
