Según denuncia la Federación Profesional del Taxi de Madrid (la asociación mayoritaria del sector en la capital), la Comunidad de Madrid (CAM) ha decidido apartar al sector del taxi del servicio de traslado de facultativos médicos a domicilio y ha otorgado esta concesión al grupo AURO, que con más de 2.300 autorizaciones, es uno de las empresas de vehículos VTC que mayor flota tiene actualmente. Con esta decisión, la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, «traiciona de nuevo la confianza del sector del taxi y hace un nuevo desprecio al gremio».
Así lo ha manifestado, Julio Sanz, presidente de la organización de taxistas tras darse a conocer que el sector ya no va a realizar este servicio que llevaba realizando desde la pandemia «y que además llevó a cabo de forma desinteresada durante los meses más duros de la crisis sanitaria».
Para Sanz, se trata de «un nuevo desprecio hacia el sector y una prueba más de la intención del equipo de gobierno del Partido Popular de desmantelar un servicio público como es el taxi, en beneficio de unas pocas multinacionales con las que tienen intereses particulares».
En este sentido, para Sanz, «es completamente inadmisible el contar con la buena voluntad y la vocación de servicio social que caracteriza al taxi en la época más dura de la pandemia, en la que ofrecimos este servicio de manera gratuita, y olvidarse de un plumazo para dar esta concesión a organizaciones que no tienen ningún interés en la capital, más allá del enriquecimiento propio».
Hasta ahora, el servicio de traslado a facultativos médicos a domicilio se realizaba a través de PideTaxi, la aplicación de solicitud de taxis a la que pertenece la FPTM y su propia emisora, TeleTaxi. A partir de ahora, la concesión, que asciende a 8.000.000 € en los próximos cinco años, correrá a cargo del grupo AURO.
Este hecho se une a la reciente marcha lenta llevada a cabo por la FPTM el pasado 1 de junio, en la que más de 1.500 taxis bloquearon el centro de Madrid para mostrar su disconformidad contra la nueva Ley de Transportes impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid que permitirá a las VTC seguir circulando por la capital sin renovar las autorizaciones a partir del mes de octubre.
«Cada nueva decisión del equipo de gobierno de la CAM es un desprecio más hacia un sector del que dependen más de 15.000 familias en la región y que ha mostrado de forma reiterada su compromiso con los madrileños», ha concluido Sanz.
Por último, recordar que no es la primera vez que los taxistas denuncian este tipo de cuestiones ya que a día de hoy, la Fiscalía de delitos económicos de la Audiencia Nacional tiene abierta una investigación a Uber a raíz de una denuncia de Taxi Project por fraude fiscal y estafa documental, en la que una de las principales pruebas aportadas por la asociación de taxistas, se trata de la concesión de otro contrato de transporte sanitario por parte del mismo gobierno del PP presidido por Isabel Díaz Ayuso a la empresa a la empresa californiana de vehículos VTC por trámite de urgencia y por una cantidad
que desde Taxi Project consideran «sospechosamente alta».
