Exigen a Díaz Ayuso que retire la modificación de ley para habilitar a los vehículos VTC

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La formación Más Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid para exigir la retirada del Proyecto de Ley de Transportes Urbanos que aprobó la pasada semana el consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que sea trabajado con todos los agentes del sector del transporte urbano y que garantice la protección del servicio público del taxi. Critican, además, que el Gobierno pretenda aprobar la Proposición de Ley por lectura única puesto que este procedimiento «cercena la labor de los diferentes agentes políticos y restringe su participación a la hora de presentar enmiendas y debatir en profundidad el objeto de la Ley». Entre otras medidas, solicitan incluir como un requisito para brindar los servicios de los arrendamientos de Vehículos de Transporte con Conductor una certificación profesional de los conductores y conductoras.

En palabras de la diputada de Más Madrid en la Asamblea y portavoz de transportes y movilidad, María Acín, «exigimos la retirada del proyecto de ley por el que se autoriza a las VTC a seguir prestando el servicio en los entornos urbanos. Esta ley llega tarde y mal: tarde porque el gobierno ha tenido desde 2018 para hacerla, ha dejado pasar el tiempo y ahora nos propone aprobarla por urgencia y lectura única, limitando la labor parlamentaria; y llega mal porque es una ley que no regula absolutamente nada de la actividad de las VTC, lo que repercute directamente en las 25.000 familias del sector del taxi de la Comunidad de Madrid. Pedimos al Gobierno que se siente con el sector, que dialogue y traiga una nueva ley que aborde criterios como la precontratación, la captación e incorpore requisitos de formación a los conductores de las VTC”.

El Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno el pasado 4 de mayo permitirá a las VTCs seguir operando a nivel urbano bajo las mismas condiciones previas. 

Desde Más Madrid consideran que, si bien establece un marco legal, no regula la actividad que seguirá operando sin ninguna limitación, chocando frontalmente con las 25.000 familias del sector público del taxi que hay en la región madrileña.

Por último, recordar que la Federación Profesional del Taxi de Madrid, asociación mayoritaria en la capital anunció la pasada semana que denunciará por «posible prevaricación», a la presidenta popular y del mismo modo, la organización de taxistas Taxi Project, también ha presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo, solicitando la anulación de éste trámite al considerar que infringe la normativa para su tramitación.

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