La Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI) ha denunciado ante la Comisión Europea la nueva Ley de Transportes aprobada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, por la que las VTC podrán circular de forma libre sin regular ni renovar autorizaciones a partir de octubre y que, según la asociación, «supone unas pérdidas para la región de unos 200 millones de euros que las empresas de VTC pueden considerar un regalo».
Así lo ha explicado el presidente de ANTAXI, Julio Sanz, que considera que «la presidenta de la Comunidad ha decidido regalar 200 millones de euros de las arcas regionales y por tanto, de todos los madrileños, a unas pocas empresas multinacionales que, con la revalorización de sus 8.000 autorizaciones VTC y la falta de regulación a partir de octubre, se van a enriquecer a costa de los ciudadanos».
Y es que, según las estimaciones de la asociación, la suma del incremento de valor de las autorizaciones de VTC que actualmente circulan en Madrid, cifrada en unos 30.000 euros por cada una, junto con los ingresos que este organismo deja de percibir por la creación de licencias urbanas, llegarían a un total de unos 200 millones de euros en pérdidas.
En este sentido, Sanz ha lamentado que el equipo de Diaz Ayuso no haya aprovechado la oportunidad de regular e implementar mejoras para los madrileños a través, por ejemplo, de concurso público a las empresas más respetuosas con el medio ambiente o con mayor oferta de servicios.
Además, desde ANTAXI reprochan a otros partidos políticos, como VOX, que jugasen con los intereses del sector los días previos a la votación de esta ley en la Asamblea de Madrid para después abstenerse. «Dicen estar del lado de los autónomos y del ciudadano, pero cuando toca proteger a los autónomos del sector del taxi y a los madrileños, se esconden bajo sus propios intereses y permiten que el Partido Popular continúe gobernando para los intereses de algunas empresas», ha asegurado Sanz.
«Si realmente le preocupase la competencia y un mejor servicio para los ciudadanos, hubiese regulado con autorizaciones urbanas otorgadas a aquellas empresas con vehículos menos contaminantes o con mejores condiciones para los clientes; pero esto es una muestra más de que lo únicamente importante para la señora Ayuso es el beneficio de unas pocas multinacionales con las que comparte intereses», ha añadido Sanz.
Esta denuncia supone la primera medida legal que la asociación del sector mayoritaria a nivel estatal ha llevado a cabo contra esta ley aprobada por el equipo de Diaz Ayuso a través de la denuncia presentada ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
Desde ANTAXI han anunciado además que llevarán a cabo las acciones legales necesarias para que esta nueva ley no quede impune al pretender acabar «con un sector del que dependen más de 25.000 familias», ha concluido Sanz.
