Las mujeres No son mercancía. En defensa de la abolición del sistema prostitucional (II)

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Abolicionistas Huesca.

(Continúa de la primera parte)

NO es compatible una sociedad democrática e igualitaria entre los sexos con el sistema prostitucional. Porque la base de esa violencia implica la objetivación de todas las mujeres, su no consideración de sujeto. La PAP, Plataforma Abolicionista del Sistema Prostitucional, surge, precisamente, cuando la “industria prostitucional” comienza a emerger en nuestro país con la firme convicción de aunar esfuerzos de diferentes colectivos para enfrentar el regulacionismo promovido por los intereses del lobby y sensibilizar a la sociedad sobre la trascendencia política y social de legitimar el sistema prostitucional: “una de las modalidades más antiguas en que se manifiesta, asegura y perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres y en que se manifiesta la violencia contra las mujeres”. A lo largo de estos años ha venido trabajando en una ley, materializada en la LOASP (Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional), inspirada en otras precedentes, como la sueca, de 1999, que ha sido clave para erosionar en un par de décadas el sistema de violencia y concienciar a la sociedad de las agresiones a las mujeres.

Porque, hay que repetirlo, son las propuestas abolicionistas las que ponen en primer plano los derechos de las mujeres prostituidas; no las regulacionistas que se venden engañosamente como como pro-derechos de las prostitutas, cuando, de facto, el regulacionismo del sistema prostituional apuntala los intereses del proxenetismo (y de los puteros); es esta una realidad empíricamente demostrable en países que, como Holanda o Alemania, han regulado el mercado de mujeres y menores.

Sabemos que normas y mandatos legales, aunque necesarios, no son suficientes para modificar la realidad. Sin embargo, no puede menospreciarse su capacidad pedagógica para organizar las relaciones sociales: ¿alguien recuerda cuando fumar en aulas o en hospitales era una práctica habitual y no problematizada? Mediante las normas, las sociedades se dotan de los instrumentos más adecuados para encauzar un determinado tipo de convivencia. Si, efectivamente, queremos ser coherentes con los principios constitucionales que consagran la igualdad entre varones y mujeres; si los Estados asumen, realmente, la obligación de garantizar la integridad física y moral de todas las personas; si nuestras sociedades son conscientes del compromiso con el respeto por los derechos humanos, hay una conclusión incontestable: el sistema prostitucional no tiene cabida en ellas. La salud de la democracia está en juego: una democracia que avala la agresión sobre las mujeres y coloca en situación subalterna al 50% de la ciudadanía carece de legitimidad.

En consecuencia, es imprescindible dar cauce de una vez por todas a una ley abolicionista del sistema prostitucional que ponga en el centro los derechos y las necesidades de las víctimas y que garantice una reparación integral a una situación de menoscabo de derechos: salud, integridad física y emocional, formación profesional, inclusión social, etc., de todas las mujeres prostituidas. Una ley que desmantele el negocio de la explotación sexual, que penalice a tratantes de seres humanos, proxenetas y que desactive la demanda, castigando a los prostituidores. Una ley que obligue a diferentes instancias (policiales, jurídicas, de asistencia social, etc.) a formarse de verdad y sin paliativos en lo que significa la violencia contra las mujeres y la necesidad de conocer los mecanismos para hacerle frente. Una norma que también debe dedicar empeño y esfuerzo en desactivar el núcleo duro de la “naturalización” del abuso sobre las mujeres en el medio social. Y, por supuesto, son imprescindibles medidas para educar o, más bien, para des-educar en la violencia machista. Las normas instruyen: una ley abolicionista declara como sujetos no deseables los tratantes de seres humanos, los proxenetas o los puteros. Manda un mensaje a la sociedad para que reflexione sobre sus prácticas y sobre comportamientos agresivos o violentos que deplora y que, en su caso, puede sancionar. Convengamos en que no da igual que los puteros se vean jaleados en su entorno cuando violan a mujeres y niñas que el hecho de que sean considerados agresores o violadores (porque un billete no borra una violación) y la sociedad intervenga penalizando los delitos. Necesitamos ya una ley que establezca de modo inequívoco que las mujeres NO son mercancía. La sociedad fue capaz en su día de abolir la esclavitud, proceso en el que, hay que recordarlo, fue sustancial el apoyo del feminismo. ¿Cuánto tiempo tendremos que luchar para abolir la esclavitud sexual de las mujeres?

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