Estas declaraciones de Antonio Banderas recogidas en una entrevista en El Mundo han enfadado a bastantes. Los críticos, que le han llamado de todo, como a Ramoncín, dudo que hayan leído la pregunta y respuesta entera de la que se extrae el titular.
Si vemos el texto completo de la pregunta y respuesta, Banderas señala una obviedad, que se aprobó la monarquía en un referéndum el 6 de diciembre de 1978, en cuyo Título preliminar. Art. 1, 3 dice: “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Y añade Banderas: “eso se decidió y cuando se plantee otro referéndum, si es que en algún momento se lleve a cabo… A ver qué es lo que pasa”. Pero como leer les cuesta a muchos, no pasan de la letra gorda y los dibujos y se construyen su enfado y discurso de indignaditos.
Y sí, la forma de política del Estado se votó; como se votó que “el castellano es la lengua oficial del Estado” y “las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas» (art. 3.1 y 2); la dignidad de la persona y sus derechos inviolables (art. 10); la mayoría de edad a los 18 años (art. 12); igualdad ante la ley (art. 14); etcétera, etcétera, etcétera.
En esa Constitución de 1978 también se aprobaron, junto al art. 14 de igualdad ante la ley -en una clara contradicción- el art. 57.1 Sucesión en la Corona, por el que ser varón prevalece como derecho a la sucesión ante ser mujer. Que para llegar a esa conclusión nos podríamos haber ahorrado tres guerras civiles en el XIX (guerras carlistas).
También se votó sí a la posición privilegiada de la Iglesia católica (art. 16. 3), que ha servido de caballo de Troya al resto de religiones en la enseñanza pública; y se votó sí a que “Toda la riqueza del país … está subordinada al interés general” (art. 128). Aunque luego se hayan limpiado el culo con el Título VII. Economía y Hacienda.
En una ley se vota un conjunto de artículos, que van desde una justificación a unos artículos y anexos y disposiciones derogatorias, no artículo a artículo. Y en ese conjunto hay aspectos que gustan y otros que no, para al final votar a favor o en contra por el global.
Antes de la Constitución lo que había en España eran las Leyes Fundamentales del Reino, en la que se encontraban los Fueros franquistas, y ante eso…
El problema de nuestra Constitución no es si votamos a no a la Monarquía, que sí que lo hicimos, sino que en 43 años no se reformado, salvo en 1992, para permitir el derecho de voto de los extranjeros en elecciones municipales, por exigencia del Tratado de Maastricht de la UE.
O cuando en 2011, y por imposición del capital, se reformó de la noche a la mañana el artículo 135 y se creaba un concepto: el de “estabilidad presupuestaria”, que ponía por delante el pago de la deuda a la defensa de las necesidades sociales y del que aún pagamos sus consecuencias.
De 1978 a 1992 y a 2011 se habían necesitado 14 y 33 años para “reformar” la Constitución, y esas reformas vinieron impuestas desde fuera; en ningún momento se motivaron por adaptaciones sentidas en la práctica política interna.
Ni la anormal situación de ser un Estado “aconfesional” y pagarle más de 11.000 millones de euros al año a la Iglesia católica, ni que haya más millones de casas vacías y millones de personas sin acceso a ellas, ni que el derecho al trabajo, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ni la educación o investigación, ni la forma del Estado han conseguido mover a una revisión; y cuando se ha hablado de hacer una reforma en algún apartado, de crear una mesa de reforma ha sido más como ataque al adversario político que por una intención real de cambiar algo.
En España hay miedo a las reformas y a cualquier cambio, por mínimo que sea. Si las Constituciones que hemos tenido, seis con la actual, no han llegado a tener ninguna reforma, entre otras cosas por su corta vida, y en la de 1978 sí ha habido alguna, ha sido a nuestro pesar.
Hay una especie de fobia al cambio, tenemos como sociedad una tendencia a sacralizar una Constitución, quizá por lo que se esperaba de ella, y se tenía como ideal de organización política tras 40 años de fueros franquistas, que pensar en romper ciertos consensos consolidados más por miedo que por su eficacia nos lleva dramatizar cualquier intento de modificación constitucional.
Hoy, la Constitución está sobrepasada por la realidad de un Estado autonómico ineficiente; unas desigualdades sociales escandalosas, con un 20 % de la población en situación de pobreza; una monarquía obsoleta; un estilo de desarrollo territorial que concentra el 85 % de la población en grandes áreas urbanas y desertifica el 90 % del territorio; un sector público cada día más abandonado e ineficaz; un ejército y fuerzas de seguridad con serios déficits democráticos; el sistema electoral; la politización de la justicia; y un suma y sigue que tendría que estar en el núcleo del debate político diario, y no en cogérsela con papel de fumar de si votamos o no a la monarquía, porque da la impresión de que los que tiran a degüello contra Antonio Banderas no se han leído la Constitución. Y para más inri alguno va de profesor e historiador.
