Soledad Granero Toledano.
Cuando el feminismo comenzó a analizar los programas electorales de los partidos políticos (de esto hace ya bastante tiempo) y a hacer sus propuestas institucionales, una de las reivindicaciones estrella fue la existencia de un Ministerio de la Mujer, con decisivas y vinculantes competencias en materia de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia en el gobierno en cuestión. Hasta ahora, los dos únicos ministerios que ha habido con apariencia de representar esa propuesta, se han denominado de Igualdad y entre sus fines se han introducido funciones ajenas a la consecución real y efectiva de igualdad entre mujeres y hombres y de eliminación de la violencia machista.
Del actual Ministerio dependen, además del Instituto de la Mujer y la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.
Lejos de un mero organigrama organizativo, esta estructura institucional nos muestra que las mujeres estamos concebidas como un colectivo necesitado de ciertas atenciones.
Las mujeres (estamos cansadas de decirlo) no somos un colectivo, somos, como poco, la mitad de la población. Una cosa es la alianza que las mujeres podamos entablar con determinados colectivos oprimidos y la consideración y atención política que necesariamente tienen que tener y, otra, es que el objetivo de la igualdad por razón de sexo, se diluya.
Y esto no es baladí, porque al llamarlo Ministerio de Igualdad, hasta la gente más versada piensa que es una señal de que este gobierno de coalición es feminista.
En su parte PSOE, cuando este partido gobierna sea en el Estado o en las comunidades autónomas y ayuntamientos, repite la misma estructura, incluso en muchas ocasiones, introduce la igualdad entre mujeres y hombres entre los llamados “servicios sociales”. El paso más importante del gobierno PSOE ha sido la ley contra la Violencia en 2004 [de la que también se podría hablar largo y tendido sobre las consecuencias no siempre positivas en el ámbito penal, pero casualmente nunca se habló] y que, por cierto, no fue consensuada con el movimiento feminista y la ley de Igualdad en 2007, ley esta última que el gobierno PSOE promulgó presionado por la Unión Europea que le llamó la atención por la tardanza en promulgar una norma en este sentido. No se puede vivir de los réditos.
Desde este partido lo único que sobresale últimamente es ver cómo, aisladamente, la ex vicepresidenta Carmen Calvo, en sus tertulias radiofónicas o periodísticas, genera ciertas expectativas de coherencia feminista que después no tienen una traducción práctica ni siquiera en su propia labor parlamentaria, ni pasada, ni actual.
En su parte Unidas Podemos, ya estamos viendo cuáles son sus prioridades. La Ministra Irene Montero, de manera vergonzosa, se permite decir que la abolición de la prostitución no puede desarrollarse porque no hay consenso, (cuando el que no está convencido es el propio Gobierno ni ella como portavoz en la materia) y, sin embargo, en lo que no hay consenso, como en la autodeterminación de género, califica al feminismo contrario a esa medida, directamente o a través de sus secuaces, como de tránsfobo y pone toda la carne en el asador para aprobar una Ley, mal llamada trans, que tiene al feminismo en pie de guerra.
Desde el Gobierno, no se han adoptado medidas contra la violencia machista más allá del supuesto cumplimiento de un Pacto de Estado que deviene deficiente e ineficaz, porque el Pacto conjuga, por un lado, las propuestas de grupos políticos por sí mismos alejados de lo que el feminismo reivindica y, por otro, la timorata intervención de quienes supuestamente debieran ser nuestros aliados, además de un presupuesto ridículo.
Yo comparto con el Gobierno que la ley penal no puede estar basada en el incremento de las penas, pero tampoco vale recurrir al ámbito administrativo para limitar y reprimir la libertad de expresión y amordazar la manifestación política pública a través de sanciones, porque ello es por sí mismo una contradicción flagrante.
No recuerdo un momento político tan delicado para las mujeres estando gobernando partidos que se llaman de izquierdas. Ello se debe, sin duda alguna, a que la derecha actual es mucho más beligerante aquí y en todos los lugares del mundo, pero también porque la ideología, nada feminista, de quienes nos rigen, está en conexión directa con el neoliberalismo más feroz.
Véase el proyecto de la llamada Ley Trans, de la mano de los intereses de las industrias farmacéuticas y del capital al que le acucia dominar totalmente nuestros cuerpos de manera definitiva.
Véase el desinterés manifiesto en atender las reivindicaciones del movimiento feminista sobre la abolición del sistema prostitucional (LOASP), a cambio de dejar desamparadas a las mujeres prostituidas, de no penalizar a puteros y dejar intactos los centros de reclusión y explotación sexual de mujeres, que son los prostíbulos. Por mucho que balbuceen su abolicionismo, están favoreciendo al proxenetismo y a la llamada industria del sexo.
Véase la falta de intervención contra las empresas dedicadas a la explotación reproductiva de las mujeres a través del alquiler de sus vientres y de sus cómplices, los compradores de niñas y niños. La instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, lejos de proteger a la infancia, lo que está permitiendo es que el delito quede impune.
Desde el feminismo hemos manifestado que lo personal es político y hemos señalado así quiénes son los responsables de la violencia machista y, por tanto, de la desigualdad: los agresores, sean estos asesinos, violadores, acosadores, puteros, explotadores reproductivos y sexuales, … y mantenemos nuestra capacidad crítica respecto de quienes se denominan aliados. Por eso el poder, dirigido por el capital y/o las instituciones gubernamentales, intenta buscar atajos rápidos y contundentes para desmontar todas nuestras conquistas. Las feministas, piensan, hemos llegado demasiado lejos.
Las mujeres seguimos siendo presa de una estructura patriarcal que impera en todos los aspectos que conforman la sociedad. Si la reivindicación de mejores condiciones materiales de vida no va unida a la conquista de la igualdad entre hombres y mujeres y a la eliminación de toda forma de violencia patriarcal, jamás viviremos en una sociedad democrática y justa.
