«La Biblia vuelve a palacio», declaró Jeanine Áñez en 2019 mientras entraba al Palacio de Gobierno alzando sobre su cabeza un ejemplar de la Biblia de grandes dimensiones. Sin embargo, parece que los caminos del Señor reservados para ella van a tropezarse con la Justicia boliviana, al menos en la próxima década.
La ex senadora opositora ha sido condenada esta semana a 10 años de prisión como consecuencia de los sucesos ocurridos en Bolivia en noviembre de 2019, momento en el que se aprovechó la inestabilidad que sufría el país para usurpar la presidencia de Evo Morales. La entonces senadora decidió tomar el poder de forma transitoria, de un modo ilegal -ahora confirmado según el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz-, pues incumplía los deberes de la Constitución.
«Que Dios nos bendiga y nos ilumine», expresó antes de ser proclamada presidenta interina, en un discurso en el que aseguró ocupar «el puesto que le correspondía». Áñez asumió la presidencia interina porque «no podía haber ausencia del Estado» dados los actos de «vandalismo en la calle», ante la única presencia de congresistas afines, pues la mayoría no pudo asistir ante los problemas de seguridad.
La sentencia incluso parece benigna dada la gravedad de los hechos, aunque aún restan por dilucidarse las responsabilidades en los desórdenes provocados en el país en esas fechas.
Hay que recordar que unas 38 personas fueron asesinadas por paramilitares en puntos de Bolivia como Pedregal, Sacaba o Senkata, en masacres en las que testigos aseguran hubo disparos indiscriminados y centenares de heridos y detenidos.
La condena puede resultar un interesante precedente antigolpista, que no sólo afecta a la ex senadora sino a altos mandos del ejército y la policía. Según el ministro de Justicia boliviano se ha «iniciado un primer paso en la recuperación de la Memoria, Verdad y Justicia, nunca más un golpe de Estado en el país”.
La sentencia sanciona a los mencionados 10 años de encarcelamiento a los tres principales encausados del llamado caso «Golpe de Estado II» por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en noviembre de 2019. Además, sentencia a penas de cuatro, tres y dos años de encierro para varios ex cargos de las Fuerzas Armadas y la Policía del país. Previo a ello, excomandantes de la Fuerza Aérea y de la Armada habían aceptado su culpabilidad y asumieron tres años de prisión.
“Pese a las mentiras, trampas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció que Añez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado. 10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia”, ha manifestado Evo Morales en redes sociales.
El precedente legal es esperanzador porque dictamina con claridad que se trató de un golpe de Estado y añade la investigación de las responsabilidades como autores intelectuales de los instigadores de las revueltas que provocaron la supuesta inestabilidad política, que fue la excusa para tratar de formalizar la usurpación de un gobierno legítimamente elegido por el pueblo boliviano.
