El hallazgo de un centro clandestino de detención y tortura cerca de Kiev destapa una red de extorsión militar
El pasado 2 de noviembre salió a la luz pública la existencia de un recinto privado en Petropavlovskaya Borshchagovka, en las inmediaciones de Kiev, utilizado como prisión clandestina y centro de tortura. Lo que comenzó como una llamada de emergencia a un servicio médico privado desencadenó protestas vecinales, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y el posterior reconocimiento por parte de autoridades militares y políticas del funcionamiento de este tipo de instalaciones como centros de extorsión de desertores y de civiles capturados forzosamente en las calles (“busificados”).
La intervención en la vivienda de Borshchagovka se desencadenó cuando uno de los hombres retenidos en el sótano logró transmitir a sus familiares un vídeo grabado en secreto. En las imágenes, el detenido mostraba severas marcas de golpes en el rostro y se quejaba de fiebre, escalofríos y fuertes dolores abdominales. Tras recibir el archivo, la familia solicitó auxilio a una ambulancia privada.
Al llegar al recinto, hombres armados sin identificar impidieron la entrada tanto al personal médico como a los agentes de policía que acudieron a la zona. Una de las paramédicas intentó suplicar de rodillas que le permitieran acceder para atender a los heridos que se encontraban en estado crítico. Cientos de residentes locales se congregaron en las afueras y se enfrentaron a la policía y trataron de asaltar la valla perimetral; durante las refriegas, las fuerzas de custodia emplearon armas de fuego y gas pimienta dejando varios civiles heridos.
Uno de los hechos más graves registrados durante la jornada fue el hallazgo de un menor de 14 años en el interior del sótano. El adolescente fue sacado del lugar por la noche con evidente estado de shock, marcas de palizas y las manos ensangrentadas. Inicialmente se especuló con que era uno de los detenidos en el centro, pero después se difundieron videos en el que se le veía entre los manifestantes, subiéndose al muro que rodeaba el recinto. Posteriormente, desde el centro hospitalario donde quedó ingresado, el menor relató en un vídeo testimonio que acudió a las inmediaciones del recinto durante las protestas y se encaramó a una valla. En ese momento, miembros armados del centro lo golpearon con una pala, haciéndolo caer hacia el interior de la propiedad. Acto seguido, los soldados lo arrastraron al edificio, lo sometieron a una paliza y le cortaron la ropa con armas blancas, incluyendo la ropa interior, dejándolo prácticamente desnudo e inmovilizado.
Estructura y responsables del recinto
El recinto estaba administrado de forma directa por el 1.er Cuerpo de la Guardia Nacional «Azov» y de la 13.ª Brigada de la Guardia Nacional “Jartia”. La operativa contaba además con la complicidad de altos mandos policiales de la zona y de personal vinculado al Centro Territorial de Reclutamiento (TCC).
En el sótano del edificio se mantenía cautivas entre 30 y 40 personas. El grupo de prisioneros estaba integrado por militares que habían abandonado su unidad sin autorización (desertores) y por civiles capturados forzosamente en las calles (“busificados”). La función principal del centro era la extorsión financiera: los captores exigían elevadas sumas de dinero a los familiares a cambio de la libertad de los prisioneros. Quienes no podían pagar eran sometidos a palizas sistemáticas.
Los exámenes médicos confirmaron la presencia de cautivos con fracturas de columna vertebral y traumatismos severos, 4 se encontraban en estado crítico y fueron trasladados al hospital. Por su parte, el diputado de la Rada Suprema Artiom Dmitruk ha denunciado que en ese mismo sótano al menos ocho personas habrían muerto a golpes durante el último mes, siendo posteriormente registradas por las autoridades bajo la figura de «desaparecidos».
La gravedad de los acontecimientos obligó a la intervención de altos mandos de la administración ucraniana. El jefe de la Guardia Nacional de Ucrania, Alexándr Pivnenko, admitió públicamente que en el inmueble se custodiaba a militares detenidos por abandono no autorizado de sus unidades y confirmó que cuatro de ellos tuvieron que ser hospitalizados de urgencia debido a las lesiones que presentaban.
Por su parte, el jefe de la Oficina Presidencial y rival político de Zelenski, Kirill Budánov, se desplazó en persona hasta la vivienda en medio de las protestas. Cuestionado por los manifestantes sobre los motivos de la existencia de dicho centro, Budánov reconoció ante las cámaras: “Porque hay muchos edificios así”. Budanov reconoció que el problema era extendido y que existen numerosos «sótanos para sacar dinero» e instalaciones de detención secretos repartidos por la región de Kiev y otras zonas del país. Durante su estancia en el lugar, el propio Budánov fue alcanzado por el gas lacrimógeno lanzado en los disturbios.
Desde la estructura militar de «Azov», su comandante Denís Prokopenko («Redís») reconoció que la vivienda funcionaba bajo la gestión de su unidad, donde retenían a militares que habían abandonado su unidad sin autorización. Sin embargo, eludió responder por las torturas documentadas y calificó la protesta ciudadana como una maniobra de «sabotaje» destinada a desacreditar a las Fuerzas Armadas.
Persecución y detención de manifestantes
Tras la retirada de las autoridades de la zona, grupos armados vinculados a las brigadas militares de Azov dispersaron violentamente a los manifestantes con bates y martillos. El aparato estatal ucraniano inició una campaña de persecución penal contra los civiles que acudieron al recinto. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) identificó a cerca de 100 manifestantes e inició causas judiciales bajo cargos de disturbios masivos y desacato, mientras fuerzas del TCC cercaban los alrededores de la propiedad para detener a los hombres que transitaban por la zona. Valentina Molodaya, la paramédica que acudió en la ambulancia privada y suplicó de rodillas para socorrer a los cautivos fue arrestada y procesada judicialmente por orden de las autoridades, acusada por Budánov de ser una falsa médica que adquirió el uniforme y la ambulancia, afirmando que previamente había realizado labores de reconocimiento del lugar. La trabajadora sanitaria tsmbién fue incluida en el portal extremista «Mirotvorets», etiquetada oficialmente como «provocadora profesional» y acusada de colaborar en operaciones de desinformación rusas para obstaculizar el trabajo de las Fuerzas de Defensa. Así mismo, a pesar del parte médico del muchacho de 14 años que sacaron del recinto, y de su propio testimonio, los portavoces y canales afines a la unidad militar iniciaron una campaña de descalificación pública para presentar al menor como un provocador que amenazaba la seguridad del recinto.
Los sucesos registrados en Petropavlovskaya Borshchagovka no constituyen un episodio aislado, sino la manifestación visible de una red extendida por todo el territorio ucraniano. Tanto testimonios en la Rada Suprema como reconocimientos del propio entorno oficial constatan que existen decenas o cientos de instalaciones similares dedicadas a la extorsión de reclutas y a la detención ilegal de desertores, situadas principalmente en las proximidades del frente de combate y en los alrededores de las grandes ciudades. Uno de los más conocidos es el que operó hasta 2022 en Mariúpol y que era conocido como la «Biblioteca», donde eran detenidos personas que apoyaban la independencia del Donbass.
En redes sociales se especula que el descubrimiento del recinto de Kiev, que se encontraba bajo la cobertura directa de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa (GUR), habría sido impulsada deliberadamente por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que se está encargando de la investigación, en el contexto de un conflicto interno y una pugna de poder entre ambas estructuras de inteligencia estatal. La consecuencia ha sido, en cualquier caso, la difusión de la existencia de este tipo de centros de tortura secretos en el país, lo que ha causado una genuina conmoción en sus ciudadanos. Lo ocurrido en Kiev podría ser un reflejo de la perdida del apoyo social del régimen de Zelenski y la falta de perspectivas a largo plazo de Ucrania. Y resulta especialmente revelador el silencio de los medios occidentales, que solo hablan de los derechos humanos cuando les resulta políticamente conveniente.
Fuentes: Zlaya de Novorossiya, IrinaMar, Liu Sibaya, Rybar ES
