Supera ya la veintena de fallecidos según algunos medios causados por la brutal represión policial y militar desatada a partir del decreto de Estado de Emergencia, en la convulsa situación suscitada en el Perú tras la destitución del presidente Castillo. El Gobierno provisional de Dina Boluarte, que tomó posesión del cargo a petición del Congreso tras el derrocamiento de Castillo a iniciativa de la derecha peruana, no ha tenido reparos en enviar a grandes contingentes policiales y militares a las zonas más conflictivas, en las que miles de ciudadanos salieron a las calles en movilizaciones espontáneas apoyadas por los sindicatos y agrupaciones sociales e indígenas para exigir la liberación de su Presidente y la convocatoria de elecciones que pusiese fin al actual Congreso.
Los primeros enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes ya fueron brutales, un desmedido uso de la fuerza que ha aumentado en los últimos días, después que los manifestantes decidieran tomar espacios estratégicos como el aeropuerto de Arequipa, al sur del país. Los enfrentamientos han producido escenas de enorme violencia que llegan a la luz gracias a los videos que se comparten en redes. En Ayacucho las reacciones militares a las protestas causaron el colapso del hospital local. Según Eliana Revollar, defensora del pueblo, en la provincia de Huamanga los helicópteros del ejército lanzaron bombas lacrimógenas. La titular de la defensoría del pueblo exigió a las Fuerzas Armadas del Perú el cese inmediato del uso de armas de fuego.
Los movimientos sociales, sindicales e indígenas convocaron para el pasado jueves un paro nacional en varias regiones de Perú en rechazo al gobierno de Dina Boluarte y en apoyo al expresidente Pedro Castillo. Aunque el gobierno provisional declaró el estado de emergencia por 30 días en todo el país, los organizadores de las movilizaciones llamaron a los ciudadanos a sumarse a las protestas. Las movilizaciones piden el cese de la violencia a Dina Boluarte, así como el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
Otra de las exigencias, probablemente la que colmó el vaso de la destitución de Castillo a iniciativa de la derecha nacional, es la apertura de una Asamblea Constituyente que proponga la redacción de una nueva constitución para el Perú. Mientras tanto, el juez de la investigación sobre los sucesos producidos en el Congreso dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el presunto delito de rebelión y conspiración.
Se extiende en más de una semana las protestas cuya represión es expuesta a la luz por medio de redes sociales, mediante videos que muestran disparos a quemarropa de efectivos policiales, hacia manifestantes que ejercen su derecho a la protesta pacífica, no restringida durante el Estado de Emergencia.
